Editorial

Escudos humanos

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Editorial

Escudos humanos

Elvia Gómez

11 de diciembre de 2017

Venezuela exhibe cifras económicas de un país en guerra. Según el informe presentado esta semana por la Asamblea Nacional –que intenta suplir el vacío dejado por el BCV–, el país sufrió una caída de la actividad económica del 12% entre enero y septiembre de 2017. Se acumulan 15 trimestres en recesión, mientras el Gobierno se atrinchera en su estrategia de aislamiento y victimización, ya probada por décadas en Cuba y perfeccionada nacionalmente por el locus de control externo como política de Estado: todo es culpa de “la derecha” y del “imperio”.

La economía de guerra que padece el país, sin que exista un conflicto armado, también ha perfilado una situación para la población de enormes padecimientos que configuran, según lo han venido documentando y denunciando decenas de ONG, una sistemática violación de los derechos humanos y de la Constitución vigente.

Este 10 de diciembre se conmemoró en el mundo el Día de los DDHH, declarado así por la Organización de Naciones Unidas. Justo hace unos días, por primera vez en 15 años, el Gobierno permitió el ingreso al país de un enviado de la ONU para el área y sus conclusiones no pudieron ser más desalentadoras. Según el juicio del señor Alfred de Zayas –alimentado por una agenda preparada exclusivamente por el régimen– no hay razones en Venezuela para hablar de crisis humanitaria.

La valoración del alto representante de la burocracia mundial calza convenientemente a las afirmaciones de los ministros de Salud y Defensa, que han negado que exista en Venezuela necesidad extrema de comida y medicinas. Peor aún fue la afirmación de Nicolás Maduro para oponerse al canal humanitario, la primera exigencia de la MUD en las negociaciones: “no somos un país de mendigos”.

Para los que están sufriendo la urgencia de recibir un medicamento que pudiera salvarles la vida o ven a sus hijos llorar y morir de hambre, el criterio de un funcionario asentado en Suiza y que apenas se asomó al caos –aunque antes de su viaje recibió información documentada por expertos que no fueron consultados in loco– debe ser equivalente al peso de una lápida.

Como ya se reflexionó en este espacio, el Gobierno busca someter a la población por el estómago, especialmente a la clase media –tradicionalmente forjadora de opinión y liderazgo– y si para ello deben quedar en el camino los pobres, sin apenas margen de maniobra para proveerse el sustento, serán entonces víctimas colaterales. Este domingo pasado, el proceso electoral para alcaldes sirvió para poner en práctica el chantaje oficial y los “puntos rojos” demandaron la sumisión de los electores necesitados de los subsidios condicionados.

Con el avance de los días, está más en evidencia que lo que el Gobierno hace, ante el emplazamiento de la comunidad internacional, es usar a toda la población que permanece dentro de las fronteras como escudos humanos. El mensaje es unívoco, incluyendo al portavoz en las negociaciones en República Dominicana, Jorge Rodríguez: no habrá canal humanitario si Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea no levantan las sanciones a los jerarcas del gabinete ejecutivo y a sus espalderos de los otros poderes del Estado.

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La semana anterior, la respuesta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue la de avanzar en la ruta punitiva. Instó al presidente Donald Trump a imponer más sanciones a los miembros del gabinete de Maduro y de los poderes del Estado que le secundan. A la espera de la aprobación del Senado queda, entonces, la Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernabilidad Democrática de Venezuela, que busca coordinar con la ONU y la comunidad del continente cómo obligar al Gobierno a dejar entrar los alimentos y medicinas.

De mantenerse Maduro en su postura lo único que se puede vaticinar es que la cifra de muertes por desnutrición, cáncer y enfermedades prevenibles, seguirá en aumento. Nada indica que no será así, como ocurrió en otros regímenes de corte totalitario que aquí copian. Se trata de doblegar y humillar, sin importar el costo en vidas, para consolidarse en el poder.

Si existiese en Venezuela un conflicto armado declarado operaría el Derecho Internacional Humanitario intentando aliviar el sufrimiento. Si hubiera condiciones para aplicar los Convenios de Ginebra, las negativas de Maduro y sus ministros pudieran asimilarse a las más aborrecibles prácticas de usar ancianos, mujeres y niños como escudos humanos. Si existiese un conflicto armado declarado, lo que el Gobierno hace con los pobres y enfermos sería un crimen de guerra.

Pero en Venezuela no existe una guerra declarada, aunque las estadísticas de mortalidad y morbilidad indiquen otra cosa. Ya bastante los especialistas del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) han descrito cómo el crimen desatado –que el Gobierno fortalece– segó más vidas que la guerra en Irak, en un país teóricamente en paz. La similitud se documentó hacia el año 2012, y desde entonces la cifra de muertos por la violencia no ha cesado, a lo que se suman, ahora, las muertes por mengua.

A mediados de este año, circuló un video oficial del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, exhibiendo su práctica de tiro, disparando a siluetas humanas inmóviles. Se le vio correr y disparar –con ambas manos como supuesta prueba de su destreza– a un enemigo inexistente y, cada pocos metros, se protegía tras una mampara. Los chistes y burlas alimentaron enseguida las redes sociales por un general en jefe jugando a las escondidas. Apenas seis meses después, con los resultados electorales ya conocidos, la realidad se transfigura. Los venezolanos atrapados en este territorio padecen ahora a toda una fila de altos funcionarios parapetados, ya no detrás de figuras de cartón, sino de familias enteras de ¿carne? y huesos. ¿Cuántos más, cuántos menos, hasta que este período acabe?

@ElviaGomezR

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