Carta del Director

¿Y ahora qué?

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Caracas,  04 de agosto de 2017

Tras los esfuerzos de la MUD, la Asamblea Nacional, y la sociedad toda por detener la imposición del régimen de una asamblea constituyente, el 30 de julio, en medio de protestas y un fraude electoral sin precedentes, se realizó la elección de los constituyentes que,  ahora con poderes supra-constitucionales, pretenden regir los destinos del país. Tratemos en nuestra carta de hoy de despejar algunas dudas sobre qué viene ahora.

Intentaré responder preguntas que parecen ser el centro de las preocupaciones y discusiones de todo el mundo desde el domingo.

¿A partir de la elección de la asamblea constituyente podemos decir que estamos en dictadura?

La palabra “dictadura” ha venido siendo usada de manera genérica en Venezuela, quizás por el dramatismo con el que nos permite expresar el hecho cierto de que no estamos en democracia. Pero la realidad es que desde mucho antes de que esta asamblea constituyente fuese electa –e incluso antes de que Maduro fuese investido como Presidente– el Gobierno venezolano ya no era considerado por ningún índice internacional como una democracia, sino como un régimen híbrido: uno autoritario que se preocupa por mantener un piso político que le permita competir electoralmente para lograr, mediante su legitimidad de origen, imponer sus decisiones.

A partir de la elección de esta asamblea constituyente, el régimen, sabiendo que ya no es posible mantener el poder por la vía electoral, da el primer paso para transitar desde su forma híbrida a lo que se conoce como un autoritarismo hegemónico. Lo electoral pasa a un segundo plano. Su estabilidad depende mucho más del uso de la fuerza. Eso se hace evidente en declaraciones como las previas al primer boletín del Consejo Nacional Electoral, en la que una cúpula militar –en uniforme de campaña– nos anunció su decisión de implementar una “etapa superior” de un plan de seguridad para garantizar la “autoridad democrática”.

El que esto no pueda ser calificado como dictadura –por razones técnicas que no son materia de este artículo– no hace la situación menos grave, si comprendemos que los autoritarismos evolucionan y se adaptan a las nuevas realidades.

¿Cuáles son las consecuencias de este tránsito desde un régimen híbrido a un autoritarismo hegemónico?

La primera consecuencia es la desaparición de la competitividad electoral. El régimen ya no puede ganar elecciones, por lo que, a diferencia de los tiempos en los que el gobierno tenía la ventaja electoral, los comicios se reducirán a aquellos que el régimen no pueda evitar, y se celebrarán bajo condiciones que implican una mayor asimetría  en la competencia electoral, con poca o ninguna transparencia y un ventajismo nunca visto, que se expresará en cambios de las reglas electorales, inhabilitación de partidos o líderes políticos, control sobre la propaganda electoral y de la presencia de la oposición en medios de comunicación, hasta la implementación progresiva de un régimen de partido único. Al menos, de uno en donde los partidos de oposición legalmente reconocidos sean decorativos e incapaces de competir en términos reales contra el régimen.

¿La asamblea constituyente eliminará a la Asamblea Nacional?

Depende del cálculo costo-beneficio de quienes al fin logren el control de la constituyente. Hasta el presente, el régimen ha sido capaz de neutralizar a la Asamblea Nacional con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, sin tener que cerrarla. Esto le ha permitido hacer control de daños tras su derrota de 2015, sin incurrir en los costos políticos –internos y ante la comunidad internacional– de asumir un golpe contra el Poder Legislativo.

Hasta ahora pareciera que el conflicto puede mantenerse en los mismos términos, al contar con una institución supra-constitucional como la asamblea constituyente, que tiene más poder que el Tribunal Supremo de Justicia. La decisión final dependerá del balance entre radicales y moderados en la constituyente y la capacidad que el régimen tenga para neutralizar a la Asamblea Nacional, sin tener que eliminarla.

¿La asamblea constituyente eliminará la propiedad privada, la patria potestad, entre otras medidas que los venezolanos tememos desde tiempos de Chávez?

No. Si Chávez no pudo en su momento, aun cuando tuvo el mayor respaldo político para hacer casi cualquier cosa, un régimen que tiene como prioridad su supervivencia no se complicará abriendo nuevos campos de batalla.

¿Para qué le servirá entonces esta asamblea constituyente al Gobierno?

En principio, para tratar de implementar decisiones que los límites establecidos en la  Constitución vigente no le permiten al Gobierno: aprobar presupuestos, contratos y endeudamiento, que no son posibles sin aprobación del Parlamento. Legislar sobre materias en las que el Gobierno no puede contar con la cooperación de la Asamblea Nacional: la calificación de actividades políticas como delitos, la procedencia de procesos penales en jurisdicción militar; el control de medios de comunicación tradicionales y alternativos, las limitaciones y penalizaciones a la libertad de expresión, o la despenalización de la represión. Además, el nombramiento de autoridades, como una nueva Fiscal General de la República, entre otras medidas, que incluyen modificaciones de las reglas constitucionales y legales, adaptadas a las necesidades de un régimen que tratará de mantener el poder y la gobernabilidad sin contar con el piso de legitimidad que lo sostuvo.

¿La asamblea constituyente resolverá la situación de crisis social y económica del país?

No. Esta constituyente no tiene forma alguna de resolver, y ni siquiera de mejorar la situación económica y social del país. Por el contrario, es más probable que la empeore.

No hay duda de que ante la negativa de la Asamblea Nacional a autorizar nuevos endeudamientos pretendidos por el Ejecutivo, éste tratará de que sea la constituyente la que ejerza esas competencias del Legislativo. Ya hay cuestionamientos a la legalidad y legitimad de la constituyente, así como desconocimientos hacia ella por un número importante de gobiernos. Ante la baja capacidad de pago del país, ni los organismos multilaterales ni la banca internacional estarían disponibles para financiar a Venezuela, limitándose las posibilidades a regímenes afines, como China y Rusia, y a inversionistas con una muy alta tolerancia al  riesgo, que son siempre costosos y pocos.

¿Qué va a pasar con la Fiscal General de la República?

Al igual que en el caso de la Asamblea Nacional, todo dependerá del cálculo costo-beneficio de quienes controlen la constituyente. El control de daños sobre las acciones de la Fiscal ha sido hasta ahora posible gracias a la subordinación del Poder Judicial el Ejecutivo. En sentido opuesto, la posición de la Fiscal ha privado al régimen del uso de la jurisdicción penal ordinaria como una importante herramienta represiva y le ha obligado a depender de la jurisdicción militar. Esto ha generado costos adicionales a los hombres de uniforme, al convertirlos en el centro, casi exclusivo, del ejercicio represivo en sus múltiples modalidades. Tal balance costo-beneficio pareciera inclinar la balanza hacia la necesaria destitución y reemplazo de la Fiscal General a través de una decisión de la asamblea constituyente, a menos que existan entretelones que no conocemos y que harían costosa su remoción.

¿Se consagrará el enjuiciamiento militar a civiles?

Sí. Es previsible que la élite militar exija a la asamblea constituyente legislar sobre la materia para dar sustento jurídico al procesamiento militar de civiles. A todo evento, es previsible que, en caso de que el régimen recupere el control sobre la Fiscalía General de la República, el uso de la jurisdicción militar pase a ser excepcional nuevamente, a los fines de reducir sus costos para la institución militar y distribuirlos entre los jueces civiles.

¿Habrá elecciones de gobernadores?

Depende de que el régimen pueda controlar los resultados. Si la Oposición no participa en tales elecciones, sin lugar a dudas habrá un gobernador oficialista en cada estado del país. Si la Oposición decide participar, el régimen tendría que decidir entre seguir adelante –permitiendo que la Oposición gane algunas gobernaciones– mientras inhabilita partidos y candidatos. Así reduce la competencia, ejerce el fraude en aquellas gobernaciones que no está dispuesto a entregar, o suspende la elección por una decisión de la asamblea constituyente, hasta tanto haya nuevas reglas electorales que –como en el caso de la asamblea constituyente– permitan al régimen el control sobre los resultados.

¿Cabe esperar que en adelante los resultados de toda elección sean fraudulentos como los del 30J?

No. El fraude es muy fácil de ejecutar cuando nadie vigila el proceso, como sucedió con la constituyente, donde solo participó el oficialismo. La situación es distinta cuando hay observación electoral y participación de candidatos que representan a otros partidos y que, por lo tanto, tienen derecho a colocar testigos en cada mesa de votación. Asimismo, existen metodologías estadísticas que permiten la estimación de resultados y el conteo en paralelo con bastante precisión, lo cual dificulta el fraude, como ha sucedido en procesos anteriores en los que el régimen ha perdido y no ha podido desconocer los resultados. La existencia de estas garantías mínimas, con las que todo proceso electoral hasta ahora ha contado, no hacen imposible la manipulación, pero sí su ejecución sin que se sepa, lo cual implica enormes dificultades para que se reconozca un resultado fraudulento dentro y fuera de Venezuela, con los riesgos que ello implica.

¿La elección de la asamblea constituyente implica la derrota de la oposición y el fin del conflicto?

Ni una cosa ni la otra. La elección de una asamblea constituyente es un paso más del régimen hacia su cierre político (autocratización) en su intento por mantenerse en el poder sin tener el apoyo político ni los votos para ello.

La implementación de decisiones fuera del marco constitucional, valiéndose de la asamblea constituyente, lejos de acabar con el conflicto lo agudizará, generando nuevas escaladas. El régimen se coloca bajo el tutelaje de la Fuerza Armada. Sin su apoyo no le será posible gobernar ni mantener el poder. Esta dinámica generará tensión permanente con un equilibrio muy frágil. Se pasaría de períodos de estancamiento –en el que la confrontación y la protesta parecen extinguirse– a nuevas escaladas que pueden iniciarse por motivaciones sociales, económicas o políticas.

¿Es posible retornar a una democracia desde un autoritarismo hegemónico?

Sí, es posible recuperar la democracia. Pero también es cierto que en la medida en que el régimen tenga éxito en su proceso de autocratización, a través de la imposición de las decisiones de la asamblea constituyente, las dificultades para lograrlo serán cada vez mayores. Hoy, más que nunca, los factores democráticos del país tendrán que actuar con una mayor coordinación y criterio estratégico y no haciendo de la estrategia una especie de Frankenstein, armado con los retazos de consensos incoherentes y mal entendidos. Así juntados no tendrían ninguna lógica ni posibilidad de producir el anhelado cambio democrático.

Cuando un maestro del ajedrez mueve una pieza en el tablero, lo hace con las próximas jugadas –propias y ajenas– ya en mente. Por ello, su juego tiene fluidez, coherencia estratégica y posibilidades de éxito. Si colocamos a un jugador intermedio de ajedrez contra cuatro jugadores avanzados que se turnan en el tablero sin ponerse de acuerdo en la estrategia, el intermedio tendría una buena oportunidad de ganar. Imaginemos las probabilidades si el jugador avanzado es uno y quienes se turnan en el tablero sin ponerse de acuerdo son los intermedios…

 

Benigno Alarcón Deza 

Director 

Centro de Estudios Políticos 

Universidad Católica Andrés Bello

 

 

 

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