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Caracas, 3 de febrero de 2017

Es tiempo de que quienes pretendemos cambiar el país comprendamos que ello no será posible sin un cambio de paradigma que implique un nuevo pacto social y político por la Democracia. Después de que la Mesa de la Unidad Democrática ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, con una mayoría calificada que superó sus propias estimaciones, se generó en la oposición un ambiente de euforia por lo que muchos consideraban el fin de 16 años de la hegemonía del partido de gobierno y la oportunidad de iniciar un nuevo camino hacia una transición democrática. Lamentablemente, hemos visto como las esperanzas y los sueños se frustraban y desvanecían, una vez más, dejando un sabor amargo para muchos que apostaron a que 2016 sería el año del cambio. Efectivamente fue un año de cambios, pero no de los que hubiésemos querido, sino un año en el que se aceleró un proceso de cierre político y autocratización de un régimen que, en la medida que se hace menos competitivo electoralmente, se vuelve mucho más autoritario.

Y es que, pese a que algunos prefieren seguir viendo el proceso venezolano como algo inédito, la verdad es que de original no tiene nada, y el camino que el régimen sigue no es más que la copia al carbón de los procesos que ya otros muchos países han vivido con anterioridad. En el caso de los regímenes autoritarios personalistas, en los que tras un largo periodo de dominación el líder desaparece repentinamente, como sucedió con Chávez en Venezuela, solo el 4% han logrado impulsar un cambio político en los cinco años siguientes, lo que se explica por la cohesión de la cúpula gobernante y la autocratización del régimen para sobrevivir la crisis y evitar los costos asociados a una perdida repentina del poder.

Pero si bien es cierto que todas las estadísticas parecieran estar en nuestra contra, vale la pena tratar de comprender en qué radicó el éxito de ese pequeño porcentaje que sí lo logró. En alrededor del 70% de los casos exitosos, el cambio se produjo como resultado de la presión social y política que tuvo su principal expresión en protestas que se masificaron progresivamente hasta forzar la renuncia del régimen o una salida electoral. La casi totalidad de los casos restantes el cambio fue producto de un golpe militar, muchas veces precedido del intento del gobierno por reprimir protestas crecientes en participación y frecuencia.

Evidentemente, un golpe de estado no es la salida deseable para ninguna oposición democrática, que termina siendo un espectador más sin control sobre la evolución y el desenlace del proceso, como sucedió con Mubarak y luego con el golpe militar contra los hermanos musulmanes en Egipto durante la primavera árabe.

Pero, como también lo demuestran otros estudios, la presión social y política que es capaz de generar cambios de régimen involucra normalmente la activación permanente y disciplinada de un 3% de la población nacional, en nuestro caso alrededor de un millón de personas.

Si bien es cierto que protestas hay todos los días, e incluso que estas cifras de movilización ya se han alcanzado en Venezuela en momentos como el año 2002, cuando se produjo la renuncia momentánea de Chávez, y algunos dicen que en septiembre del año pasado, estos no han conseguido resultados sostenibles porque, lejos de ser procesos estructurados que responden a un proyecto sustentable, han sido más bien eventos accidentales que cuando suceden terminan sorprendiendo a todos, incluso a sus propios convocantes, sin que nadie sapa qué hacer con la gente cuando responde de manera masiva al llamado, lo cual termina en una gran frustración colectiva.

Acometer los retos que hoy implica la democratización del país pasa por la construcción de un nuevo paradigma que implica un nuevo pacto social y político que sea capaz de activar a la sociedad de manera inteligente en la lucha por una nueva democracia. Muchos de los procesos de transición democrática por la vía electoral, como el de Chile, tras la pérdida del referéndum por Pinochet, se dieron por error de cálculo de un gobierno que apostó que por tener el poder podía garantizarse los resultados electorales. Esos errores son hoy cada día menos frecuentes porque, como se dice en el argot popular, los rusos también juegan (y aprenden a jugar).

Es por ello que las salidas institucionales y electorales por la que muchos líderes bien intencionados de la oposición claman no será posible sin presión social y política. Toda salida institucional implica cooperación de otras instituciones que ni son independientes ni están bajo el control de la oposición. Lección duramente aprendida tanto con el desconocimiento institucional de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional y la desincorporación de los disputados de Amazonas, como con la suspensión de la recolección de firmas para el referéndum revocatorio.

No importa que la mayoría del país hoy se oponga a la continuación de este modelo económico y político si esa oposición es pasiva. La pasividad implica, consciente o inconscientemente, sumisión. La salida pacífica y electoral es algo que los partidos no pueden imponer discursivamente o por sí solos. Una salida pacífica solo es posible si es impuesta a través de la presión social y política, lo cual implica la construcción de un nuevo modelo de oposición inclusiva y no de cogollos, porque los partidos políticos solos jamás podrán impulsar los procesos que se requieren para materializar un cambio democrático. Es necesario un nuevo pacto por la democracia que incluya a todos los sectores que sean capaces de convertir esa oposición pasiva en activa. No hacerlo equivale a renunciar a una parte importante de sectores movilizables de la sociedad.

Sin la participación de la gente decente, que es la gran mayoría de nuestro país, y sin hacernos conscientes de nuestro rol como ciudadanos, nada puede cambiar, pero cuando lo hagamos, nada podrá detenernos. Solo la gente tiene el poder para hacer realidad este cambio.

Benigno Alarcón Deza
Director
Centro de Estudios Políticos
Universidad Católica Andrés Bello

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