Opinión y análisis

¿Ciudadanos o simplemente electores?

Foto: AVN

Carlos Romero Mendoza

21 de febrero de 2018

El 14 de febrero de 2018, una nota de prensa en un diario digital español permite conocer la existencia de un espacio institucional y ciudadano en el Ayuntamiento de Hellín (Albacete, España), denominado Consejo de Participación Ciudadana, que recientemente realizó una reunión en la que informó a los vecinos sobre los presupuestos municipales para el ejercicio del año 2018[1]

En ese encuentro participaron tanto el alcalde como el concejal responsables de participación ciudadana, y entre los temas que abordaron están las subvenciones para asociaciones sociosanitarias, una partida para los barrios y para participación ciudadana, entre otras que claramente evidencian la existencia de políticas municipales orientadas a promover e impulsar de manera efectiva la participación de la sociedad civil organizada en ese municipio.

Ese Consejo de Participación Ciudadana es definido, expresamente en el ordenamiento jurídico municipal[2], como el más importante órgano consultivo, informativo y de participación del Ayuntamiento de Hellín, en el cual todas aquellas asociaciones interesadas pueden realizar propuestas, actuando como representantes de los ciudadanos. Los propios representantes políticos del Ayuntamiento encuentran allí un espacio institucional y permanente para debatir los asuntos municipales y fomentar la democracia participativa.

En el marco del ordenamiento jurídico venezolano esa práctica de informar sobre el presupuesto municipal resultaría una iniciativa pedagógica institucional viable, que hoy resulta necesaria y urgente.

La hiperinflación y la inexistencia de un Presupuesto General de la Nación válido, legítimo y constitucional, es la causa de esa urgente necesidad de abordar con los vecinos la salud financiera de los municipios, principalmente de aquellos que dependen en mayor medida del Situado Constitucional.

Es oportuno recordar que la Asamblea Nacional, en dos oportunidades mediante distintos acuerdos, denunció al Tribunal Supremo de Justicia en el 2016 y a la Asamblea Nacional Constituyente, en el 2017, por usurpar la atribución constitucionalmente reconocida a la Asamblea Nacional de  debatir y aprobar el presupuesto de la nación.

El pasado el 14 de diciembre de 2017[3], la Asamblea Nacional declaró que todo presupuesto presentado por el Ejecutivo Nacional, fuera del marco constitucional y legal, no debe ser reconocido y, en consecuencia, calificó como nulo el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente para el año 2018.

¿Cómo afecta esa realidad al presupuesto municipal de 2018 y, más aún, en una economía hiperinflacionaria? Hay que reafirmar la vigencia de la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Poder Púbico Municipal (LOPPM), destacando que en ellas se garantizan, de manera expresa, el derecho de los ciudadanos a obtener información general y específica sobre el presupuesto, así como también sobre las políticas, planes, decisiones, actuaciones, proyectos y cualesquiera otros del ámbito de la actividad pública municipal.

Si la voluntad política de las autoridades locales no impulsa esa labor pedagógica de acercar el tema presupuestario y financiero al ciudadano, la responsabilidad de abrir ese debate necesario y oportuno, recae precisamente sobre el ciudadano.

Foto: Reuters

En tal sentido, el desafío ciudadano inmediato es el reivindicar ese legítimo derecho a exigir información oportuna y suficiente, que en este caso concreto tiene que ver con la capacidad del presupuesto municipal de asumir, en estos tiempos de hiperinflación, los enormes desafíos que demandan las necesidades básicas de los vecinos en el marco de las atribuciones del Poder Público Municipal.

Pensar en una instancia que en la práctica local pueda servir para la consulta, información y participación permanente de los ciudadanos, reconocida institucionalmente para impulsar una iniciativa como la que ha llevado adelante el Municipio Hellín en España, lleva a identificar dos espacios legalmente válidos. El primero es el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), y el segundo es el Cabildo Abierto.

Tanto el CLPP como el Cabildo Abierto son diseñados –en principio– como espacios reconocidos institucionalmente para el debate de los temas municipales entre autoridades locales y vecinos organizados. Ambos espacios tienen su reconocimiento constitucional y  desarrollan la misión que cada una asume en el diseño institucional del Poder Público Municipal, a través de leyes, ordenanzas y/o reglamentos.

Cualquiera de esos dos espacios institucionales pueden ser útiles a los fines del debate y discusión efectiva sobre la salud financiera de los municipios y para valorar cómo los ciudadanos participan de manera organizada en la tarea que supone enfrentar los difíciles desafíos que traen consigo la hiperinflación y la ruptura del orden constitucional.

Pero el olvido en la dinámica ciudadana del Cabildo Abierto como mecanismo de participación y la incapacidad del CLPP de justificar su propia existencia, desde que fue creada en la Constitución Nacional, hace que ambos espacios hoy no sean fácilmente reconocidos por los actores sociales como instancias naturales para el debate político legítimo de los asuntos de interés municipal, por lo tanto, hay un importante obstáculo para concretar por la vía institucional una iniciativa como la que desarrolló el Consejo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Hellín.

En consecuencia, al ciudadano sólo le queda como opción viable intentar convocar a una Asamblea de Ciudadanos para abordar el impacto de la hiperinflación y de la ruptura del orden constitucional provocado por el régimen en el presupuesto municipal 2018.

Si en cada ciudad importante del país, una Asamblea de Ciudadanos lograra el apoyo y acompañamiento de un diputado de la Asamblea Nacional, la iniciativa permitiría restaurar lazos o reforzar ese vínculo que hoy más que nunca debe existir entre representante y representado.

Además, sería un ejercicio útil y concreto en la compleja tarea por identificar fórmulas efectivas de movilización ciudadana y, también, podría servir  como elemento cohesionador entre los distintos actores sociales y políticos en la tarea de restaurar el orden constitucional y democrático de Venezuela.

El ejemplo del Ayuntamiento de Hellín en España hace suponer que allí los vecinos asumen con responsabilidad que, además de ser vecinos y electores, son ciudadanos y, en consecuencia, el Ayuntamiento les garantiza un espacio institucional en donde su voz y opinión son reconocidas con valor legal y fuerza legítima tanto como su voto en una elección.

En nuestro caso, ¿los venezolanos nos sentimos electores y ciudadanos o simplemente electores? ¿Algo tenemos que decir sobre la salud financiera de los municipios?

@carome31

[1]El objetivo de Hellin. El Consejo de Participación ciudadana conoció los presupuestos municipales de 2018. 14 de febrero 2018.

[2] Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Hellín. B.O.P. Nº 56 de 17 de Mayo de 2.017

[3]Asamblea Nacional.  Acuerdo sobre el manejo inconstitucional e ilegal de la Ley de Presupuesto para el ejercicio económico financiero 2018.  14 de diciembre 2017.

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