Benigno Alarcón Deza – 18 de septiembre de 2015

Ante el costo infranqueable para el gobierno de perder la elección, no puede descartarse el escenario de una posible suspensión de las elecciones que, aunque por sus altos costos para el gobierno luce menos probable, implica costos menores a la posibilidad de destapar la caja de Pandora de una derrota electoral como la que podría tener lugar el próximo 6 de diciembre.

La actual situación del país, a los ojos de la mayoría de los ciudadanos, puede lucir extraordinariamente confusa, compleja y dinámica, lo cual puede dificultar la comprensión de los diferentes eventos que a diario se desarrollan al ritmo de vértigo de una montaña rusa, lo que dificulta la posibilidad de identificar y fijar la mirada en las pocas cosas que pueden ser importantes para comprender donde estamos hoy y hacia donde vamos con la finalidad de tomar decisiones y poder dar la respuesta apropiada.

El escenario político actual, a pesar de todo lo acontecido desde entonces, mantiene en buena parte las características y tendencias que habíamos ya identificado en nuestro escrito del pasado 15 de julio, aunque hoy comienza a delinearse con mayor claridad la estrategia electoral del gobierno, quizás más que por efecto del tiempo por el hecho de que a estas alturas varios ensayos han demostrado la inviabilidad o poca efectividad de algunas alternativas estratégicas de cara al próximo proceso electoral, lo que ha venido definiendo la rutas de acción del oficialismo entre un conjunto menor de alternativas que analizaremos a lo largo de este escrito.

Partiendo del escrito del pasado 15 de julio, y con el ánimo de retomar el trabajo que hemos venido desarrollando, comenzaremos por describir el escenario actual:

1. En lo económico: Continúa el deterioro progresivo de las condiciones económicas del país, sin oportunidad alguna de corrección en el corto o mediano plazo, como resultado de la tendencia a la baja en los precios del crudo, el mal manejo de la paridad cambiaria y la indisposición del gobierno a aplicar correctivos por temor a sus costos políticos. Esta situación, de cara a la ciudadanía se manifiesta principalmente en escasez creciente de carácter estructural que abarca ya a la mayor parte de los productos básicos que dependen en alguna medida de la importación; aumento acelerado de los precios impulsados por las distorsiones de la tasa de cambio; baja oferta combinada con una muy alta demanda como respuesta a la incertidumbre que el desabastecimiento genera, y que tiende hacia un proceso hiperinflacionario en el corto plazo; devaluación acelerada de la tasa de cambio real con adopción del dólar no oficial como referencia para el cálculo de costos reales; y cierre progresivo de las fuentes de financiamiento internacional, incluida la más importante para Venezuela, China, ante los serios problemas que comienza a evidenciar su propia economía.
2. En lo social: Deterioro importante de la calidad de vida que se manifiesta en índices crecientes de desempleo y subempleo; aumento importante de formas de encomia informal coyuntural basadas en el contrabando y el desabastecimiento que toma ventaja de los diferenciales de precios y las dificultades para abastecerse de productos básicos; importantes niveles de inseguridad y descomposición social que tienen a agravarse como resultado del deterioro de la situación económica, lo que dificulta las condiciones básicas de subsistencia. Las protestas y conflictos por escasez lucen cada más enconados y difíciles de controlar. Existe la posibilidad de que los saqueos como efecto del agravamiento de la escasez.
3. En lo político: Maduro tiende a volverse insostenible y un problema para los factores de poder en la medida que el tiempo avanza y la situación política y económica tiende a agravarse. Esta situación se expresa en un importante cambio en el balance político entre gobierno y oposición que se traduce en la desintegración progresiva del piso político del oficialismo a partir de la muerte de Chávez y al aumento en la intención del voto contra el gobierno lo que da características plebiscitarias al próximo proceso electoral; despolarización política del país (55% de los electores ya no se identifican con los polos) con tendencia a un aumento importante del sector independiente lo que podría dificultar el traspaso de votos contra el gobierno a la tarjeta de la Unidad si la situación no se repolariza electoralmente como resultado de la campaña; costos desproporcionadamente altos de tolerancia a una transición política para una parte importante de la élite gubernamental, lo que se agrava aún más como efecto de procesos e investigaciones internacionales contra actores gubernamentales por violación de derechos humanos, narcotráfico y corrupción; dependencia creciente de la represión para mantener la estabilidad del gobierno. Esto puede desencadenar la necesidad, en el corto o mediano plazo, de un traspaso negociado o forzado de poder entre la elite gubernamental, o una transición negociada con la oposición, lo que implicaría, necesariamente, acuerdos y garantías que no estamos viendo hoy, y que solo se darían en el caso de que los actores gubernamentales estén convencidos de la imposibilidad de mantenerse en el poder.
4. En lo electoral: Deterioro de las condiciones electorales en la medida que el gobierno pierde sus ventajas competitivas para mantener el poder por vía electoral; alta valoración del voto como mecanismo de decisión política; pérdida de la capacidad de arbitraje del Consejo Nacional Electoral como consecuencia del deterioro de la credibilidad en el sistema electoral, que ha pasado de niveles 46% de poca o ninguna confianza en el año 2013 a 64% en 2015.
5. En lo internacional: Deterioro de la base de apoyo internacional del gobierno como efecto de los cambios en el balance político en algunos países aliados, la incapacidad del gobierno para mantener los incentivos clientelas regionales ante el deterioro de su propia economía, el cambio de estrategia regional de los Estados Unidos, y la confrontación limítrofe primero con Guyana y ahora con Colombia. El gobierno venezolano desescala progresivamente el conflicto con Guayana, posiblemente ante su alto costo en la votación de la OEA, y concentra la estrategia belicista en la  escalada de conflicto con Colombia, quien cuenta con menos aliados regionales. En un primer momento, la actitud de Santos ha ayudado a la escalada de conflicto, mientras lo ha favorecido políticamente a lo interno. La alta conflictividad internacional es interpretada por gobiernos y organismos internacionales como estrategias electorales cuyos objetivos van desde desviar la atención de los graves problemas económicos internos hasta generar la justificación para una posible suspensión de elecciones. Como respuesta a ello, existe hoy una atención y presión internacional crecientes para que se celebren elecciones justas, libres y competitivas que puedan ser monitoreadas por organizaciones internacionales con experiencia y experticia reconocidas. Asimismo, ha habido importantes esfuerzos internacionales para abrir canales de comunicación directos e indirectos con actores principales de la élite gubernamental a los fines de facilitar las condiciones para una transición electoral, pero el gobierno, al menos por ahora, no ha demostrado mayor interés en facilitar el entendimiento más allá de mejorar las condiciones de algunos presos políticos que no representan una amenaza real para el gobierno. Llama la atención y se presta a diversas interpretaciones el hecho que tras la reunión Shannon-Cabello en Haití, no hayamos vuelto a ver nuevas visitas del consejero norteamericano, lo que podría ser la respuesta a las criticas de un encuentro políticamente incorrecto para el país del norte, dadas las acusaciones que sobre Diosdado pesan, o una forma de enviar el mensaje de que Diosdado no es un interlocutor válido ante el gobierno norteamericano, por lo que los sectores que éste representa necesitarán de otros interlocutores. Lo que si se ha hecho evidente, tras una declaración del Secretario de Estado norteamericano, es que Cuba tiene un rol en la agenda sobre Venezuela, y dicho rol será posiblemente el de mediador ante los actores gubernamentales venezolanos más cercanos a Maduro.
6. En lo militar: Si bien es cierto que leer al sector militar se ha vuelto desde hace años una tarea de las más complicadas, dado el hermetismo de quienes durante años se han sentido escrutados por su propio aparato de inteligencia, además de uno paralelo y altamente eficiente que ha colocado el gobierno cubano como parte de pago por los favores recibidos del Presidente Chávez, sí esta claro hoy que en la medida que el gobierno se debilita políticamente se hace más dependiente de las Fuerzas Armadas. Esto se ha evidenciado en el aumento significativo de militares en posiciones ejecutivas, con lo cual se les amarra a la suerte misma de Ejecutivo. El problema está en que el poder de la cúpula militar depende a su vez de la subordinación incondicional de toda la estructura de mando, y todos sabemos que en tiempos excepcionales como los que vivimos, las excepciones a la incondicionalidad se presentan con mayor frecuencia, lo que obliga al alto mando militar a actuar con cautela y poner oído en tierra. En este sentido, pareciera que el sector militar, hoy con más poder real, ha logrado zafarse progresivamente del yugo del escrutinio cubano y busca recuperar el monopolio en el uso de la fuerza que tenían antes de que Chávez creará estructuras paramilitares paralelas tras la insubordinación que generó la orden de activar el Plan Ávila el 11 de Abril de 2002. El desarme de los colectivos a través de los Operativos para la Liberación del Pueblo (OLP), iniciados originalmente por el Ministro Rodríguez Torres, y cuyos resultados sirvieron de excusa para su destitución, parecieran ser esfuerzos encaminados a la recuperación del monopolio de la violencia, aunque siempre emergen dudas ante la evidente ineficiencia. Lo que sí es cierto es que en la medida que la FANB recupere el monopolio de la violencia y regrese a la imparcialidad institucional, mayor será su relevancia en la definición del futuro político del país y menores sus costos en una transición política.

Evolución del Escenario

Como decíamos en nuestra anterior entrega, el país se debate en el actual momento entre las tensiones propias de un cambio político y la consolidación de un régimen de naturaleza autoritaria con altos costos de salida. Esta situación puede decantarse hacia los tres escenarios básicos que establecimos en nuestra última entrega, que siguen vigentes y a cuya evolución dedicaremos el resto de este trabajo:

1. Status Quo
2. Transición democrática
3. Consolidación Autocrática

Como decíamos en nuestra anterior entrega, el primer escenario, o sea status quo o continuación del proceso como lo hemos conocido durante los 15 años de hegemonía chavista bajo la forma de un régimen híbrido que combina el ejercicio autoritario con la legitimación electoral, luce como el menos probable por el deterioro de las ventajas competitivas (liderazgo carismático y recursos suficientes para sostener amplias redes clientelares) que han permitido la estabilidad del gobierno mediante procesos continuos de re-legitimación electoral.

La evolución y desenlace final de tal escenario pasa, en todos estos casos y no solo en el de Venezuela, por la resolución del dilema entre tolerar un cambio en el poder que implique la salida total o parcial del gobierno o la disposición a mantenerlo mediante el uso de otros medios, incluyendo la represión, lo que dependerá, en buena medida, del cálculo costo-beneficio que los actores con poder hagan entre tolerar una transición o intensificar su autocratización.

Las respuestas que el gobierno ha venido dando hasta ahora son un indicador inequívoco de hacia donde apunta el cálculo costo-beneficio entre tolerar tal cambio político o mantener el poder por cualquier medio a su disposición. En este sentido no puede perderse de vista como la élite gubernamental ha dado a los actores con capacidad represiva (sector militar) un espacio y protagonismo cada vez más importante en la sustentabilidad del sistema.

¿Hacia dónde va el Escenario?

El desenlace menos costoso, más provechoso, y por lo tanto preferido, para el gobierno sería el de ganar la elección. Es por ello que la estrategia electoral, aunque cuesta arriba para el oficialismo, se mantiene como prioridad para el gobierno. Considerando que es poco lo que el gobierno puede hacer para revertir el balance político que hoy se inclina en su contra, la estrategia se centra principalmente en erosionar las posibilidades de la unidad opositora mediante diferentes mecanismos.

Entre estos mecanismos vale la pena destacar el intento por repolarizar el voto chavista y dispersar el opositor mediante el cierre de alternativas electorales para el chavismo, con la cooperación del Consejo Nacional Electoral que ha negado el registro a todo movimiento u actor político desertor del chavismo, mientras ha dado cabida en la elección a todos los grupos ¨opositores¨ distintos a la Unidad a fin de abrir alternativas para un sector creciente de electores que si bien votarían contra el gobierno no se identifican con la MUD. Es así como en una elección que tendrá carácter plebiscitario y donde la verdadera división del voto estará entre quienes apoyan y quienes rechazan al gobierno, los votos a favor del gobierno se concentraran en un polo de 167 candidatos, uno, sin alternativas, por cada curul de la Asamblea, mientras se intentará diluir el voto contrario al gobierno entre unos 1.600 candidatos alternativos, que implican más de 10 alternativas ¨opositoras¨ por cada curul a ser disputado.

Esta estrategia que apunta hacia despolarización del voto opositor en un momento en el que los electores independientes, o sea aquellos que no se identifican ni están comprometidos con el PSUV ni con la MUD, tienden a ser mayoría. Esta tendencia tratará de reforzarse en contra de la oposición mediante la estimulación de conflictos entre sus miembros que buscaran fracturar la Unidad. Como ejemplo de ello llama la atención el anuncio del regreso de Manuel Rosales al país, lo que sugiere la existencia de negociaciones y garantías de parte del gobierno, pocos días después de que Leopoldo López, quien habría sido en algún momento parte del partido de Rosales, es sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión.

A esta estrategia electoral de despolarización y dispersión del voto opositor, ya en ejecución, debe sumarse el repertorio de anomalías que ya hemos visto en anteriores procesos, y que en esta oportunidad tienden a agravarse, lo que incluye las manipulaciones por temor a las represalias, los incentivos y amenazas de carácter clientelar, la compra de votos, el ventajismo producto del uso de recursos públicos, los desbalances en la presencia en medios durante la campaña, y la generación de desesperanza en el elector opositor a fin de estimular su abstención.

Pese a que la maniobra oficialista descrita tiene sentido y es acertada desde el punto de vista estratégico, las condiciones del país hacen difícil para el gobierno poder superar la enorme brecha   entre quienes votarían por el gobierno y quienes lo harían contra éste, y que tiende a aumentar bajo el peso de la convicción de que la actual situación es su responsabilidad y para cambiarla es necesario cambiar primero al responsable, razón por la cual la participación en este proceso pareciera, desde mucho antes de que se haya dado inicio a la campaña, que será muy superior a las que acostumbramos a ver en elecciones parlamentarias, justamente por el carácter plebiscitario que el mismo elector ha dado a esta elección.

La dificultad para revertir tal tendencia genera un peligro adicional para el oficialismo que se relaciona con el costo político de perder esta elección y las dinámicas post electorales que se generan como producto de una derrota que implicaría el principio del fin de una etapa, y que obliga a nuevos reacomodos a fin de garantizar la sobrevivencia de una buena parte de quienes se han mantenido en el entorno gubernamental.

Ante el costo infranqueable para el gobierno de perder la elección, no puede descartarse el escenario de una posible suspensión de las elecciones que, aunque por sus altos costos para el gobierno luce menos probable, implica costos menores a la posibilidad de destapar la caja de Pandora de una derrota electoral como la que podría tener lugar el próximo 6 de Diciembre. Las escaladas de conflictos internacionales, primero con Guyana y ahora con Colombia, podrían apuntar hacía la construcción temprana de una situación que busca justificar hacía adentro y hacia afuera la necesidad de tal decisión. A la posibilidad de escalar los conflictos externos debe sumarse la de hacer lo propio con la situación interna, en la que bastaría tan solo con tensar un poco la cuerda del desabastecimiento para que pueda justificarse la necesidad de declarar un estado de excepción más allá de la frontera y que, aunque legalmente no permitiría la suspensión de elecciones, podría acarrear la imposibilidad material de su celebración.

Toca a las fuerzas democráticas trazar y ejecutar su propia estrategia para obligar al gobierno a respetar las condiciones que garanticen la integridad del proceso electoral y elevar los costos de su irrespeto o de cualquier intento por suspender el proceso electoral de este año. Veamos en una próxima entrega qué estrategias debería considerar la oposición en este sentido.