Opinión y análisis

El Estado de Derecho en la Venezuela herida de hoy

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María Fernanda Guevara Riera  –  7 de julio de 2017

A lo largo de la historia de Occidente el problema del monopolio del poder y la amenaza de la configuración y establecimiento de los Estados totalitarios han sido la sombra contra la cual han debido luchar todas aquellas sociedades convencidas en los ideales que la Revolución Francesa nos donó y en los Derechos Humanos que la respaldan. Como sociedad occidental, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, hemos debido enfrentar como reto el cómo conciliar el valor de la autonomía del sujeto sobre el cual descansa el orden demócrata liberal y el hallar los justos equilibrios en dicha organización política que le permitan al individuo concreto tanto el desarrollo de su libertad como el bienestar colectivo.

La sociedad civil y el Estado de Derecho constituyen nuestro gran acierto en teoría política en la medida en la cual es, a través de su mutua participación, como el control del Estado requerido para que funcionen las cosas no se convierta en dominación. Precisamente para respetar las democracias que nos permiten construirnos y reconstruirnos en libertad, los intereses de aquellos más favorecidos socialmente no deben negar los intereses de los menos favorecidos, más bien, se deben articular mediante la facultad jurídica que limite las áreas de competencia y otorgue oportunidades justas. De forma tal que una democracia es de facto un Estado de Derecho si existe una sociedad civil plural que vele por el equilibrio de las oportunidades sociales de todos los miembros de la polis y combata las injusticias sociales.

Al mismo tiempo, el Estado de derecho debe ser eficiente. La eficiencia de un Estado es muy distinta a la eficiencia de un sistema económico. Mientras el segundo busca la maximización de la productividad, el primero apunta a la paz, la seguridad y la realización de sus ciudadanos. Todo esto se dirige a garantizar la libertad real, concreta, y por ende no sólo formal del individuo de forma tal que éste pueda planificar su vida personal, privada y pública. Esta libertad para ser efectiva debe articularse sobre la base de la posibilidad de predecir las conductas del Estado, por ello, éste ha de ser racional e institucional en su proceder, rápido en sus ejecuciones a favor del bienestar colectivo y convincente para crear un amplio margen de consenso.

A la luz de lo anterior, específicamente en la Venezuela herida de hoy, no todo Estado con derecho es un Estado de Derecho, pues “éste implica sometimiento del Estado al Derecho, a su propio Derecho, regulación y control de poderes y actuaciones todas del Estado por medio de leyes, creadas éstas además según determinados procedimientos de alguna abierta y libre participación popular, con respeto pues para derechos fundamentales concordes con tal organización institucional” (*)

Estos derechos fundamentales incluyen la justicia social y, por ende, una sociedad demócrata controlada por sus ciudadanos que participen evitando que las desigualdades de poder político, económico o social no sean excesivas y que efectivamente dichos poderes se encuentren al servicio de las necesidades de la sociedad que los alberga. El Estado de Derecho depende de la colaboración de sus ciudadanos: incumbe a todos los individuos exigirle respeto al Estado de las libertades y de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Cuando el Estado viola la norma de derecho, la responsabilidad recae sobre el Estado, sobre sus órganos y poderes, sobre representantes y gobernantes porque éstos están siempre obligados a actuar en el marco de la Constitución y en el marco de las demás normas jurídicas que presuponen las democracias occidentales.

De forma tal que la eticidad de los ciudadanos demócratas sustenta y conserva el Estado de Derecho y, a su vez, se espera que dicha eticidad sea correspondida con la eticidad de los gobernantes. La obediencia y la orientación al bien común de los funcionarios públicos son elementos indispensables para que el sistema funcione. Los gobernantes de un Estado de Derecho no pueden ejercer sus cargos públicos sin una ética política que conjugue los dos factores anteriormente señalados.

En la Venezuela herida de hoy todos los ciudadanos estamos en una lucha por el Estado de Derecho. Los venezolanos demócratas hemos asumido nuestra responsabilidad ciudadana de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas constitucionales y evitar el cerco totalitario. Muchos jóvenes han dado su vida en nuestras manifestaciones pacíficas buscando caminos demócratas que restituyan el Estado de Derecho en nuestra Nación demostrando que la libertad socialmente comprometida construye conciencia nacional. Las vejaciones, maltratos y ultrajes a nuestra ciudadanía por parte de aquellos que detentan el poder en la Venezuela herida de hoy deben hallar salidas institucionales que nos permitan reconstruir nuestro tejido social.

Nos quieren imponer un Estado de Derecho como mera fachada y no lo podemos permitir porque Venezuela ya está sanando. La Venezuela herida de hoy está comprometida en alcanzar a ser una polis sana, en vencer el cerco dictatorial y en lograr un futuro promisorio para todos los venezolanos.

Hemos apostado por ello, sin duda alguna.

 

Referencia bibliográfica:

(*) DÍAZ, E., “Estado de derecho”, en Filosofía política II. Teoría del Estado, Madrid, Trotta, 1996, p.63.

 

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