Carta del Director

Hemos venido insistiendo semana tras semana del presente año en la inevitabilidad de una escalada del conflicto entre la Asamblea Nacional y las demás instituciones, y en especial con el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia, a lo que no tardará en sumarse el Consejo Nacional Electoral en su condición de árbitro que tendrá que lidiar en poco tiempo con quienes demandaran la activación de un referéndum revocatorio por un lado, y por el otro con quienes le exigirán la organización de un referéndum para promulgar una enmienda Constitucional que buscará recortar el período de Maduro para llamar a una elección presidencial junto a la de gobernadores de este año, y que será irremediablemente aprobada por la Asamblea Nacional próximamente.

El conflicto está hoy ya está en plena escalada, tal como hemos podido constatar por las intervenciones de diputados oficialistas y de oposición en la Asamblea, las cadenas de Maduro y las sentencias judiciales que desconocen competencias de la Asamblea, como en el caso del Decreto de Emergencia Económica, o la retaliación de las derrotas políticas por la vía judicial en la persona de líderes de la oposición, como es el caso de la reciente decisión en contra del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, o la privación de libertad, bajo condiciones infrahumanas y ya por dos años sin que se produzca aún sentencia, de Leopoldo López, a quienes se les negará cualquier posibilidad de amnistía.

Decíamos también que a las motivaciones políticas de la confrontación se sumaban las derivadas de una profundización de la crisis económica sin que se produjera decisión alguna que permita pensar que el gobierno actuará de la manera adecuada ante la gravedad de la situación. Si bien es cierto que esta semana se asumieron medidas en lo económico que nos permiten pensar que ganaron quienes desde el gobierno piensan que no hacer nada ante el deterioro acelerado y evidente puede ser más costoso, política y económicamente, que asumir algunos ajustes mínimos, también se hizo evidente que, tal como habíamos dicho, no se llega a comprender que el tiempo de los pañitos calientes quedo ya atrás. Es así como hoy está más claro que nunca que el gobierno no tiene un plan para resolver la crisis, y se han tomado algunas medidas inevitables que al no formar parte de una estrategia, nos condena a pagar el costo de ajustes puntuales como el del precio de la gasolina y la devaluación cambiaria, pero sin que tales sacrificios nos lleven hacia un nuevo equilibrio económico que justifique los costos asumidos, sino que por el contrario nos mantendrá enrumbados hacia un escenario hiperinflacionario que podría superar las preocupantes predicciones del Fondo Monetario Internacional y colocarnos en los 4 dígitos para este mismo año, según las estimaciones de algunos economistas a quienes respeto.

Como dijimos en todas nuestras anteriores cartas, la situación-país no tiene salida con este modelo y no habrá cambio de modelo bajo el actual gobierno, más allá de ajustes puntuales que más que por convicción se asumen por inevitables, porque cambiar el modelo implica asumir el fracaso de la propuesta de Chávez, que es sobre lo que sustenta la lealtad de un reducido piso político de algo más de un 20%.

Es por ello, que aunque para algunos pueda sonar insensible decir que la prioridad es política, si comprendemos que Venezuela necesita con urgencia emprender un cambio de modelo económico que acabe con las distorsiones que incluso estimulan una anomia social, en la cual prácticas deseables como el trabajo dejan de tener sentido y son reemplazadas por otras ilegitimas que son premiadas de manera más atractiva, como es el caso del contrabando y el “bachaqueo”, es fácil comprender porque la prioridad debe estar enfocada en la búsqueda de una salida política que permita la reconstrucción del país bajo un nuevo modelo económico y social que premié el esfuerzo honesto y el trabajo productivo, y permita que un venezolano que trabaja 8 horas al día pueda tener un nivel de calidad de vida comparable al de cualquier país responsablemente gobernado.

Para que ello sea posible es esencial aceptar, y con ello reiteramos lo dicho la semana pasada, que ninguna salida está libre de obstáculos para una Asamblea que nació aislada institucionalmente. Ninguna salida esta garantizada cuando el gobierno controla las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y otras instituciones. La única forma de construir una salida viable es aceptando, no evadiendo, el conflicto y manteniéndolo en el terreno político, que es el único en donde es la gente, y no las instituciones controladas por el estado, la que decide, y en el que la oposición tiene la misma ventaja hoy que el chavismo tuvo en el pasado.

Pero, asimismo, es necesario que la oposición mantenga una unidad sólida que ponga por delante de los intereses individuales o partidistas, los intereses del país, y evalúe, con la seriedad y urgencia que las actuales circunstancias demandan, la ruta hacia una transición democrática que permita un modelo inclusivo en donde todos quepamos, y no uno que busque la retaliación y la exclusión de los ciudadanos que piensan distinto. Los responsables de lo que hoy vive el país no son los millones de venezolanos que creyeron, o aun creen, en un modelo que ha probado su inviabilidad en decenas de procesos históricos que condenaron la vida de millones de seres humanos, sino quienes los manipularon en su buena fe para mantenerse en el poder y enriquecerse mediante el acceso al tesoro público para terminar condenado el futuro de varias generaciones.

Benigno Alarcón Deza

Director

Centro de Estudios Políticos

Universidad Católica Andrés Bello