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Un día para recordar (II)

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José Gregorio Delgado Herrera – 15 de julio de 2016

Acciones desde la OEA

Artículo 20

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

A partir de una solicitud formal de la Asamblea Nacional ante el Secretario General de la OEA, se logra activar el mecanismo previsto en el Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, mediante la presentación del Informe correspondiente.

El jueves 23 de junio se concretó la convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, para discutir la situación de Venezuela. A la vista de la Cancillería y la Delegación de Venezuela ante la OEA, este procedimiento es contrario a las normas del Organismo Regional y se intentó que el punto único del orden del Día no se concretara. Sin embargo, sometida a votación, esta propuesta resultó negada por el voto de 20 países, mientras que 12 respaldan la propuesta de Venezuela y se dan 2 abstenciones.

Realizada la presentación del Informe por el Secretario General de la OEA, el Abogado Luis Almagro, se dio el Derecho de palabra a las distintas delegaciones. Al final, los diplomáticos toman nota del contenido expuesto en el señalado Informe y se acuerda dejar constancia de su contenido y de los aportes de los diferentes países.

Es un día histórico para la vida institucional de la OEA, en particular por la aplicación directa del señalado artículo 20 y la importancia de tomar en cuenta en el aspecto de los argumentos expuestos en el Informe del Secretario General, las referencias a los artículos 3 y 4 del referido instrumento internacional, en el cual se expresa lo siguiente:

Elementos esenciales de la democracia representativa

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Componentes fundamentales del ejercicio de la democracia

Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

 

Para salir adelante a las consideraciones que justifican y dan validez plena al Informe presentado en el transcurso de las intervenciones, la gran mayoría agradece al Secretario General la información suministrada que se toma como un aporte más para analizar la situación de Venezuela, igualmente, se deja constancia que la actuación del funcionario se sustenta en las normas vigentes de la OEA, además del citado artículo 20, se mencionan los artículos 2b y 110 de la Carta de la OEA, insistiendo que es parte de un procedimiento normal en la búsqueda de una solución pacífica y el acompañamiento internacional a la situación existente en Venezuela, para dar apoyo y contenido al diálogo que se encuentra en la fase exploratoria.

A la vista de los argumentos expuestos por el Dr. Almagro, la defensa de los principios de la OEA y de su misión fundamental de contribuir con la Democracia y la plena vigencia de los Derechos Humanos, resultan sin fuerza los planteamientos de la Ministra del Poder Popular parea las Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, que califica el Informe de fraudulento, mentiroso, injerencista, intervencionista y partidario de la oposición, sin cifras oficiales, y lo califica de “adefesio ideológico”. Lo cierto es que ya es un documento oficial de la OEA.

El tema queda abierto, pues los países seguirán con su monitoreo a Venezuela, un Derecho que tiene el pueblo venezolano en la protección de su derecho a la Democracia y una garantía del Estado de Derecho Hemisférico.

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En este punto, la OEA no es un tribunal ni está juzgando a Venezuela, como lo afirma Rodríguez. Coincido en que es el foro internacional apropiado para los problemas que vive Venezuela, como lo señalaron otros diplomáticos, es lamentable la poca diplomacia y el estilo de esta funcionaria venezolana, que solo descalifica al autor del Informe y su contenido, sin argumentos o consideraciones válidas para rebatir el contenido de 132 páginas y un resumen de media hora presentado por el Abogado Almagro.

Entre las propuestas el informe en referencia se insiste en considerar los elementos que atentan contra la Democracia y los Derechos Humanos, así como en rescatar la necesidad del referendo revocatorio y el pleno respeto a las disposiciones constitucionales de Venezuela, sin olvidar la solicitud de liberación de los presos políticos. Tomando en cuenta que su contenido es un trabajo de equipo, lo justo y apropiado sería el análisis y la evaluación, como insumo para guiar las acciones futuras de la OEA, a partir de toda la documentación y los datos expuestos. En todo caso, no es un documento “archivado”, como afirma nuestro embajador ante la OEA, Bernardo Álvarez, más bien es el eco de la voz de muchos venezolanos que día a día padecen la situación de crisis humanitaria, y que logran usar la vía del Secretario General para dejar constancia de los hechos.

El día del Informe ante la OEA se recordará como la expresión de la importancia del análisis jurídico para una situación de crisis generalizada, que sigue siendo negada por los voceros del gobierno de Venezuela, aunque, la padece el pueblo en aspectos económicos, sociales y políticos que se han calificado como un problema nacional que refleja una crisis humanitaria.

Si se le busca a esta presentación un sustento jurídico sería la violación del Derecho a la Democracia, previsto en la Carta Democrática Interamericana, y un desmejoramiento generalizado de los Derechos Humanos del pueblo venezolano, por violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la referida Carta de la OEA.

En este contexto tiene sentido que se insista en el referendo revocatorio del Presidente de la República como un elemento que contribuye a subsanar la situación descrita. Púes los contenidos del informe tienen un componente que se refiere a las políticas públicas equivocadas que caracterizan la gestión de Nicolás Maduro Moros, y los esfuerzo que ha hecho el Gobierno y los Poderes Públicos no autónomos, para descalificar a la Asamblea Nacional, electa popularmente el pasado 6 de diciembre de 2015 y para obstaculizar la realización del Referendo Revocatorio, un derecho político específico que se ve como una salida pacífica, constitucional y electoral para la crisis descrita en el Informe del Secretario General de la OEA.

En estas circunstancias, la crisis afecta a las poblaciones más vulnerables, los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, sin olvidar a los enfermos que no tienen acceso a medicamentos e insumos en los hospitales, donde se repite la suspensión de operaciones. Es una realidad que no se puede ocultar con un discurso altisonante en la OEA. En general todo el pueblo venezolano, partidario del gobierno, de la oposición y los no alineados con estas opciones padecen la crisis multidimensional actual.

Se cuestiona la legitimidad de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, instancia elegida democráticamente, al momento de solicitar al Secretario General de la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana. Nadie niega la legitimidad de origen del Presidente Maduro, lo que se argumenta es su ilegitimidad en cuanto a los resultados de su gestión, así como la alteración de los parámetros democráticos, con el apoyo del TSJ que bloquea las acciones de la AN, olvidando que esta instancia parlamentaria también tiene un origen democrático mediante la expresión de la voluntad popular. El boletín, remitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los partidos, indica que la MUD obtuvo 7.707.422 votos, lo que representa el 56,2 %, mientras que el chavismo logró 5.599.025 votos, un 40,8 %. En las elecciones presidenciales de 2013, el candidato opositor Henrique Capriles obtuvo 7.363.980 votos, lo que representó el 49,12%, según los resultados publicados por el CNE. Nicolás Maduro consiguió entonces 7.587.579, un 50,61%, de acuerdo con los mismos datos oficiales. La participación fue en esas presidenciales del 79,68%, mientras que en las parlamentarias del domingo fue del 74,25%.

En el ambiente hay las amenazas del Presidente Maduro a la Junta Directiva de la AN, mediante acciones judiciales, sin olvidar los intentos de disolución de la AN que una mayoría calificada a favor de la oposición, a seis meses de la elección e instalación el Estado Amazonas permanece sin representación parlamentaria, y en repetidas sentencias se ha bloqueado la labor parlamentaria, lo último es que desde los partidos del GPP, que respaldan al Gobierno, se insiste en la posibilidad de la disolución de la AN ¿Quién defiende el voto popular manifestado en respaldo al cambio en la composición de la instancia parlamentaria? Y todavía se insiste en que no hay “alteración del orden constitucional”.

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