Espacio plural

¿Es constitucional la sentencia del TSJ?

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José Bucete – 19 de febrero de 2016

Todo parece indicar que el gobierno nacional está manejando varios escenarios, lo más preocupante de todo es que ninguno de esos escenarios parecen ser los más idóneos para resolver la fortísima crisis económica que se vive en el país.

BLOG_jose_ignacio_hernandez_estado_emergencia_15012016_640El presidente Nicolás Maduro, en su intervención ante la Asamblea Nacional, en la presentación de su memoria y cuenta, dijo al país y por supuesto a los diputados de nuestra Asamblea, que necesitaba rescatar la economía del país y por ello iba a solicitar al órgano legislativo del país le aprobara un decreto, que él mismo lo denominó como: “Decreto de Emergencia Económica”. Dándole así el valor, reconocimiento y legitimidad al parlamento nacional y cumpliendo con lo que nuestro contrato social (Constitución Nacional) establece.

Posteriormente a esto, lo diligentes parlamentarios, cumpliendo con el mandato dado por el pueblo venezolano y legal dado por la constitución y las leyes, recibe el instrumento enviado por el ejecutivo nacional y trabaja en el análisis del mismo. Se activan todas las comisiones de trabajo de la AN y tal como lo establece la Constitución.

La “emergencia económica” está equiparada con cualquiera de las otras causales que tiene el presidente de la República para decretar estado de excepción, todo esto según está establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica Sobre los Estados de Excepción, Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular los estados de excepción, en sus diferentes formas: estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de conmoción exterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así como, el ejercicio de los derechos que sean restringidos con la finalidad de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Más adelante en esta misma ley, nos encontraremos con que para poder dictar un estado de excepción, tienen que darse condiciones objetivas (subrayado por el autor), tal como me permito citar el Artículo 2. Los estados de excepción son circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones. Los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos.

Gladys-GutiérrezAhora bien, la Constitución Nacional en su artículo 187 numeral 3, consagra a la Asamblea Nacional la potestad de ejercer control político sobre las funciones de gobierno que realiza el ejecutivo nacional. Así como también en la exposición de motivos queda claro.

Son muchas las cosas por analizar de este pronunciamiento del TSJ sobre la vigencia del decreto del gobierno nacional de Emergencia Económica. Vamos a dividir el ya poco espacio que nos queda en dos temas: jurídico y político.

Desde el punto de vista jurídico lo que más peligroso resulta, que el TSJ desconoce varios elementos:

  1. La voluntad popular expresada el pasado 6 de Diciembre, que por una de las tantas cosas por las que votó, fue precisamente para ponerle un freno a los desmanes que el Ejecutivo nacional venía haciendo.
  2. Desconoce una potestad dada nada más y nada menos que por la Constitución en el artículo 187 numeral 3: “… ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución…”.
  3. Llama poderosamente la atención como el TSJ, obvia las razones por las cuales 112 diputados de 167, mayoría calificada, y aún así se abroga competencias de la AN y obvia las razones motivadas por la mayoría del parlamento y así eliminar todo el contenido de la palabra “objetivamente”, que está claramente establecida en el artículo 2 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción: “…Los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos.”, es decir, para el tribunal, las razones y motivaciones del parlamento no tienen validez y por lo tanto lo objetivo es lo que diga una sola de las partes, que por demás es el proponente.
  4. El TSJ obvia toda la exposición de motivos de la Constitución Nacional, donde claramente los constituyentistas dejaron expresada la voluntad de la creación de una nueva relación entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo  a manera de sistema de controles y equilibrios de poder.

Y si nos vamos al plano de lo político, tendremos que:

  1. El gobierno busca desesperadamente la confrontación, toda vez de que su incapacidad para gobernar y resolver los problemas del país es cada vez mayor.
  2. Desconocer e imponerse por la fuerza a un poder legítima y constitucionalmente establecido como la Asamblea Nacional.
  3. Enviar un claro mensaje al parlamento de que el TSJ buscaría paralizar cualquier instrumento legislativo que nazca del seno de la bancada opositora y sea incómoda para el gobierno.

Lo cierto, estimado lector, es que estamos en presencia de un gobierno que al no tener apoyo popular se afinca en el apoyo (poco) institucional; al no contar con el “poder popular”, les queda el poder de la fuerza bruta de algunos que están dispuestos a inmolarse.

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