Carlos Romero Mendoza – 15 de abril de 2016

El 26 de agosto de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente decide, por mayoría, prohibir las sesiones y actividades del Congreso de la República de Venezuela, a través de un decreto de emergencia legislativa que en un corto plazo llevó al cierre del Congreso de la República, sin importar la voluntad popular y menos aún la vigencia de la Constitución de 1961.

La emergencia legislativa fue decidida por la Asamblea Nacional Constituyente luego de que el Congreso de la República decidiera convocar a sesiones extraordinarias con la finalidad de analizar las medidas que habían tomado los constituyentistas, lo cual fue considerado como un acto de obstrucción al proceso constituyente, tal y como en su momento lo expresó Luis Miquilena[1].

Aristóbulo Istúriz,  actual Vicepresidente de la República, justificó aquella emergencia legislativa, asumida por la Asamblea Nacional Constituyente, argumentando que no podían permitir que la oposición tuviera una trinchera desde donde se pudieran oponer a las ideas de los constituyentes[2].

El destino del Congreso de la República se definió cuando la entonces Corte Suprema de Justicia, bajo la presidencia de Iván Rincón, reconoció la supraconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente y validó la emergencia legislativa; tiempo después, aún con la mediación de la Iglesia, el fin de esa historia no fue otro que el cierre del Congreso de la República.

Nuevamente, 16 años después, el Poder Legislativo, ahora Asamblea Nacional, se ve amenazado por el gobierno a través de una propuesta de Enmienda Constitucional a los fines de reducir el periodo legislativo. Con ello, claramente, se está utilizando el derecho a los fines de impulsar una manera de disolver la Asamblea Nacional que hoy está integrada por una mayoría calificada de la oposición democrática.

Esa amenaza, presentada por Hermann Escarrá,  atenta contra la institucionalidad legítima del Parlamento y, en consecuencia, vulnera la voluntad popular expresada el 6 de diciembre de 2015. la Asamblea Nacional se ha convertido en una piedra en el zapato del gobierno y, en tal sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Constitucional, se ha convertido en un muro de contención para la unidad democrática, obstaculizando la labor legislativa de la Asamblea Nacional.

El gobierno pretende anular la representación política de la Unidad en la Asamblea Nacional; pero además, también busca, a través del Consejo Nacional Electoral, debilitar el sistema plural de Partidos Políticos.   Hasta la fecha de este artículo, el Partido Socialista de Venezuela (PSUV) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), son los dos únicos partidos reconocidos como válidos ante el ente rector electoral de Venezuela.

El Consejo Nacional Electoral ha informado, en distintas oportunidades, que todos los partidos políticos, nacionales y regionales, salvo los dos mencionados en el párrafo anterior, están en la obligación de renovar su registro o acreditación como organizaciones con fines políticos, conforme a  la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

A tal fin, el CNE, el pasado 10 de marzo de 2016[3], publicó el reglamento que desarrolla las reglas del juego para esa renovación a la que hace mención el Tribunal Supremo de Justicia[4], en una decisión el pasado 5 de enero 2016 en respuesta a un recurso de interpretación sobre unas normas de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

La Sala Constitucional del TSJ  recordó, en su decisión de enero de 2016, que esa renovación podía efectuarse bien de manera automática o bien de manera formal a través de un procedimiento que a tal efecto debe abrir el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La renovación automática, señala el Tribunal, opera cuando el Partido Político respectivo logra captar el 1% de los votos válidos emitidos en una elección de carácter nacional, en por lo menos 12 de los Estados. La otra modalidad, que requiere de un proceso que a tal fin defina el Consejo Nacional Electoral, ocurre en aquellos casos en los cuales los partidos políticos no logran captar el 1% de los votos válidos o cuando no presentaron su tarjeta como oferta electoral en una elección nacional.

El diputado Simón Calzadilla, en una declaración pública, advirtió que el gobierno, con esta renovación, pretende ilegalizar a los partidos políticos e implantar un modelo en el que haya un partido único[5].

Frente a la Enmienda como una herramienta para disolver la Asamblea Nacional, reduciéndole el período constitucional, el muro de contención será el referendo o la consulta popular que debe ser convocado para aprobarla o rechazarla; en consecuencia, los electores tendrán la última palabra.   Pero frente a la política de obstaculizar la labor legislativa de la Asamblea Nacional y frente a las posibles dificultades que puedan surgir con la finalidad de retrasar y complicar la renovación de la legitimidad de los partidos políticos, ¿qué rol o papel le corresponde asumir la sociedad civil, que es electora y además soberana?, ¿tienen algo que decir?

El gobierno pone en riesgo el sistema de representación política en Venezuela y retrasa la activación del Referendo Revocatorio,  en momentos donde la escasez del agua, de alimentos y medicinas; los anuncios del colapso eléctrico; la inflación; la inseguridad galopante; la propia inexistencia del Estado, entre otros problemas se unen e irrumpen la tranquilidad de los venezolanos.

Son tantos los problemas que hoy nos agobian, que resulta oportuno citar a Mario Briceño Iragorry, cuando en su obra Mensaje Sin Destino escribió:  “Jamás desde la edad heroica nuestro país se había confrontado con mayor número de problemas a la vez”,

El 2 de diciembre 2007, el No a la reforma Constitucional, así como la recuperación de espacios políticos de democracia local a través de las elecciones municipales del 2013, pospuestas por varios años, y el reciente rescate de la Asamblea Nacional, como espacio plural de representación y debate político.

El hecho de demostrar en las últimas elecciones presidenciales, cuantitativamente hablando, que la revolución no es mayoría, es otra demostración más de que como sociedad somos efectivos cuando respondemos en unidad a los desafíos que se nos plantean.

La Unidad debe seguir siendo nuestro norte y más, cuando para la fecha de este artículo, la MUD representa el único canal reconocido por el Estado para la participación política; en consecuencia, debemos todos velar porque se fortalezca la Unidad, pues no estamos en tiempos de democracia.

Hasta ahora la MUD ha cumplido un importante papel, decisivo y positivo desde la Asamblea Nacional.   La MUD parlamentaria se ha convertido en una piedra en el zapato del gobierno, pero en momentos tan complicados, tan confusos y donde convergen tantos problemas, pareciera que ha llegado la hora de complementar esa MUD parlamentaria con una MUD política-electoral, que integre nuevos actores a las decisiones y que sin las ataduras de los compromisos y desafíos parlamentarios, puedan diseñar acciones de articulación y conexión con los ciudadanos a los fines de acompañar la defensa del Parlamento, de los propios partidos y enfrentar con mayor efectividad los desafíos que estos tiempos nos demanda.

La Asamblea no se puede descuidar por fines políticos partidistas, necesitamos como sociedad esa trinchera política, pero también necesitamos partidos políticos, como también necesitamos conducción política en Unidad, que salga de las paredes de la Asamblea Nacional, pero en la cual también aquella esté incluida.

Es el momento de reclamar por mayor Unidad, de velar como electores, porque los diputados sigan haciendo su labor política y parlamentaria, y que no se conviertan en promotores de la disolución de la mayoría en la Asamblea por los deseos personales de ser gobernadores; las generaciones futuras merecen un mejor país, y este es el momento para construir el camino para ese mejor país. La herramienta no es otra que más Unidad.

[1]Suspenden Congreso en Venzuela. 26 de agosto de 1999. Online en:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-919184

[2] EL UNIVERSAL.  ANC se enfrentó y reguló al legislativo.  26 de agosto de 1999.

[3] http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3443

[4]TSJ. Decisión del 5 de enero 2016. Online en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/184234-0001-5116-2016-15-0638.HTML

[5] 01 de abril de 2016.  Online en: http://globovision.com/article/calzadilla-no-hay-un-articulo-de-la-constitucion-que-argumente-decision-del-tsj