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Juan Manuel Trak / 17 de julio de 2014

En las últimas semanas han aflorado con mucha mayor fuerza los conflictos y contradicciones internas existentes en ambos polos de la política nacional. Mientras que en el chavismo La Carta de Giordani y sus consecuencias resultaron en un áspero debate que aún no tiene desenlace, dentro de la Mesa de la Unidad Democrática estalló el conflicto sobre los medios y fines para hacer política en el contexto actual. Sobre el primer debate escribí algunas líneas en el artículo anterior, por lo que me propongo en esta entrega es un poco reflexionar sobre los problemas dentro de la coalición opositora.

En esta reflexión parto de una idea cruda y nada romántica de los partidos políticos; estos son un conjunto de individuos organizados que tienen como objetivo acceder al poder, principalmente a través de elecciones. En este sentido, los partidos (y los políticos que lo componen) son actores racionales que evalúan el contexto social, político e institucional en que se encuentran y en base a esa evaluación plantean estrategias para la consecución de sus fines. Las razones que los llevan a buscar el poder son múltiples, algunas egoístas otras idealistas, en cualquier caso, el fin último es llegar a posiciones de representación o gobierno.

Lo anterior implica deslastrarse de la visión moralista sobre los partidos para verlos como actores en situación. El gran debate dentro de la Mesa de la Unidad, que es una coalición de partidos, es sobre cuáles son los medios más idóneos para llegar al poder. Esta divergencia fue el resultado del pobre desempeño electoral de los partidos de la Mesa de la Unidad en las elecciones municipales de diciembre de 2013 y que estalló con el llamado a “La Salida” a finales de enero y principios de febrero.

La lógica detrás de quienes impulsaron esta acción política se basó en estrategias no convencionales de participación política (protestas masivas, simbólicas y contenciosas) con la finalidad de promover un cambio de gobierno. En un contexto de crispación social producto de la criminalidad desbordada, el desabastecimiento, la inflación y la crisis de los servicios públicos; un sector importante de la población vio a “La Salida” como un mecanismo para salir (valga la redundancia) de un mal gobierno prácticamente autoritario. A decir verdad, la etiqueta y los discursos de sus promotores (Leopoldo López-Voluntad Popular, Antonio Ledezma- Alianza Bravo Pueblo y María Corina Machado-Vente) no dejaban claro el camino a transitar para lograr tal fin, pero posteriormente han articulado un discurso que busca finalizar anticipadamente con el gobierno de Nicolás Maduro, bien por renuncia, o a través de un proceso Constituyente.

Por otro lado, el resto de los partidos dentro de la Mesa de la Unidad han optado por una estrategia convencional para conseguir los objetivos planteados, esto significa buscar influir en aquellas decisiones que mejoren las condiciones para acceder al poder a través de la Asamblea Nacional y la negociación de algunos mínimos políticos con el gobierno. Esto implica básicamente llegar a un acuerdo para que el nombramiento de las nuevas autoridades Consejo Nacional Electoral no sean partidistas y garanticen el cumplimiento de las regulaciones electorales, de allí su participación en el llamado diálogo promovido por UNASUR. Esta estrategia de mediano y largo plazo suponía una revisión del las causas del pobre desempeño electoral de los partidos políticos en las municipales con miras a las elecciones parlamentarias de 2015, pero su gran defecto ha sido dejar huérfana a una parte de la sociedad que deseaba manifestar su frustración ante el actual estado del país

Esta diferencia no es menor, más aún si se considera que la Mesa de la Unidad no es un actor monolítico, sino que está compuesta por partidos con visiones e intereses heterogéneos. La ausencia de un proceso electoral a corto plazo incentivó a los partidarios de “La Salida” a propugnar una estrategia no concertada con el resto de los miembros de la coalición. Además, el fracaso estratégico de promover las elecciones municipales como un plebiscito les dio la oportunidad de desafiar el liderazgo de Henrique Capriles Radonski. No obstante, el costo de “La Salida” fue demasiado alto para los pocos beneficios que trajo, alrededor de 40 fallecidos, estudiantes y ciudadanos presos por protestar, violaciones a los derechos humanos así como políticos encarcelados o perseguidos, el más emblemático de ellos Leopoldo López. El resultado del ciclo de protesta no fue el esperado, pues no se consiguieron cambios significativos en el equilibrio de poder; pero tampoco dieron frutos las reuniones entre el gobierno y la Mesa de la Unidad y no ha habido consenso alguno sobre ninguna de las peticiones hechas por la coalición opositora.

De allí que la situación actual dentro de la Mesa de la Unidad sea crítica, por un lado están las recriminaciones de bando y bando por los fracasos de ambas estrategias, al tiempo que no se articula una posición común para hacer una oposición real al gobierno. En los últimos días, los voceros de oposición institucionalista han insistido en la necesidad de un CNE que garantice la transparencia e integridad del proceso, que ofrezca confianza a los ciudadanos. Desde la vocería de la oposición contenciosa, sobre todo Voluntad Popular, se ha impulsado la mencionada Constituyente como mecanismo para un cambio total del sistema político y las autoridades actuales.

Lo cierto es que las estrategias planteadas no son excluyentes, pero tampoco se pueden ejecutar paralelamente. Tener un Consejo Nacional Electoral que garantice la integridad de las elecciones, cualquiera que ellas sean, es la única manera de avanzar en una solución política a la situación que vive el país. Tal y como está constituido el Consejo Nacional Electoral actualmente, una Constituyente corre el riesgo de ser cooptada nuevamente por el partido de gobierno ya que las bases de la convocatoria, el diseño de los distritos electorales y la fórmula que utilice para la asignación de escaños, pueden estar orientadas a beneficiar al PSUV; aunado a la impunidad sobre el ventajismo del gobierno en la campaña. Pero esta situación también puede ocurrir en las elecciones parlamentarias de 2015, o en el caso de la convocatoria a un referéndum revocatorio. En suma, tener un CNE confiable y que garantice igualdad de condiciones en la competencia electoral necesariamente tiene que preceder a la Constituyente o a las parlamentarias, de lo contrario no será posible encontrar una solución pacífica a los conflictos de nuestra sociedad.

Así las cosas, mientras tanto la población sigue sufriendo las consecuencias de un mal gobierno que es incapaz de garantizar el funcionamiento mínimo de una sociedad moderna: la delincuencia tiene secuestrado al país, el desabastecimiento de productos básicos empeora, hay importantes fallas en los servicios de electricidad y agua, por mencionar los más apremiantes. La pregunta que queda por hacerse es si los partidos de la oposición tendrán capacidad de coordinar una estrategia conjunta para desafiar seriamente al gobierno, pues dado el estado de las cosas entre los partidos miembros de la Mesa de la Unidad, lo único que parece ser común es la irracionalidad.