Los partidos aliados en la MUD aún no tienen una posición conjunta sobre el fallo de la Sala Constitucional del TSJ, que el pasado 8 de enero decidió obligar a los que no obtuvieron al menos el 1% de votos en las elecciones del 6D, a volver a inscribirse en el CNE.

Vicente Bello (UNT), coordinador electoral de la MUD, afirmó que lo establecido en la sentencia del magistrado Juan José Mendoza «es de difícil instrumentación».

Explicó que al responder el recurso de interpretación de los artículos 67 de la Constitución, y 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, presentado en junio de 2015 por el abogado César Burguera, el ponente incurrió en ultra petita y tocó un aspecto referido al derecho de asociación, que lo regula la Constitución, y sólo puede ser modificado por una ley. Bello dijo que ya en 2015 la MUD evaluó el tema y decidió postular con la tarjeta única.

«La MUD llegó para quedarse y va a estar bastante tiempo. La alternativa democrática tiene un partido, siglas y una tarjeta que no están cuestionadas», explicó Bello.

Según el fallo del TSJ, sólo el PSUV y la MUD no necesitarán volver a inscribirse. Sí tendrán que hacerlo, en al menos 12 estados, todos los partidos de oposición que no concurrieron con tarjetas propias, y los integrantes del GPP, que ninguno obtuvo el 1% de votos. En promedio nacional requerirán 97.481 firmas para reinscribirse, el 0,5% del padrón de cada estado.

La sentencia del TSJ previó que el registro de quienes apoyen la reinscripción deberá hacerse con captahuellas, «que tendrían que colocarse en sitios públicos y con operadores entrenados», dijo.

Explicó el dirigente que las implicaciones de esa sentencia no están claras, por eso la MUD está a la espera de que el CNE elabore el reglamento, que estima se tomará unos tres meses. Una vez revisado, fijarán posición jurídica. Sin embargo, recordó que la correlación política en el CNE puede cambiar este año.

«El CNE tendría que hacer pública la nómina de militantes del PSUV y de la MUD para poder verificar que ningún elector firme por más de un partido. Eso implica mucho dinero y tiempo, eso es engorroso y caro». Además, precisó que esa limitación que el TSJ impone a los electores, de apoyar a un solo partido, «no está prevista ni en la Ley de Partidos Políticos ni en la Ley Electoral, eso va contra un derecho ciudadano. En Venezuela la gente puede cambiar de opinión y de partido». EG

Extraído de: El Universal