Opinión y análisis

El derecho a la libre asociación

Debate Ciudadano

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Carlos Romero Mendoza / 17 de julio de 2014

En España dos recientes ejemplos ilustran el esfuerzo institucional de promoción e impulso del derecho que tiene todo ciudadano de asociarse lícitamente para poder participar en los asuntos públicos.

El primero de esos ejemplos ocurre en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadíra, Sevilla, en donde 30 asociaciones se benefician de una política local de subvención, que les permite organizar sus talleres, cursos de formación, actividades culturales, concursos, etc, buscando con esas actividades la integración, participación, formación y convivencia.

Los recursos financieros que el Ayuntamiento ha invertido en este esfuerzo tienen como finalidad: “fomentar el asociacionismo como vía de participación y potenciar los servicios y programas vecinales que puedan beneficiar al conjunto de la ciudadanía. [1]

El segundo ejemplo, se trata del Instituto Aragonés de la Juventud, que ha abierto una convocatoria en el marco de su programa de apoyo al asociacionismo, en la cual destinará recursos financieros para promover y fomentar la actividad asociativa, la participación juvenil y el voluntariado social en la juventud, a través de cualquier organización legalmente constituida, inscrita en el Registro Público, con sede y ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Aragón o delegaciones aragonesas en entidades de distinto ámbito territorial de actuación.

En contraste con estos dos ejemplos, en Venezuela el impulso y la promoción del derecho que todos tenemos de asociarnos, se ha orientado exclusivamente desde el poder nacional hacia los órganos del poder popular, restringiendo y limitando en la práctica la libertad para asociarnos en búsqueda de una efectiva participación en los asuntos públicos.

Antonio y Miguel Itriago, en una obra publicada sobre esta materia, reiteran que el derecho a la libre asociación, previsto en el artículo 52 de la Constitución Nacional, debe ser asumido como un verdadero derecho, efectivo y exigible, a tal punto, que cualquier intento por interferir u obstaculizar su ejercicio, atenta directamente contra el deber constitucional de facilitar su ejercicio.

Los hermanos Itriago además señalan que el derecho de participación en los asuntos de interés público que tienen las organizaciones de la llamada sociedad civil, es una consecuencia directa de ese derecho constitucional, humano, básico y fundamental de libre asociación[2].

Con la reforma del Consejo Local de Planificación Pública, instancia corresponsable de la planificación local, y la aprobación de la Ley de Consejos Comunales, ocurridas en el año 2006; así como también, con la aprobación en el 2010 de las leyes del Poder Popular, se termina de conformar en Venezuela un sistema de participación ciudadana que claramente restringe y limita la libre asociación garantizada en nuestra constitución a los fines de la participación en asuntos públicos.

La integración del Consejo Local de Planificación Pública, del Consejo Estadal de Coordinación de Políticas Públicas, de los Consejos Educativos, entre otras figuras, pone en evidencia que la libertad para asociarse en búsqueda de una mejor participación ha quedado reducida en la práctica al ámbito del Poder Popular y a la construcción del socialismo, llegando a convertirse más en un instrumento de clientelismo y control social.

Otra evidencia clara, se encuentra en la Ley del Poder Popular, específicamente en el alcance del término: comunidad organizada, pues claramente condiciona la forma de asociación a un registro en el gobierno central, y las restringe a las formas asociativas que allí se mencionan, desconociendo la obligación constitucional que tiene el Estado de facilitar cualquier forma de asociación para fines lícitos.

En este sentido, hay que reconocer que las instituciones políticas municipales, específicamente los Concejos Municipales, a través de ordenanzas, son llamados a promover la inclusión y la pluralidad en la participación ciudadana, a través de normas concretas que faciliten y garanticen la libertad de asociación en todos aquellos asuntos propios de la vida local.

En tal sentido, el presupuesto participativo orientado hacia el área de educación ciudadana, puede perfectamente servir de instrumento para lograr fortalecer la participación efectiva a través de la capacidad de asociación de cada comunidad, atendiendo a las características propias de cada una de ellas.

Por lo tanto, el Municipio y sus instituciones tienen el reto de darle sentido al concepto de “asuntos propios de la vida local” e interpretarlo de manera integral con el derecho a la libre asociación, buscando con ello establecer políticas incluyentes que nos permitan experimentar nuestro valor como ciudadanos en un ambiente plural.

Alexis de Tocqueville, en su obra La Democracia en América, afirmó: “las instituciones municipales son a la libertad lo que la enseñanza es para una escuela; la ponen al alcance del pueblo; le hacen saborear su uso pacífico y le acostumbran a servirse de ella”.  Por lo tanto rescatar la libertad para asociarnos y vincular esa libertad con la participación desde lo local, constituye un importante paso para recuperar el sentido de libertad y desde allí comprender mejor las bondades de la democracia.

[1] EUROPAPRESS.  Alcalá Guadira fomenta asociacionismo a través de ayudas que superan 61500 euros. 23 de junio de 2014.  Recuperado el 14 de julio de 2014 online en:

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-alcala-guadaira-fomenta-asociacionismo-traves-ayudas-superaran-61500-euros-20140623131409.html

[2] ITRIAGO, Antonio y Miguel. EL DERECHO A LA LIBRE ASOCIACION EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA. 2001

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