Caracas, 8 de julio de 2016

Durante las últimas semanas, desde que finalizó la validación biométrica del 1% de los electores convocantes al referéndum revocatorio, tanto gobierno, como actores pro-oficialistas y Consejo Nacional Electoral, se han alineado en una estrategia comunicacional centrada en justificar la no realización del referéndum revocatorio y otorgar un carácter conspirativo a cualquier iniciativa de la oposición orientada a presionar la demanda por lograr la materialización de la consulta durante este año.

Esta alineación estratégica del gobierno en torno a discursos coincidentes que se han expresado desde José Vicente Hoy, en los actos militares del 5 de Julio, las alocuciones de Maduro, Cabello y Rodríguez, y en el día de ayer, 7 de julio, de Tibisay Lucena, son una clara evidencia no solo de su coincidencia en objetivos, sino también de los elevados costos que acarrearía la pérdida del control sobre el poder para los actores discursivamente alineados.

Hemos dicho, ya hasta el hastío, que las posibilidades de una transición están relacionados con la existencia de unos costos de represión relativamente más elevados que los costos de tolerancia, o sea aquellos asociados con las consecuencias de perder el poder. El comportamiento de los actores gubernamentales nos están diciendo alto y claro que los costos de tolerancia por ellos percibidos son inmensamente más altos que los costos de represión presentes.

Al día de hoy resulta evidente, de la negativa a permitir el referéndum revocatorio por parte de los actores gubernamentales, que están conscientes de que tal medición implicaría su salida inmediata, y también es evidente que ante la falta de una base electoral suficiente se apuesta a la capacidad represiva, haciendo a la Fuerza Armada parte del gobierno a fin de elevar sus costos de tolerancia a un cambio que implicaría su regreso a los cuarteles, además de posibles investigaciones y sanciones.

La tarea de la oposición, entonces, debe centrarse en invertir dichos costos, haciendo que los de represión se eleven y los de tolerancia se reduzcan, lo cual solo excepcionalmente se logra tocando a una sola de estas variables, o sea elevando los costos de represión, por ejemplo mediante la protesta, o reduciendo los de tolerancia mediante la negociación. En la mayor parte de los procesos de transición que se han producido a partir de 1990 esto se ha logrado mediante estrategias que buscan elevar los costos de represión al tiempo que se reducen los costos de salida para quienes ocupan el poder. Y esto se puede explicar porque en la mayoría de los casos el único incentivo que los actores gubernamentales tienen para negociar está relacionado con las consecuencias que se derivarían de pretender mantener el poder por la fuerza ante una escalada de la movilización política y la protesta. Es justamente éste el escenario al que el gobierno teme y trata a toda costa de satanizar y evitar.

Benigno Alarcón Deza

Director

Centro de Estudios Políticos

Universidad Católica Andrés Bello