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La fecha

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Luis Salamanca – 18 de junio de 2015

Una práctica tradicional

Por primera vez en la historia electoral contemporánea del país la Ley Orgánica de Los Procesos Electorales (LOPRE) de 2009, dejó discrecionalmente en manos de la autoridad electoral la fijación de la fecha del acto de votación así como otros temas vitales para garantizar unas elecciones competitivas.  Hasta ese año, la fecha de las elecciones no se dejaba al criterio exclusivo de la administración electoral o de quien fungiera como autoridad electoral, sino que el constituyente y/o el legislador establecían ciertas exigencias constitucionales y legales.

Se sorprenderá el lector al saber que esta conducta institucional ha sido constante en nuestra vida política contemporánea, tanto en democracia como en regímenes autoritarios y dictatoriales desde 1936.  Ni López Contreras, Medina Angarita, Pérez Jiménez ni Larrazábal dejaron en las exclusivas manos de las autoridades electorales la fijación discrecional de la cita electoral.  Era, pues, una institución ancestral de 73 años en la Venezuela Contemporánea.

EP Luis Salamanca 2La fecha electoral en regímenes autoritarios y dictatoriales

Tras la muerte de Juan Vicente Gómez la fecha de los comicios se fijaba por orden de la Constitución y, sobre todo, de la ley electoral.  Estos instrumentos jurídicos establecían unos criterios -o coordenadas- dentro de los cuales la autoridad electoral, o quien hiciera sus veces, debía convocar las elecciones.  La primera Ley electoral de la etapa post-gomecista, denominada “Ley de Censo Electoral y de Elecciones, de 11 de septiembre de 1936”, inició esta sana práctica y fijó su propia coordenada para establecer la fecha.  En virtud del sistema electoral de segundo grado, aplicado en 1936 para elegir los cargos de elección popular, entonces los comicios se realizaban en varias fases y la ley le imponía a la autoridad electoral, a la cual llamó Consejo Supremo Electoral (CSE), un lapso para establecer el día de la votación.  El artículo 34 disponía que las elecciones para diputados a las Asambleas Legislativas de los Estados y para Concejales, se realizaran con tres (3) meses de anticipación, por lo menos, a la fecha de inicio de sus respectivos períodos legales.  El artículo 57, ejusdem, imponía que los Diputados principales y suplentes se elegirían “en un día de la segunda quincena de enero de cada año impar”.  Correspondía al CSE la fijación de la fecha exacta, “con quince días de anticipación”, para votar.

La Ley de Elecciones de 20 de septiembre de 1945 estableció en su artículo 61 que la elección de los Diputados a las Asambleas Legislativas y de miembros de los Concejos Municipales de los Estados, se haría con dos (2) meses de anterioridad al inicio de los períodos legales respectivos. La elección de Diputados al Congreso Nacional, de acuerdo al artículo 63, debía efectuarse cada año impar, con dos meses, por lo menos, de anticipación a la fecha en la que debía reunirse el Congreso Nacional.

La Constitución de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, establecía que la elección del Presidente de la República debía hacerse con tres (3) meses de anticipación, por lo menos, al 19 de abril del año en el que comience el período constitucional, en fecha que determinaba el Congreso Nacional, en el año inmediatamente anterior al comienzo del respectivo período.

EP Luis Salamanca 3La fecha electoral en democracia

Correspondió a la democracia establecer una pauta recurrente convocando las elecciones con tiempo de anticipación suficiente para que los actores pudieran conquistar el voto dentro de lapsos amplios.  La primera Constitución democrática del país (1947) estableció en su artículo 192 que la elección del Presidente de la República se haría con tres (3) meses de anticipación, por lo menos, al 19 de abril del año en el que comience cada período constitucional y en la fecha que fije el Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias del año inmediatamente anterior.

En 1958, en el marco de la democracia de hecho que no de derecho del momento, la Junta de Gobierno cívico-militar, dictó una Ley Electoral, el 23 de mayo del mismo año, en la cual se estableció:

“Artículo 67.- La fecha de las elecciones se fijará para un día feriado comprendido entre los cuarenta y cinco (45) y los noventa (90) días siguientes a la convocatoria.” Esta le correspondía al CSE y se hizo dentro de los treinta (30) días siguientes al término de la inscripción de los electores en el Registro Electoral. Esta Ley inició la tradición dominical y decembrina de la cita electoral en democracia.

La Ley Orgánica del Sufragio de 1977, que reformó la Ley Electoral de 1964, establecía un lapso de anticipación de cuatro meses para fijar la fecha.

“Artículo 92.- El Consejo Supremo Electoral fijará con cuatro (4) meses de anticipación por lo menos, y mediante convocatoria que deberá publicarse en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, la fecha de las elecciones, para un día domingo de la primera quincena de diciembre del año anterior a la finalización del período constitucional.

Si las elecciones fuesen separadas, las correspondientes a Senadores y Diputados a las Cámaras Legislativas Nacionales y Diputados a las Asambleas Legislativas, se efectuarán dentro de los sesenta (60) días siguientes a la elección del Presidente de la República, en día domingo, que fijará el Consejo Supremo Electoral.”

Este lapso fue ampliado a seis meses y rigió desde 1988 hasta 2009, sobreviviendo a varias reformas. En efecto, la derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSYPP), que rigió desde 1998 hasta 2009, establecía:

EP Luis Salamanca 4Artículo 152

El Consejo Nacional Electoral fijará con seis (6) meses de anticipación por lo menos, y mediante convocatoria que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, la fecha de las elecciones indicadas en los artículos anteriores, para un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del periodo correspondiente.

La fijación de la fecha de votación como una regla clave del juego político

Había pues una firme tradición en nuestro país en no dejar a la absoluta discrecionalidad de la administración comicial la escogencia del día de la votación.  Ella fue más fuerte en de democracia para evitar la tentación de usar la fecha como un elemento ventajista.  Si bien la ley no fijaba fecha concreta, pues ello sería imposible, establecía los lapsos dentro de las cuales la administración electoral estaba obligada a escoger un día del año para que los ciudadanos fueran a votar.  Y eso debía hacerlo, varios meses antes en el año anterior al de la finalización del período constitucional.  Las leyes electorales democráticas implantaron la costumbre, además, de hacerlas en día feriado o domingo, en los primeros días del mes de diciembre.

La Ley podía cambiar los lapsos dentro de los cuales debían celebrarse las elecciones, como ocurrió en 1998, cuando coincidieron, por primera vez, todas las elecciones nacionales y subnacionales imponiéndose la necesidad de separarlas, pero nunca dejó de establecer el criterio para la fijación de la fecha: seis (6) meses de anticipación, por lo menos, para un día domingo, de los primeros días del mes de diciembre, en el año anterior a la finalización del período constitucional correspondiente.

Como puede verse eran reglas de juego, claras y explícitas, con mayor o menor tiempo de anticipación, pero con un patrón reiterado de comportamiento institucional que transmitía seguridad jurídica y certidumbre a los actores políticos y a los electores; pero sobre todo, no permitía la manipulación de la fecha con fines inconfesables.

Todo cambió con Hugo Chávez

Toda esta larga tradición en materia de establecimiento de la fecha de la actividad política más importante de la democracia, fue echada al pipote de la basura por la Ley Orgánica de Procesos Electorales de 5 de agosto de 2009.  Aunque aún antes de la LOPRE, la característica fundamental de la fijación de las fechas electorales chavistas es que no hubo ni hay un patrón estable para escoger el día de la cita comicial.  Por el contrario, han sido muy variadas las fechas escogidas.  Nunca se han señalado los criterios para tal variación pero apuntan a enfrentar alguna situación interna en el oficialismo.  La más emblemática de esas fechas fue la de las presidenciales de 2012, realizadas el 7 de octubre en virtud de la salud de Hugo Chávez y no en los primeros días de diciembre pues las anteriores habían sido el 3 de diciembre 2006.

Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009

Una Asamblea Nacional totalmente roja sancionó y el Presidente Chávez promulgó tal instrumento jurídico derogando la LOSYPP de 1998.  Es notoria la intencionalidad del legislador a apartarse del patrón de fijación de fecha de elecciones al establecer en el artículo 42, lo siguiente:

“Artículo 42. La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos (SIC).

EP Luis Salamanca 5En el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del respectivo proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esta Ley.

La convocatoria se publicará en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de su publicación en medios de comunicación masivos.”

La Ley deja en las manos del Poder Electoral la fijación de la fecha sin establecerle lapsos de anticipación.  Brilla por su ausencia el sometimiento del CNE a unos criterios legales para la fijación de la fecha del día de votación, como solía hacerse,  dejando bajo la discrecionalidad total de las autoridades del CNE la evaluación y consagración de la misma.  Es lo que rige hoy en día.  Sólo hay una exigencia: que se establezca la misma en concordancia con los períodos constitucionales y legales de los cargos de elección popular.  Lo que si no pueden es fijar, constitucional y legalmente, una fecha posterior al vencimiento del período constitucional.  Verbigracia, no podrían dejar de convocar las elecciones de la Asamblea Nacional para algún día del año 2015, pues el nuevo período constitucional legislativo comienza el 5 de enero de 2016. Pese a todo, la fecha de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010 fue establecida a comienzos de noviembre de 2009 y convocadas oficialmente en abril de 2010, es decir, con diez meses de anticipación.  Eran tiempos de mayorías amplias.

La fecha es el eje articulador del proceso electoral

Sobra decir que la fecha de las elecciones es un elemento clave de los procesos electorales.  Sin fecha no hay, oficialmente, evento electoral; o puede no haberlo.  A partir de ella, se determina el cronograma de actividades y todos los actores políticos pueden organizar sus propias actividades a fin de participar, sobre todo los más débiles.  Sin ella, lo que hay es incertidumbre y la estimulación  a comportamientos violatorios del debido proceso electoral.  La fecha es el eje en torno al cual se articulan todas las fases del proceso electoral las cuales imponen unos lapsos lógicos y necesarios para llevarlas a cabo.

La fecha y el Registro Electoral

Así, tenemos el Registro Electoral (RE) necesario para celebrar un proceso electoral. La LOPRE establece (art. 35) que el CNE tomará como RE preliminar “el corte de la data arrojada por el RE publicado dentro de los treinta días siguientes a la convocatoria del proceso.”  Este RE preliminar se publica en la Gaceta Electoral y se puede impugnar, “dentro de los quince días siguientes a su publicación.”  La impugnación se admite “dentro de los cinco días hábiles siguientes” a la recepción de la misma.  Si es admitida, los interesados promueven las pruebas “dentro de los cinco días hábiles siguientes al auto de admisión. Vencido el lapso de pruebas, la Comisión de Registro Civil y Electoral presenta al CNE un informe “dentro de los quince días hábiles siguientes” y el ente resolverá la impugnación “dentro de los quince días hábiles subsiguientes”.  Pasados estos lapsos se publica el RE definitivo.  En otras palabras, el RE toma 85 días, 40 de los cuales son hábiles, lo que equivale a por lo menos 4 meses, por decir lo menos, si se realiza según los lapsos de ley.

La fecha y las postulaciones

Las postulaciones son otra fase del proceso que requiere un lapso que queda a juicio del CNE pero que debe cuidar de no afectar a los postulantes más débiles que son los electores por iniciativa propia que deben recoger 5% de firmas de ciudadanos inscritos en el RE verificadas por el CNE  y los Grupos de Electores que no son organizaciones permanentes sino constituidas para cada elección y su vigencia corre desde su inscripción en la Comisión de Participación Política y Financiamiento hasta el día de la votación.  La LOPRE no establece cuando deben inscribirse pero queda implícito que es a partir de la fecha de las elecciones.  La admisión de las postulaciones se hará en cinco días continuos en los cuales el CNE decide la admisión o rechazo.  Los postulantes tienen el derecho a sustituir y modificar las postulaciones.  Las modificaciones consisten en la sustitución de candidatos “hasta diez días antes” de la votación. Las postulaciones pueden ser impugnadas “dentro de los cinco días continuos siguientes a la publicación de la decisión” del CNE.  Recibido el recurso por el CNE éste tiene cinco días continuos para pronunciarse sobre su admisión o no.  Admitido y publicado rige un lapso de veinte días continuos para que el ente dicte su Resolución la cual puede ser impugnada por medio del Recurso Contencioso Electoral.

EP Luis Salamanca 6La fecha y la campaña electoral

El lapso de la campaña electoral tradicionalmente había sido establecido por la ley. Su duración había ido bajando y en la LOSYPP de 1998 se habían fijado 4 meses de campaña para las elecciones presidenciales y parlamentarias y 2 meses para elegir gobernadores y alcaldes. Pero la LOPRE derogó estos lapsos y dejó discrecionalmente a las autoridades electorales, el establecimiento del lapso de campaña de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71.  ”El Consejo Nacional Electoral establecerá para cada proceso electoral el lapso de campaña electoral y sus regulaciones específicas”.  De hecho, la campaña electoral de las parlamentarias de 2010 fue de 28 días.  Sin embargo, la campaña tiene sus exigencias propias que implican unos lapsos, algunos de los cuales los consagra la ley. Por ejemplo, los representantes de los candidatos deben informar por escrito al CNE quienes serán las personas autorizadas para contratar la propaganda “dentro de los cinco días siguientes a la convocatoria” de las elecciones. Igualmente la LOPRE dispone la realización de auditorías a las distintas fases del proceso electoral y, si bien la ley no dispone de plazos para ellas, se realizan después de la convocatoria y a lo largo del mismo y exigen una buena cantidad de tiempo.

El oficialismo no está preocupado por la falta de fecha

Llama la atención que la renuencia del CNE a fijar la cita comicial no le preocupe al PSUV y al oficialismo (que hace sus primarias en estos días) sino sólo a la oposición, a la disidencia chavista, a los electores y algunos países y actores extranjeros evidenciando que el tema se ha internacionalizado.  Por el contrario, el oficialismo lo que ha hecho es defender y justificar al CNE en su reticencia.  E, incluso, altos personeros del gobierno como el Presidente de la República dijo a principios de 2015 que las elecciones serían para finales del mismo.  El gobernador de Carabobo señaló que la oposición tendría sorpresas con la fecha.  Y hasta ahora eso es lo que ha ocurrido.  Es la primera vez en la historia democrática que la fecha de unos comicios ha estado rodeada de tanto misterio e incertidumbre.  Son tiempos adversos a la otrora mayoría.  Es imposible no vincular la resistencia a poner la fecha con la situación política actual, en la que el oficialismo carga con una matriz de opinión pública adversa desde 2014 y busca revertirla.  Dada la omisión se producen especulaciones sobre la fecha.  Se habla de fines de noviembre y comienzos de diciembre y, extraoficialmente, los actores políticos manejan el día 6 de diciembre de 2015 como el día comicial.  Ayer se supo que no habrá béisbol el domingo 13 de diciembre debido a que sería el día de las elecciones.  Pero hasta hoy (18 de junio de 2015) no hay elecciones oficialmente convocadas.

La fecha como recordatorio y como antídoto

Señalar un día del año para votar era un recordatorio de que había que renovar periódicamente a los titulares de los cargos de elección popular en los gobiernos autoritarios y dictatoriales; en democracia, ha sido una regla fundamental de la alternabilidad en el poder y un antídoto contra cualquier forma de ventajismo de los detentadores del poder, ambas instituciones virtualmente demolidas en la actualidad. Ojalá la renuencia a fijarla no genere una sorpresa difícil de manejar, sobre todo, por los electores, el actor más débil del proceso electoral.  Si ello fuera así los electores tendrían que prepararse para votar comiendo hallacas.

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