Opinión y análisis

El comodín del régimen: la ANC

Foto: AFP

Carlos Romero Mendoza

21 de octubre de 2017

La Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en un actor político que opera como comodín del régimen para justificar acciones que persiguen el control absoluto del Estado. Su ilegitimidad e inconstitucionalidad poco importan al régimen, pues su utilidad política como espacio para cohesionar a sus seguidores es lo que más les interesa.

En tal sentido, el PSUV encomendó a la dirigencia de su partido decir que las elecciones las había autorizado la Asamblea Nacional Constituyente, de manera que se pudiera ir posicionando la tesis de que gracias a la Constituyente es que se logró realizar esas elecciones que tenían en mora al menos 10 meses.

La intención de posicionar esa tesis es facilitar el camino para exigir como requisito que los gobernadores electos se subordinen a la Asamblea Nacional Constituyente antes de juramentarse en el cargo[1]. En el mes de agosto, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral, el Poder Judicial y el propio presidente Maduro, han visitado a la Asamblea Constituyente para expresar su reconocimiento y subordinación a sus decisiones.

El modelo federal descentralizado del Estado y el principio de separación de poderes son ignorados y desconocidos de manera expresa por esa Asamblea Nacional Constituyente, que además de inconstitucional e ilegítima, es desconocida como válida por otros gobiernos del mundo, y su existencia en la dinámica política profundiza la ruptura del orden democrático y constitucional que denunció sistemáticamente la Asamblea Nacional durante el año 2016 e inicios del 2017.

El 12 de agosto de 2017, mediante un documento al que llaman Decreto Constituyente, la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente ordenó la reprogramación de las elecciones regionales para octubre 2017 en el marco del calendario electoral;  en tal sentido, Tibisay Lucena, en su condición de presidenta del CNE, admitió  que la elección regional, que originalmente iba a realizarse en diciembre, se adelantó para octubre, en virtud de la solicitud que la supuesta constituyente le hizo mediante el decreto señalado previamente.

Hay que recordar que el 11 de agosto de 2017, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), acudió a la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para reconocer a ese poder y subordinarse a su mandato. Con esa decisión el CNE claramente aniquiló su autonomía como Poder Público.

Ahora, peligrosamente la Asamblea Nacional Constituyente pretende subordinar a los gobernadores, exigiendo mediante otro documento, llamado Decreto Constituyente de fecha 18 de octubre 2017, que los Consejos Legislativos Estadales no juramenten a gobernadores proclamados hasta tanto ellos no se hayan juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente.  Se asfixia así cualquier posibilidad de reivindicar el modelo federal descentralizado de Estado.

El 12 de octubre de 2017, el presidente Nicolás Maduro ya había advertido que los nuevos gobernadores deberían pasar por la supuesta constituyente para cumplir el requisito de reconcerla y subordinarse a ella. En este sentido, hay que ser contundentes y repetitivos, informando y alertando que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano norma válida alguna que obligue a ningún gobernador a prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente para poder juramentarse conforme al marco normativo vigente.

Es absolutamente contrario a los valores, principios y garantías de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra propia tradición republicana, que el Consejo Legislativo imponga a los gobernadores la necesidad de cumplir como requisito previo para ser reconocidos y juramentados como máxima autoridad civil, la juramentación ante la supuesta Constituyente, tal y como lo anunció el 19 de octubre el Presidente del Consejo Legislativo del estado Táchira a la gobernadora electa de esa entidad federal, Lady Gómez.

En el caso de Táchira, es necesario acudir a la Constitución del Estado, que en su artículo 146 expresamente reconoce que el juramento se hace ante el Consejo Legislativo. El texto permite afirmar con certeza absoluta que no hay ningún otro requisito o condición o exigencia constitucional previa que deba hacerse a la gobernadora electa, a los fines de cumplir con el deber de recibirla para que se juramente ante el órgano legislativo estadal.

Foto: AFP

El artículo 146 de la Constitución del Táchira expresamente advierte que el juramento de la gobernadora electa debe hacerse “dentro de los cinco (5) días siguientes de la instalación del Consejo Legislativo en su primer año del período constitucional”.

Por lo tanto, un Poder Legislativo estadal, cuyo período ya está vencido y cuya renovación fue intencionalmente omitida por el Poder Electoral –por razones que hoy son claras– carece de toda legitimidad para imponer nuevas condiciones a la gobernadora electa; pero además, institucionalmente no puede obstaculizar la concreción formal del mandato popular expresado legítima y constitucionalmente a través del voto.

Lady Gómez, como gobernadora electa, debería hacer todas las gestiones para  juramentarse ante el Juez Rector o un Juez Superior de la Circunscripción Judicial del Estado  –para cumplir con la Constitución del Estado, si no puede juramentarse ante el Consejo Legislativo– o, en su defecto, juramentarse ante el Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado. Si no hubiera voluntad política para aceptar cumplir con el mandato constitucional, se concretaría una responsabilidad directa de estos funcionarios del Poder Judicial.

Es oportuno destacar que esa norma de la Constitución del Táchira resulta absolutamente coherente con el artículo 2 de la Ley de Regularización de los períodos constitucionales y legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, publicada el 23 de diciembre del año 2010, en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.013, en cuyo contenido expresamente ordena que los consejos legislativos y los gobernadores deben ser electos de manera conjunta.

Este artículo de la ley señalada evidencia y prueba que la convocatoria del CNE para la elección de gobernadores resulta contraria al mandato legal. Gravemente, la rectora Tibisay Lucena, con sus declaraciones, reconociendo que reprogramó su calendario electoral por solicitud de la Constituyente, actuó con parcialidad e intencionalidad, en una estrategia fraudulenta para ignorar el resultado legítimo de la voluntad popular en las elecciones del 15 de octubre 2017.

El papel que juega políticamente, fuera del marco constitucional, la supuesta Constituyente, es un ejemplo terrible que alerta con mucha claridad que la formalidad institucional se agotó y entramos en un régimen dictatorial que cuenta con una estrategia cuidadosamente definida para que el comodín político de la ruptura definitiva del orden constitucional y democrático sea la Asamblea Nacional Constituyente.

¿Qué pueden hacer los tachirenses? Si actuamos reivindicando el modelo federal descentralizado y el orden constitucional, atendiendo a los artículos 350 y 333 de la Constitución Nacional aún vigente, es importante que los tachirenses agreguen en su discurso, narrativa y motivación cívica, el artículo 246 de la Constitución del estado Táchira, pues en ese artículo se garantiza la desobediencia civil.

En consecuencia, el artículo 76 de la Constitución estadal plantea un mecanismo para reclamar y reivindicar el ejercicio del voto directo, secreto y universal del pasado 15 de octubre. Se trata del reconocimiento constitucional en la entidad federal, de asambleas consultivas comunitarias para abordar temas de interés estadal. Éste es, sin duda alguna, por su gravedad, uno de esos temas.

Tal vez es el momento de convocar esas asambleas consultivas, de manera organizada, estratégica, en distintas comunidades del estado. Se trata de ratificar, de manera aún más contundente, los resultados de la consulta del 16 de julio de 2017, rechazando la ANC –con la indignación que supone el irrespeto a la voluntad popular– y desconociendo al Consejo Legislativo como receptor del juramento, por no ser un Poder Legislativo relegitimado en los términos de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de respaldar legitimamente a la gobernadora Lady Gómez y elevar la voz cívica de reclamo e indignación por tan grosero intento de anular el voto como herramienta política de participación.

El irrespeto a la soberanía popular ha sido ya una política del Consejo Nacional Electoral, pero ahora la existencia de la supuesta Constituyente, obliga, sin ingenuidad, a asumir creativamente acciones cívicas, políticas e institucionales, que reivindique los valores, principios y garantías que hoy son desconocidos por el régimen en esta tarea moral y ética de restituir el orden democrático y constitucional del país.

 

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