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Carlos Romero Mendoza

10 de septiembre de 2018

Una revisión detallada de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y de la derogada Ley Orgánica del Régimen Municipal, permite afirmar que, en el ordenamiento jurídico y en el orden democrático venezolano, los concejales, como actores políticos, siempre han tenido suficientes herramientas legales para asumir un rol efectivo como facilitadores de procesos democráticos desde el ámbito local o comunitario.

Ser facilitador de procesos democráticos impone la tarea de asumir un compromiso responsable y permanente con el fortalecimiento de la democracia, a través de una acción legislativa y política que permita a la sociedad en general sentir, experimentar y comprender mejor la democracia, con sus fortalezas y debilidades.

Como nunca antes en la historia venezolana el país necesita mucha labor de pedagogía en lo político; no para imponer un orden social, político y económico, como ha pretendido el régimen, con experiencias como las llamadas escuelas del poder popular, que fracasaron, al igual que los consejos presidenciales, y aquella campaña de “comuna o nada”.  La labor pedagógica que exige el país es, precisamente, sobre la democracia, sus valores, sus principios y su institucionalidad.

¿Cuántos concejales han asumido la tarea de informar e incluir a los vecinos en el debate ineludible sobre el impacto negativo en las finanzas públicas municipales de la hiperinflación y de no contar con un presupuesto oficialmente aprobado conforme al marco constitucional?

¿Cuántos concejales han abordado el debilitamiento del principio de autonomía municipal a través de la figura de consejos comunales como única expresión de participación comunitaria, o con el debate sobre la eliminación y olvido de la justicia de paz, o bien, rescatando el valor y sentido de las parroquias y sus juntas parroquiales?

No estamos acostumbrados al debate político, los concejales tampoco han promovido ese debate, teniendo la mayor capacidad política de incidir efectivamente en los electores de sus propios circuitos. Es, en gran medida, esa la razón por la que terminan siendo unos actores desconocidos por la sociedad en general, salvo por su maquinaria electoral.

Esa labor de pedagogía social y política se lograría con efectividad si los concejales asumen la consulta de las ordenanzas como una herramienta para la inclusión, el debate y la construcción de consensos. Pero, además, si con esa consulta se logra divulgar la responsabilidad que la legislación municipal tiene en la profundización de la autonomía muncipal y la construcción de un modelo descentralizado de Estado. Todo ello supone la tarea didáctica de relacionar la acción legislativa con la labor de reivindicar la democracia como modelo.

Así mismo, los concejales deberían promover una mayor inclusión de los vecinos en el debate de las sesiones, sean estas ordinarias o extraordinarias, bien para darle derechos de palabra, bien para que con información, los vecinos puedan asistir libremente y presenciar las sesiones; e, incluso, podrían facilitar la incorporación de los vecinos en las comisiones permanentes o a través de la promoción de las comisiones vecinales para supervisar los servicios públicos municipales.

La confianza y credibilidad del Concejo Municipal se concreta con la labor legislativa y política de los concejales. Si los vecinos no pueden percibir esas funciones de manera transparente, abierta a las comunidades y con resultados que evidencien la inclusión social, la democracia pierde y se debilita progresivamente.

La democracia no se fortalece con concejales haciendo labor social, atendiendo a los niños o adultos mayores; se fortalece cuando el ciudadano siente que hay un orden social, político y económico, como consecuencia de un marco legislativo y como resultado de un debate político incluyente, en el que los consensos logran identificarse, aun cuando tal labor suponga una tarea compleja.

Los resultados electorales legitiman a las autoridades para el ejercicio de sus funciones y la participación ciudadana legitima las decisiones de esas autoridades. Cuando, con procesos pedagógicos y metodológicos, se incluye a los ciudadanos en esa labor de toma de decisiones, el voto y la participación son herramientas complementarias y esenciales para darle vida y espíritu a la democracia, sus valores y principios.

En julio de 2018, en el Municipio Baruta, se logró activar un cabildo abierto, mecanismo de participación reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Su activación fue promovida por la sociedad civil, en particular por la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta y, en ella, hubo una serie de acuerdos que se alcanzaron con los concejales del Municipio Baruta y con el director del Despacho de la Alcaldía. El alcalde del Municipio Baruta  no asistió a ese Cabildo Abierto, espacio institucional de participación sobre el cual no pareciera haber otro antecedente en el pasado.

En tiempos oscuros y adversos para la democracia local, como estos que experimentamos los venezolanos, la convocatoria a un cabildo abierto representa una osadía y, tal vez, hasta una irreverencia frente a un régimen que no oculta su intención de ignorar al municipio como poder público y actor del desarrollo. Para evidenciar eso basta revisar el Plan de la Patria 2013-2019.

Ese cabildo abierto sirvió para recordar el propio origen histórico de los municipios en Venezuela, y permitió un ejercicio de gobernanza muy importante en estos tiempos oscuros, al facilitar ese espacio constitucional para el intercambio de ideas, propuestas y debate entre vecinos y autoridades sobre un asunto público de interés general, público y que afecta a los propios vecinos.

Aun cuando las decisiones de ese cabildo abierto, según la Constitución y la propia Ordenanza de Participación Ciudadana del Municipio Baruta, son vinculantes para las autoridades locales, dos meses después pareciera que aquello que podría ser considerado como una irreverencia u osadía en el marco del régimen de Nicolás Maduro, no  logró ser valorado por el Concejo Municipal de Baruta en su justa medida. Lejos de demostrar el compromiso con la democracia, con sus instituciones, sus valores y principios –y con los mismos electores–  los propios concejales no parecieran asumir con prioridad los compromisos asumidos en ese ejercicio atípico de gobernanza para abordar la crisis en la prestación del servicio de agua potable en el municipio.

Pretender que el Concejo Municipal debata y legisle sobre el tema de gestión integral del agua, cumpliendo con las leyes que regulan la materia y atendiendo al principio de legalidad, y aspirar a que la Alcaldía asuma medidas básicas y elementales de prevención  e informacion en medio de una crisis en la prestación del servicio de agua potable, hasta ahora pareciera ser tarea imposible,  aun cuando la realidad atenta seriamente contra la salud pública y contra la convivencia armoniosa en los condominios.

El Concejo Municipal fue más efectivo y eficiente aumentando las tarifas del aseo urbano y planteando una reforma urbana, luego del cabildo abierto, que concretando, a través de su labor legislativa y política, los compromisos asumidos en el cabildo abierto.

Si en el año 2000, cuando se dividieron las elecciones de concejales y alcaldes, la elección de concejales que estuvo acompañada por la elección de juntas parroquiales tuvo una abstención del 76,2%[1] de los electores, ahora que nuevamente van separadas, contraviniendo la legalidad venezolana y que hay una evidente crisis que debilita la institucionalidad local de manera considerable y que los ciudadanos están mucho más agobiados en un país en ruinas, resulta predecible advertir el bajo interés en participar en ese proceso electoral que ha sido siempre subestimado.

La elección de concejales 2018 solo tendría sentido si va acompañada de un pacto o un acuerdo entre vecinos y dirigentes por la democracia, desde lo local, que incluya el rescate del valor de la ciudad, de las institucionales políticas locales, que reivindique al ciudadano a través de una mayor y real participación ciudadana y que promueva los espacios públicos para el debate sobre el desarrollo sustentable, en un marco de autonomía y unidad; de lo contrario, sería jugar a una democracia que no existe y crear falsas expectativas desde una institucionalidad que poco a poco va quedando anulada.

@carome31

El autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del área Políticas Institucionales.

[1]CNE. Cuadro comparativo elecciones.  Recuperado el 7 de septiembre 2018. Online en: http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e009.pdf