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Provea presenta su 29° Informe Anual de Derechos Humanos

Foto: Provea

En el marco de su 29 aniversario, Provea difunde los resultados de la vigésimo novena edición de su Informe Anual correspondiente al período Enero-Diciembre 2016, en el que se registran los principales avances y retrocesos en 14 derechos humanos en nuestro país. Desde que Provea comenzó a realizar su Informe Anual de Derechos Humanos en el año 1988, nunca había tenido tantas dificultades para acceder a la información oficial que permita ejercer la labor de contraloría social y contrastar la data oficial con los resultados de nuestro monitoreo, trabajo de campo e investigaciones de otras organizaciones sociales. El TSJ dio un aval a la opacidad oficial al permitir al Ejecutivo presentar los informes de gestión del gabinete ministerial ante la Sala Plena del máximo tribunal, violando con ello la Constitución Nacional, erosionando la función contralora de la Asamblea Nacional y obstaculizando el acceso a la información por parte de la ciudadanía. En el período, ningún ministerio hizo públicas sus Memorias y Cuentas del año 2016.

Un gobierno convertido en dictadura, asfixió la democracia y los derechos sociales en el país

2016 será recordado como el año en que se configuró un gobierno dictatorial en Venezuela, una dictadura del siglo XXI. Un gobierno de apariencia legal que sin embargo actúa fuera de la legalidad. Durante 2016 el gobierno de Maduro no solo restringió considerablemente derechos civiles y políticos, sino que además profundizó a niveles extremos la pobreza y la miseria. Un año de retrocesos significativos en el disfrute de los derechos. El gobierno decidió promover un marco jurídico paralelo a la CRBV. Una normativa inconstitucional con la que pretendió dar apariencia de legalidad a sus actuaciones.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pasó a jugar un papel destacado en la estrategia del gobierno tanto para convalidar acciones antidemocráticas como para perseguir a la disidencia. Actuó como brazo político eficiente del Ejecutivo Nacional y se propuso entre otros aspectos bloquear el legítimo funcionamiento de la Asamblea Nacional (AN). El primer paso fue desmontar la mayoría calificada que tenía la oposición en el parlamento y que le daba facultad de adoptar un conjunto de medidas para ejercer un mayor control sobre el accionar del gobierno. El gobierno canalizó sus esfuerzos en restar fuerza y eficacia al parlamento, distrayendo los esfuerzos de los diputados y negando a la AN su esencia como escenario para el debate político plural y la producción de las leyes que garantizaran el disfrute de derechos humanos. La población perdió un espacio donde canalizar sus insatisfacciones y denuncias. Aunque diputadas y diputados de la oposición hicieron esfuerzos por mantener contacto con la ciudadanía, sus gestiones resultaban ineficaces ante la indiferencia del resto de las instituciones, controladas directa o indirectamente por el Ejecutivo Nacional.

El sistema de justicia no solo se usó para perturbar el funcionamiento de la AN. Se utilizó como instrumento para la persecución y el encarcelamiento de líderes sociales y políticos. Como parte de ese fin se recurrió con más frecuencia al juzgamiento de civiles en la justicia militar. Se afianzó su uso para justificar el creciente proceso de militarización del país. Además avaló la opacidad del gobierno en su gestión pública contribuyendo a la desinformación y debilitando las labores de contraloría social. El TSJ asfixió la democracia en Venezuela.

La dictadura profundizó la crisis humanitaria

La dictadura de Nicolás Maduro se convirtió en una fábrica de pobreza y en sepulturera de la democracia. La última cifra oficial sobre pobreza por ingreso divulgada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que cubre hasta junio de 2015 indicaba que en Venezuela el número de hogares pobres era de 33,1%, lo que equivalía para ese momento a 2.434.035 hogares. En situación de pobreza extrema se encontraban 683.370, equivalente a 9,3%. El mismo INE indicaba que para abril de 2016, que constituye igualmente la última cifra oficial sobre desempleo, existían en el país 1.035.238 personas en situación de desempleo. Esa cantidad de hogares en situación de pobreza y de personas desempleadas tuvieron que soportar en 2015 una inflación, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), de 180,9% y en 2016 una inflación calculada extraoficialmente en 550%17. Con esos niveles de inflación superiores a 300% en relación con los de 2015, la conclusión lógica es que se incrementó significativamente el número de hogares pobres por ingreso.

Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) desde 2014 hay un crecimiento acelerado de la pobreza en Venezuela. De acuerdo con sus cifras, la pobreza en 2014 fue de 48%, en 2015 se elevó a 73% y para febrero de 2016 era de 81,8% de hogares en situación de pobreza. Resalta el estudio que 51,51% de ese total se encuentra para 2016 en situación de pobreza extrema.

En materia de derecho a la alimentación, 2016 fue un año signado por la escasez; la inflación y la pulverización del poder adquisitivo; por la pérdida de calidad de la alimentación hasta en su contenido simbólico, por el hambre que empujó a muchas personas a los basureros y por el daño ya evidente sobre el estado nutricional de niños y adultos, sobre la educación y sobre la violencia que el hambre y la escasez detonaron. Estudios independientes y proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicaron la inflación en alimentos entre 1.080% y 1.200%. El aumento de los precios justos decretado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDEE) para la mayoría de los alimentos básicos osciló entre 900% y 1.000%.

2016 fue otro año en el que se hicieron más profundos los graves retrocesos del derecho a la salud en Venezuela, pasando a configurar una situación de emergencia humanitaria debido a los impactos de las severas deficiencias del sistema de salud en un ascenso exponencial de muertes sanitariamente evitables, enfermedades sin posibilidad de ser tratadas, epidemias en continua propagación y daños irreparables a las condiciones físicas y mentales de las personas afectadas, como consecuencia de la sistemática y prolongada desestructuración de las instituciones y de la infraestructura pública de salud, documentado ampliamente en los informes de Provea durante los últimos años. Mientras los sectores de la industria, las farmacias, el personal de salud, los trabajadores del sistema sanitario, las organizaciones de derechos humanos y las personas denunciaban un 90% de escasez y desabastecimiento a nivel nacional, el gobierno y las autoridades sanitarias reconocieron apenas fallas de 15%, sobre la base de listas de disponibilidad “priorizadas” según criterios de racionamiento arbitrarios e inadecuados desde el punto de vista epidemiológico, científico y médico, y continuaba la reducción drástica de las asignaciones de divisas para importaciones que abastecían a la industria farmacéutica y al sistema sanitario tanto público como privado.

Como una muestra de los problemas que afectaron severamente el derecho a la salud en 2016, Provea registró en su base de datos 4.885 denuncias sobre violaciones del Estado, que representan un aumento de 31% en comparación con el 2015. El 62% se relacionó con violaciones a la disponibilidad suficiente de medicinas esenciales y de insumos básicos y médico-quirúrgicos, equipos médicos y personal de salud capacitado en los servicios de salud; 30% se refirió a violaciones de acceso a una atención adecuada y oportuna. La ausencia de medicinas e insumos generó la necesidad de comprarlos a elevados costos, incluso por solicitud de los centros de salud públicos, privando a la mayoría de los sectores de escasos recursos y a más de 63% de la población que no cuenta con seguro médico.

En 2016 continuó la caída de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una implosión que venimos registrando por tres años consecutivos en nuestro Informe Anual. Según la data levantada por Provea se construyeron solamente 13.006 viviendas, lo cual contrasta con las 359.000 casas anunciadas por el gobierno. A pesar de la crisis y el enorme déficit de viviendas en el país, el Ejecutivo destinó 23 veces más dinero a los militares que a la construcción de soluciones habitacionales para los venezolanos.

Junto a la indolencia, la represión es el principal rostro de la dictadura

Junto al crecimiento de la pobreza y la crisis en derechos sociales, la respuesta militar y el incremento del autoritarismo generan un escenario aún más preocupante para la garantía de los derechos humanos en nuestro país.

En 2016, Provea registró un total de 153 denuncias que incluyen 1.790 casos de violaciones del derecho a la integridad personal con igual número de víctimas individualizadas. En Venezuela se ha consolidado la doctrina de seguridad nacional y la respuesta autoritaria del Estado, para hacer frente a la protesta social y enfrentar el flagelo de la inseguridad y la violencia criminal. Desde 2013 los registros de casos de violaciones a la integridad personal, han marcado un notable incremento. Si bien algunos sub-patrones de violación a la integridad han aumentado o disminuido en determinados períodos, la tendencia general es al alza. Si se compara con 2014 y 2015, durante 2016 se registró un descenso en la conflictividad política y disminuyó el masivo impacto del Operativo de Liberación del Pueblo en casos de violaciones a la integridad personal, sin embargo este período destaca como el tercero con más violaciones a la integridad personal desde 2013, año en que Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República. Un dato que genera aún más preocupaciones y que es consecuencia del ascenso del autoritarismo y las prácticas represivas, es que en un período de 14 años, entre 1997 y 2012, Provea contabilizó un total de 11.101 casos de violaciones a la integridad personal; mientras, en los primeros cuatro años de la gestión de Nicolás Maduro (2013-2016), el número total de casos de violaciones a la integridad personal asciende a 23.227, un incremento de 109%.

En cuanto al derecho a la libertad personal, Provea registró un total de 7.048 presuntas violaciones al derecho, lo que representa una disminución de 59% respecto a la cifra del año 2015; y de 38% respecto al promedio anual general de los últimos 19 años sistematizados en nuestros informes. No obstante, la tendencia general es al aumento de estos casos. Es de destacar que al menos unas 3.963 (56%) de estas detenciones estuvieron vinculadas con colas en los supermercados o situaciones relacionadas con la escasez de alimentos y su adquisición, estos últimos procedimientos son llevados a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El preocupante incremento de la intensidad y selectividad de la violencia institucional también puede observarse en las desapariciones forzadas, las cuales aumentaron 533%. Pasaron de 3 casos en 2015 a 19 en 2016, lo que a su vez constituye un aumento del 173% respecto al promedio general de estos casos de los últimos 16 años registrados por Provea. Es el tercer año con más casos, solo superados por el año 2013 (23 casos) y 2010 (39 casos). Casos como los de Tumeremo, Barlovento y Cariaco, fueron emblemáticos de este tipo de prácticas durante 2016.

Un total de 337 personas fueron víctimas de violación al derecho a la vida por parte de cuerpos de seguridad del Estado Venezolano en 2016, cifra récord en la serie de tiempo elaborada por Provea desde 1989. Este dato representa un incremento de 24,81% respecto al periodo inmediato anterior y da cuenta del sensible deterioro de la preservación de este elemental derecho, que desde 2012 viene incrementando de manera sostenida el número de víctimas. Si a esta cifra agregáramos las muertes de civiles que se producen en el marco de la OLP donde no se cuenta expresamente con la “denuncia” o declaración de algún familiar el número de víctimas se eleva a 520 personas. De acuerdo a lo presentado por el Ministerio Público, en 2016 se violó el derecho a la vida a 241 personas sólo en el marco de la OLP, y para ese mismo año se adelantaron en este escenario 182 investigaciones por homicidio, se imputaron a 80 funcionarios policiales o militares, y se adelantaron 3.667 experticias. La letalidad del “operativo de seguridad ciudadana” se mantiene, toda vez que de acuerdo al informe de la Fiscalía General de la República, 505 personas murieron en el marco de la OLP entre julio de 2015 (fecha de inicio de su ejecución) y marzo de 2017, lo que arroja un promedio de 25 a 26 personas fallecidas por mes.

Extraído de: Provea.

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