Carta del Director

Con este CNE puede haber elecciones, pero jamás una salida electoral

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Caracas, 13 de Mayo de 2016

Señores Diputados de la Mesa de la Unidad Democrática,

El pasado 28 de Abril tuvimos la oportunidad de compartir, en lo que en tiempos mejores fuese el Hemiciclo del Senado, una conferencia a la cual asistimos junto a los principales expertos venezolanos en materia electoral, además de un distinguido panel de expertos internacionales: Carlos Meléndez, experto peruano que trabajó en la exitosa reforma electoral de su país; Horacio Boneo, quien fue el fundador de la Oficina de Observación Electoral de la Naciones Unidas; y Edmundo Jarquín, ex-candidato presidencial que, tras haber luchado desde las filas del Sandinismo contra Somoza en Nicaragua, formó parte del gobierno de transición entre el Sandinismo y Violeta Chamorro y hoy, siendo Sandinista, se opone a quien fuese su compañero de armas, Daniel Ortega.

En esta conferencia el Diputado Enrique Márquez, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, y el Diputado Juan Guaidó, Vicepresidente de la Comisión de Política Interior y responsable de la reforma electoral, coincidieron sobre la urgencia de una reforma electoral a la que la Asamblea debería dedicarse durante este mes de mayo. Hoy, ante la confiscación que el CNE ha hecho del derecho a la participación política, obstaculizando el derecho a solicitar un referendo revocatorio ejercido por un número de ciudadanos equivalente a 10 veces el necesario de acuerdo a la Constitución, todo el país comienza a comprender por qué el oficialismo, al no tener los dos tercios en la pasada Asamblea para nombrar a los nuevos rectores del actual CNE, encargó con urgencia al Tribunal Supremo la ratificación de las mismas rectoras, y también comenzamos a comprender la importancia de tener un árbitro electoral imparcial y la necesidad de cambiar rectores y reglas si queremos darle una salida pacífica y electoral a la grave crisis política que atraviesa el país.

Durante años un CNE sin frenos institucionales terminó no sólo aplicando las leyes electorales con total arbitrariedad, sino escribiendo las reglas que como árbitro él mismo aplicaría a conveniencia del partido de gobierno. Es así como hemos visto a un CNE que mudaba las fechas de una elección presidencial para que un candidato desahuciado, que en ningún país con una institucionalidad medianamente responsable habría podido presentarse, compitiera y ganará su última elección para nunca ejercer el cargo y dejar un vacío de poder dos meses después del inicio de su período; o un CNE que decidió que elegir concejales no era importante y suspendió la renovación de los Concejos Municipales por un período completo; o uno que censura publicidad de la oposición e incluso de ONG´s y universidades, como ha sido el caso de Ciudadanía Activa y la nuestra a favor del voto a finales del año pasado; ello sin contar otros pecados como la permisividad en el uso inconstitucional de recursos públicos durante cada campaña y ahora la reinterpretación, meta-constitucional, de su propio reglamento sobre referendos para demandar condiciones que no están en la Constitución ni en ninguna ley, re-acomodando procedimientos y lapsos de forma tal de arrancarle a lo que la Constitución llama el soberano, pero que es cada día menos dueño de su destino, el derecho a decidir.

Es importante destacar que el comportamiento que hoy vemos en el CNE era totalmente predecible, y sobre ello escribimos varias veces durante los últimos años (ver columna El Faro en esta misma publicación y nuestro libro, El Desafío Venezolano, publicado en 2014). Los regímenes híbridos, como el venezolano, una vez que pierden su piso electoral y se debaten entre tolerar un cambio político o tratar de mantener el poder por otros medios, a lo primero que recurren es a un mayor control de los procesos electorales, lo que incluye el deterioro acelerado de la institucionalidad y las reglas electorales, que es justamente lo que estamos viviendo hoy.

Hoy, cuando estamos viendo la cara más arbitraria del CNE, meter al organismo electoral en cintura, nombrando rectores imparciales, serios y calificados, legislando sobre sus competencias, y estableciendo reglas claras, equitativas, justas y que le den a la gente la confianza de tener nuevamente un árbitro imparcial que haga valer su voluntad, y no la del gobierno de turno, es un tema no sólo prioritario sino en el que se juega hoy la paz misma del país.

No somos ingenuos, y comprendemos que tanto diputados como nuestros lectores se deben estar preguntando si nos hemos olvidado de la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia sentencie, una vez más, declarando inconstitucional una reforma electoral. No tenemos ninguna duda sobre la muy alta probabilidad de que ello suceda, pero tampoco tenemos dudas, después de haber medido lo que la opinión pública piensa de una reforma electoral, sobre cómo tal decisión se convertiría en un boomerang contra el TSJ, el CNE y el gobierno mismo, cuyos costos se traducirían en el estímulo a otras formas de expresión política en la medida que la gente sienta que se les cierra la vía electoral. Tampoco es cierto que la aprobación de una nueva legislación electoral implicaría el riesgo de que el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral justificara la postergación de elecciones porque la Constitución exige que los cambios legislativo-electorales deben hacerse con seis meses de anticipación a cualquier elección. Las próxima elección de gobernadores debe celebrase para el mes de diciembre, o sea dentro de siete meses, y si por alguna razón su aprobación de produjera después de junio, para ello existe lo que se conoce como ¨vacatio legis¨. Si hay voluntad de parte de la Asamblea, hay tiempo.

Independientemente de su aislamiento institucional, que ya no sorprende a nadie, corresponde a la Asamblea Nacional la responsabilidad de legislar y ejercer las competencias que le son propias por mandato constitucional y para lo cual fue elegida, y tendrán las demás instituciones que decidir sobre su propia actuación y asumir sus responsabilidades por las consecuencias de atreverse a cerrar la vía electoral para la resolución de un conflicto que no podrá ser suprimido y buscará, como el agua, su salida por cualquier grieta disponible, con el riesgo de colapsar toda la estructura estatal.

Benigno Alarcón Deza

Director

Centro de Estudios Políticos

Universidad Católica Andrés Bello

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