¿En qué anda la Fuerza Armada?

Daniel Fermín A.  / 30 de abril de 2015

Esta semana 450 efectivos de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se congregaron en Fuerte Tiuna para un taller sobre Empleo y Organización de las Redes Sociales.  El General de Brigada Andrés Zerpa, comandante de la División de Ciberdefensa de la FANB, declaró a los medios que se efectuarían mesas trabajo “para definir estrategias comunicacionales y controlar el impacto de las redes sociales en el pueblo”.  Del mismo modo, el comandante de Defensa Aeroespacial Integral, M/G Franklin Gil Espinoza, habló de “llevar al pueblo información veraz, oportuna y transparente”, mientras que el viceministro (E) para Redes Sociales del Ministerio de Comunicación e Información, Alfredo Moreno, expuso que del encuentro saldría  “una estrategia para combatir la violencia y mentira”.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente las atribuciones de la Fuerza Armada Nacional.  El artículo 328 de la Carta Magna es inequívoco: la FAN (no se le ve la B por ningún lado en la Constitución) “constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política”, cuyo propósito es “garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico”.  La Fuerza Armada “está al servicio de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” y “está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional”.

¿Hay disonancias entre lo que establece la Constitución y la actuación de la Fuerza Armada? La primera salta a la vista en lo nominal: Una Fuerza Armada que han denominado Bolivariana, saltándose el texto constitucional y, más aún, contraviniéndolo, al hacer alusión directa a una parcialidad política.  Si no era evidente la violación de este precepto, basta escuchar las arengas militares, los gritos de “¡patria socialista, o muerte!” en los desfiles, su autodefinición como “chavista y socialista”, el acompañamiento militar en movilizaciones del partido de gobierno.  Violan la Constitución de manera flagrante.

Más allá de este grave hecho, ¿En qué anda la Fuerza Armada? A los militares los vemos gobernando, eso es lo más obvio.  La cuenta de militares en gobernaciones, alcaldías, ministerios y puestos de dirección en la administración pública se pierde de vista.  También se les ve organizando colas, vendiendo y distribuyendo alimentos y, ahora, preparándose para la defensa en el ciberespacio.

¿Y lo que manda la Constitución? ¿Está la Fuerza Armada cumpliendo esas tareas? El propio gobierno denuncia la presencia de paramilitares extranjeros que andarían a sus anchas en nuestras ciudades y pueblos.  El país se ha convertido en un paraíso para el narcotráfico, que lo utiliza como puerto de salida hacia sus destinos más cotizados.  La minería ilegal, ejercida en gran parte por foráneos, sigue explotando nuestras riquezas a la vez que destruye el ecosistema del sur del país. Desde el Esequibo, aún en reclamación, se desafía insolentemente a Venezuela de una manera que no se veía desde hace mucho tiempo.  ¿Garantizar la independencia y soberanía? ¿La integridad del espacio geográfico?

En nuestra edición N° 62 presentamos el Reporte Especial N° 09 del Proyecto de Integridad Electoral Venezuela, que aborda el tema de las Leyes y Reglamentos Electorales en Venezuela.  Este boletín analiza la normativa electoral, sus cambios recientes y sus consecuencias para la integridad electoral.  Recomendamos ampliamente la revisión y difusión de este contenido.

También en el marco del Proyecto de Integridad Electoral Venezuela, Eugenio Martínez nos trae una nueva nota de coyuntura en La Baranda Electoral.  En esta oportunidad, se analiza el último corte oficial del Registro Electoral que, al compararse con el Archivo de Venezolanos Cedulados, arroja que, en el rango entre 18 y 25 años, 1.899.910 electores faltan por inscribirse.  La nota también da cuenta de 992 nuevos centros de votación y 229 mil ciudadanos que cambiaron de centro de votación.

En nuestra sección Opinión y Análisis, Carlos Romero ofrece una nueva entrega de su columna Debate Ciudadano.  En el artículo titulado “La cooperación vecinal en el Municipio, de la oferta electoral al compromiso político”, Romero describe las ventajas de la participación vecinal y su atractivo como oferta electoral, a la vez que destaca el reto que supone pasar de esta oferta a un compromiso real con los ciudadanos.  El artículo analiza los instrumentos legales que han regido la participación comunitaria en los asuntos municipales a lo largo de las últimas décadas, y concluye abogando por el establecimiento de “un verdadero compromiso ético, moral y político con los vecinos y las generaciones futuras”.

Nuestro Espacio Plural cuenta hoy con el aporte del profesor Miguel Ángel Cardozo-Montilla.  El artículo “Otro dislate sanitario” aborda la crisis sanitaria y los avatares de las políticas de salud en Venezuela.  Cardozo-Montilla analiza la creación del Sistema Integral de Acceso a Medicamentos (Siamed), que describe como “otro mecanismo de camuflado racionamiento con el que se intenta disimular la descomunal escasez”, para concluir con alternativas que permitirían superar el problema de escasez y estimular la producción.

La Fuerza Armada Nacional no se ciñe actualmente a lo que establece la Constitución.  Está al servicio del partido de gobierno y no falta quien plantee que es el partido de gobierno.  El más reciente estudio de percepciones realizado por nuestro Centro de Estudios Políticos ubica a la FANB en el puesto número siete en cuanto al grado de confianza que inspira en la población, muy lejos de las primeras casillas, ocupadas por los estudiantes, las universidades, la empresa privada y la Iglesia católica.  39,8% de los encuestados expresa “ninguna confianza” hacia los militares y 18,2% les tiene “poca confianza”.  Esto, en una institución que tradicionalmente ha ocupado los primeros puestos de confianza en la población.

De modo que la politización de la Fuerza Armada, su vinculación directa con el partido de gobierno (o como partido de gobierno), el haber desvirtuado sus tareas constitucionales, dedicándose a otras, subalternas de lo político, ha devenido en el desprestigio de la institución castrense.  El papel de efectivos militares en la represión de protestas pacíficas y en sonados casos de corrupción ha lesionado a la Fuerza Armada.

La Fuerza Armada Nacional, repetimos, debe servir a la Nación y respetar la Constitución.  Hoy no lo hace.  Se llama Bolivariana, no por Bolívar sino por el proyecto político que está en el poder, constituye Milicias ajenas a la Constitución, se ocupa de tareas que nada tienen que ver con el artículo 328 mientras abandona las que, justamente, les son encomendadas por la vía constitucional.  Institucionaliza celebraciones del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, fechas en las que, justamente, las entonces Fuerzas Armadas combatieron golpes de estado contra la democracia y el orden constitucional.

La Fuerza Armada merece respeto como parte fundamental de la historia de Venezuela, de su tradición, su papel en el desarrollo de la patria, en la salvaguarda de la soberanía y de la independencia.  Ese respeto no puede medirse por el gasto militar, el mayor de nuestra historia, ni por la modernización, necesaria, de los equipos militares.  Tampoco por las prebendas ni por la cantidad de efectivos en funciones de gobierno.  Ese respeto pasa por volver la mirada a la Constitución.  Sólo así recuperaremos la institucionalidad perdida y, con ella, el prestigio de una FAN que los venezolanos podamos sentir es de todos y no de un bando.