Enfoque Político

El país no se acaba, la democracia sí

Foto: Prensa Presidencial

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Juan Manuel Trak – 8 de junio de 2017

En los últimos meses, Venezuela ha sido testigo de un ciclo de protestas muy agudo. Luego de más de 65 días de manifestaciones todas las semanas, y con más de medio centenar de muertos producto de la ingobernabilidad, no parece haber solución política a un conflicto cuyo único origen es la ausencia de preferencias democráticas en el seno del gobierno nacional.

Mientras Chávez vivió y la renta petrolera era alta, las elecciones fueron un mecanismo eficaz para dotar al régimen de una legitimidad mínima a los ojos de la mayoría de los venezolanos y la comunidad internacional. Si bien las condiciones electorales no cumplían con los niveles de integridad mínimos para considerar que la competencia era libre, justa y equitativa, lo cierto es que los resultados electorales reflejaban lo que las personas votaban. Tanto es así que en las elecciones parlamentarias de 2016, probablemente las más inequitativas luego de las presidenciales de 2013, el volumen de votos a favor de la oposición y un diseño electoral que sobrerrepresenta a la mayoría permitieron que la Mesa de la Unidad Democrática alcanzase las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

Ese día el gobierno aprendió una lección: sin carisma y sin exceso de dinero no podemos ganar elecciones. De allí que el Consejo Nacional Electoral se inventó todas las trabas posibles para impedir el referéndum revocatorio, así como la omisión de convocar las elecciones regionales correspondientes a diciembre de 2016. Desde ese día el gobierno ha buscado una fórmula para cambiar el sistema electoral y transformar las elecciones en un acto de votación en el que no se elige. Luego de año y tres meses desobedeciendo la constitución con la anuencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno lanza la constituyente como método para tener una Ley Habilitante permanente. La Asamblea Nacional Constituyente es la excusa para saltarse todos los controles que la Constitución establece al gobierno por parte del parlamento: aprobación de presupuesto, presentación de memoria y cuenta, aprobación de contratos de interés nacional y deudas; a lo que se añade la facultad legislativa propia de la Asamblea Nacional y nombramiento de los miembros de los poderes públicos, entre otras.

Foto: AVN

En resumen, el gobierno no acepta el control democrático de sus acciones. Por un lado niega a los ciudadanos que puedan evaluar su gestión mediante actos electorales auténticamente democráticos, al tiempo que niega la facultad del parlamento de exigir cuentas de sus acciones. En ese escenario el Presidente Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela han preferido sustituir el apoyo popular por el apoyo militar, y el control parlamentario por la sumisión institucional. De allí que, una vez cerrados los mecanismos institucionalizados para la resolución de conflictos políticos, una parte importante de la sociedad venezolana salió a la calle a protestar. Más allá de las deficiencias organizativas o estratégicas de la Mesa de la Unidad Democrática, el movimiento social y político que se ha gestado es producto de la frustración acumulada que el gobierno ha generado en los venezolanos como consecuencia de su incapacidad de satisfacer las demandas de bienes y servicios de la sociedad. El hambre y las enfermedades endémicas azotan a la población más humilde, la clase media está cada vez más golpeada y las empresas venezolanas en crisis. Únicamente los amigos importadores del gobierno, funcionarios de alto nivel y altos mandos militares se benefician de los pocos recursos que ingresan al país, y esa desigualdad producto de la corrupción no pasa desapercibida a los ojos de los venezolanos.

La Asamblea Nacional Constituyente, en los términos planteados por el presidente y aceptados de manera acrítica por Tibisay Lucena, constituye el capítulo final de lo que otrora fue una de las democracias más importantes del región. Eso no significa que el país o la nación deje de existir, sino que la relación de la comunidad política con el Estado va a ser transformada de tal manera que la condición de ciudadanía será sustituida por la de súbdito, vamos a dejar de ser sujetos de derecho para pasar a ser objetos del partido de gobierno. Mientras tanto, seguiremos tratando de hacer una vida “normal”, el país tratará de seguir manteniendo cierta rutina; pero en el fondo se habrá perdido la democracia. El país seguirá existiendo, pero no volverá a ser el mismo, sea cual sea el desenlace de esta crisis, pues la democracia ha muerto.

 

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