Opinión y análisis

¿Elecciones bajo estado de excepción?

Luis Salamanca – 28 de agosto de 2015

  1. Características del Estado de excepción

Un Estado de excepción es aquel en el cual el Estado -ordinariamente apegado a la Constitución y las leyes- obligado por circunstancias extraordinarias de tipo social, económico, político, natural o ecológico, que amenazan la seguridad de la nación, de los ciudadanos y de las instituciones, se ve exigido a actuar apartado de la legalidad ordinaria debido a que ésta no le da facultades suficientes para enfrentar el hecho grave y excepcional. La última vez que Venezuela vivió un Estado de excepción fue el 27 de febrero de 1989. El 11 de abril de 2002 hubo una situación extraordinaria que pudo originar un Estado de excepción pero Chávez no lo decretó. En ambos casos hubo una situación extraordinaria.

En términos prácticos, el Estado de excepción constituye la ampliación de las facultades del Presidente de la República y del Poder Ejecutivo para actuar discrecionalmente y la disminución de las garantías de la población (ciudadanos y habitantes en general) para actuar, en los términos establecidos por la misma Constitución. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito por el país, fuera de él, reingresar al mismo, con sus bienes y sin ellos, puede ser restringido y, en efecto, lo está haciendo en el Táchira.

Es una situación de derecho exorbitante, extraordinario, en el que existen riesgos objetivos de violación de derechos humanos. Por ello, esta anormalidad constitucional debe ser necesaria, es decir, no se puede aplicar a cualquier situación o acción irregular o delictiva de las personas sino a aquellas conductas que el decreto busca atacar; debe ser proporcional a la gravedad del hecho; debe ser temporal, no permanente; debe ser de interpretación y aplicación restrictiva pues es una situación excepcional. Por todo esto existe la necesidad de una escrupulosa conceptualización de dichas conductas y/o situaciones extraordinarias.

  1. ¿Cuál es la situación extraordinaria que motivó el Decreto de Estado de excepción?

Al parecer Nicolás Maduro dictó el decreto sin tener el texto del mismo que salió publicado días después del anuncio presidencial. Antes de tener el texto, se señalaron tres tipos de motivaciones. En un principio, argumentó que se debía al ataque armado a tres militares; luego se refirió al contrabando y, finalmente, terminó en la tesis de que la frontera se “pudrió” y hay que “reordenarla” y recuperarla. Una vez publicado el texto en Gaceta Oficial se pueden abordar con propiedad esta pregunta.

El texto señala la causa del Estado de excepción es: “una amenaza compleja al pleno goce de los derechos de los habitantes de la república” por acciones “delictivas” y “violentas” vinculadas al “paramilitarismo”, el narcotráfico y el contrabando de extracción, lo que “evidencia una intención deliberada de generar alteraciones del orden público, “que rompen el equilibrio del derecho internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano”.Testigo 2

La violencia es tal que fueron atacados miembros de la Fuerza Armada quienes resultaron heridos. Estos ataques se suman a los atentados contra la moneda nacional y contra los bienes adquiridos para los venezolanos. Que frente a esta “amenaza compleja” es deber del Estado proteger al pueblo, asegurar su vida digna, haciendo efectivo el orden constitucional y el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso a dichos bienes y el disfrute de sus derechos, en un ambiente pleno de tranquilidad.

¿Es extraordinario lo que pasa en la frontera? ¿Es algo fuera de lo común el que unos delincuentes hayan atacado a miembros de la fuerza pública? ¿El narcotráfico y el contrabando son excepcionales, algo nunca visto, o en una escala asombrosa? ¿Qué es el paramilitarismo para ser objeto de un decreto de Estado de excepción? Si vas a atacar al paramilitarismo debes definirlo bien en el decreto porque si no vas a violar los derechos humanos de mucha gente.

¿Existen estos problemas sólo en 6 municipios de la frontera y el resto del país goza de la protección del Estado, paz y normalidad? ¿Qué es el ataque a la moneda y de dónde viene? ¿Viene de Cúcuta? ¿Puede alguien atacar a la moneda de la manera que cree el gobierno? ¿O es un problema del modelo económico aplicado por el gobierno? ¿Sólo existe el problema en el Táchira? ¿Qué tienen que ver las personas deportadas hacia Colombia con los hechos aludidos por el decreto? ¿Son narcos, paracos y bachaqueros para usar el lenguaje del gobierno? ¿No hay venezolanos entre ellos cuyo extrañamiento del territorio de la patria está prohibido expresamente por la Constitución?

Estas preguntas y sus respuestas nos llevarán a la conclusión que ninguno de los motivos alegados por el decreto son extraordinarios: ocurren todos los días y en todas partes en Venezuela. Es decir, lo ordinario en Venezuela es la excepcionalidad de los problemas que acogotan a todos quienes habitan en esta tierra otrora llamada de gracia.

Otra cosa es que el Estado venezolano con las facultades abundantes y suficientes que le otorga la Constitución y las leyes, no haya sido capaz de enfrentar con éxito estos problemas. Otra cosa es que el Estado venezolano genere más problemas de los que resuelve, haya actuado con lenidad, abandonando sus funciones de control, prevención y represión del delito y ahora se vea obligado a actuar desorbitadamente contra el crimen común.

  1. ¿Qué tipo de Estado de excepción fue decretado?

El decreto no identifica qué tipo de Estado de excepción se está aplicando, por tanto, es un Estado de excepción innominado, lo cual no debería ocurrir porque la Constitución señala claramente que el Presidente de la República puede declarar tres tipos: el de alarma, por 30 días prorrogables, para enfrentar calamidades naturales; el de emergencia económica para enfrentar hechos graves, excepcionales, que afecten la vida económica de la nación, por 60 días prorrogables; y el de conmoción interna y externa, ante conflictos graves, por 90 días prorrogables. Se debe saber qué tipo de Estado de excepción se está aplicando para que los ciudadanos sepan a qué atenerse. Maduro no señala cuál de estos está decretando. Por las características creemos que es el de emergencia económica.

  1. ¿Son situaciones que no pueden ser atendidos por vías ordinarias?

Esta es otra pregunta que salta inmediatamente a la mesa. ¿Los problemas de contrabando, narcotráfico, y delincuencia mal llamada paramilitar, no son atacables mediante el derecho ordinario, por medio de la normalidad constitucional? ¿Dónde está la autoridad del Estado para que, con las facultades establecidas, pueda enfrentar estos problemas? ¿Habrá que reconocer que la autoridad del Estado y del gobierno es tan baja que no puede enfrentar la criminalidad, concepto en el cual podemos resumir los tres problemas concretos indicados en el decreto?

Testigo 3Por las estadísticas oficiales y, sobre todo, las extraoficiales, sabemos que la inseguridad se ha cobrado cerca de 230 mil vidas en los 16 años de chavismo y madurismo. En pocos años alcanzará a la cifra de muertos de la guerra de Independencia. Por tanto, parece evidente que el Estado está superado por la delincuencia y dada la inacción por tantos años -con la politización y la ideologización de la misma- se ve obligado a lanzar operativos relampagueantes (OLP) para ver si logra frenar el delito. Pese a la OLP, las cifras de muertes a manos del hampa se mantienen en sus promedios normales.

Igualmente es discutible que los narcotraficantes, los contrabandistas y los delincuentes tengan una “intención deliberada de generar alteraciones del orden público”, pues, su actividad requiere todo lo contrario: secreto, nocturnidad, sigilo, complicidad, lo opuesto a las alteraciones del orden público intencionales que serían intenciones políticas. No es descartable que la delincuencia quiera poder político de seguir creciendo como ha crecido y se observa en ciertas zonas del país, pero ese es otro asunto.

  1. El tema del paramilitarismo

Según el DRAE, paramilitar es una organización civil dotada de estructura o disciplina de tipo militar. Un paramilitar es un individuo civil, armado por sí mismo o por las fuerzas armadas, a fin de enfrentar a otras fuerzas irregulares como las guerrillas y que, como ellas, puede terminar vinculándose con el delito común. Pero su principal objetivo es el de defenderse o defender a un sector social, de los ataques, secuestros y otras actividades de las guerrillas, o de la delincuencia. Así se dio en Colombia bajo la organización de las llamadas Autodefensas que nacieron para enfrentar a la guerrilla colombiana que azotaban a los empresarios y a los civiles en general.

El decreto de excepción se fundamenta en un concepto no aclarado y/o usado con fines descalificadores, o auto-justificadores de la falta de respuesta del Estado venezolano al fenómeno de la delincuencia interna. Al llamar “paramilitares” a los delincuentes pretenden que es un fenómeno importado desde Colombia, que no es “nuestro”,   que es ajeno a nosotros y que, por tanto, es culpa de alguien que lo exporta desde el vecino país y no del gobierno venezolano que se ve sometido a la “guerra paraca”. En tal sentido, el gobierno oculta el papel de la guerrilla colombiana en la frontera y sólo destaca el del paramilitarismo.

Es otra de las teorías autocomplacientes y conspirativas de Maduro que, junto a la guerra económica, le han dado una zona de confort interpretativa donde se le ve muy cómodo. Pero el problema no es que Maduro esté cómodo sino que tales “teorías” sirvan para la toma de decisiones. Si se plantea mal un problema la solución será equivocada. Pero las políticas del gobierno están fundadas en falsos supuestos.

En el caso de la frontera, la deportación de tantas personas se corresponde con la teoría del paramilitarismo y la guerra económica según el gobierno. Los cientos de habitantes desfilando hacia Colombia con sus enseres a cuesta son la prueba de Maduro de que existe el paramilitarismo y la guerra económica.

En todo caso, si los delincuentes venezolanos son paramilitares o no, lo cierto es que existen y hacen un gran daño que el Estado no detiene y ahora pretende hacerlo por vía de excepción. Es decir, que en 60 días o en 120, el gobierno pretende resolver un problema que no ha resuelto en 16 años. No luce plausible. Por supuesto que al final del estado de excepción tendremos más problemas.

Lo del contrabando es una práctica que Maduro viene combatiendo, según lo dicho por él mismo, desde que lanzó su teoría de la “guerra económica”. Si hoy se ve en la necesidad de atacarlo mediante la excepcionalidad, es porque no ha podido con él, así como no ha podido con la guerra económica.

El narcotráfico es un viejo problema que ha enfrentado históricamente el estado venezolano. Plantearse atacarlo con este decreto puede ser plausible, pero, ¿sólo en 6 municipios? ¿Y el resto del estado y del país? En otras palabras, lo va a resolver en 6 municipios quedando igual en el resto de la nación. No suena lógico.

En otras palabras, ninguna de las razones argumentadas es causa suficiente como para dictar un Estado de excepción, por la sencilla razón de que reordenar un sistema social no se hace en 60 días y no se hace desde 6 municipios dejando de lado al resto del estado y del país. Nada que no pueda resolverse por medio de las facultades ordinarias establecidas en el ordenamiento jurídico. Se supone que al final del Estado de excepción debe haberse resuelto el problema que lo originó. ¿Qué nos va a ofrecer el gobierno al cabo de 60 o 120 días? Si planteó mal el asunto todo saldrá mal.

El gobierno está aplicando el decreto pero hace lo que siempre hace sin Estado de excepción: detener personas, incautar mercancías, requisar, etc. La excepción es la deportación de ciudadanos colombianos, entre los cuales, hay venezolanos por naturalización. A estos últimos le están aplicando algo prohibido por la CRBV: el extrañamiento de venezolanos del territorio nacional. Al parecer, aún no han capturado a los agresores de los oficiales que fue el motivo del cierre de la frontera. Si para capturar a unos delincuentes hay que cerrar la frontera más pujante de América Latina, usted me dirá en qué situación está el Estado venezolano.

  1. Otras razones

Por lo tanto debemos preguntarnos por otras razones del Estado de excepción. Quizás haya algún motivo más gordo que no nos han dicho. Aquí me referiré a uno de ellos si se mantiene el roído hilo electoral. No es un secreto para nadie que la principal preocupación del madurismo es la cita electoral del 6D, dentro de las preocupaciones por el deterioro de los apoyos políticos al proceso revolucionario.

Las tendencias de opinión del 2015 se mantienen y se profundizan. Ninguno de los enemigos a la carta usados por el gobierno ha servido para reanimar a los chavistas; ninguna de las maniobras institucionales ha hecho efecto destructivo en la MUD, como única alternativa electoral al madurismo, logrando sortear los obstáculos que le han puesto en el camino.

Ahora lanzan el Estado de excepción que es la pieza de artillería más gruesa usada hasta hoy para modificar la intención de voto del electorado. ¿Puede el estado de excepción lograr tal modificación? Yo creo que no. Todo lo contrario: puede agravar la pérdida de apoyo del madurismo. Pero lo que estoy evaluando es la posibilidad del oficialismo de interferir en las elecciones de una forma que le permita tratar de disminuir los daños políticos que le puedan causar el 6D.Testigo 4

Por lo dicho por Maduro y Cabello, se puede deducir que no tratan de suspender las elecciones, medida muy costosa políticamente, pues, indicaría ante el mundo y, sobre todo, ante los venezolanos que pasamos la “delgada línea roja” y el gobierno se adentraría por los caminos claros y duros de la dictadura, pero especialmente, mostraría que el gobierno no quiere contarse porque no tiene opciones de triunfo. Eso sería perder por forfait, por no presentación. Y, además, está explícitamente prohibido por la Constitución que señala que el sufragio es un derecho humano intangible (intocable).

Lo que si se ve bastante probable, es que las elecciones se realicen bajo un Estado de excepción, es decir, con las garantías restringidas. Algo que de muchas maneras ha venido ocurriendo sin Estado de excepción en las elecciones anteriores y en estas ha llegado a niveles inconcebibles para una sociedad democrática.

Imaginemos por un momento el 6D bajo Estado de excepción. Dadas las penurias del Estado de excepción, las cuales están siendo probadas en el Táchira: ¿Qué ven los lectores? Ciudades llenas de militares, de grupos motorizados en actitud provocadora, con acciones dirigidas a amedrentar e, incluso, impedir el sufragio de sectores opositores, prevalidos de las restricciones al libre tránsito, vital el 6D.

Imaginemos una campaña electoral sin poder concentrarse en mítines abiertos con concentración de personas, oyendo a sus candidatos. Con emisoras incómodas recibiendo la requisa de la fuerza pública, o con electores visitados el día antes de la elección. O con casas de partidos allanadas. Con cadenas presidenciales por razones de seguridad de Estado para incidir en el voto. Y así.

Si mucho de esto lo vienen haciendo sin Estado de excepción ¿qué no harían bajo un Estado de excepción? De allí que hayan visualizado la posibilidad de extenderlo a otros estados, de mucha importancia electoral, con lo cual podrían afectar a muchos votantes. Esto es crucial habida cuenta de que hay circunscripciones muy disputadas y parejas entre la MUD y el GPP. ¿Qué tal si el Estado de excepción logra impedir que algunos miles de votantes opositores no se movilicen? Maduro asomó el mismo día que lo decretó, la posibilidad de pedir la prórroga apenas iniciado el Estado de excepción. Si se prorroga alcanzando los 4 meses, cubriría las elecciones del 6D.

Lo que está por verse es si logran con ello cambiar la intención de voto del ciudadano que, hasta ahora, no hace más que subir por encima del 20% de ventaja para la MUD. Y contando.

Los efectos del Estado de excepción son muy severos para la población, pues, al militarizar la ciudad y restringir los derechos al libre tránsito, reunión pública, a la inviolabilidad del hogar y todo recinto privado, a la libertad económica y a la privacidad de la comunicación, la gente se ve con nuevos problemas, además, de los que ya tiene para conseguir comida, medicinas, gasolina, repuestos, etc. Puede, pues, ser contraproducente para el oficialismo haber dado este paso pensando en cohesionar a sus electores, ya que podría agravar los problemas ya graves que padecen los venezolanos en todo el país, en particular, en el Táchira.

¿Y usted qué opina?

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