El 14 de febrero se realizó en la OEA la conferencia mundial de la crisis humanitaria de Venezuela en la OEA /FOTO: VOA

Carlos Romero Mendoza

14 de febrero de 2019

Mientras Jorge Arreaza[1], actuando como canciller de un gobierno que usufructúa las funciones del Poder Ejecutivo, negó en la ONU que en Venezuela hubiera una crisis humanitaria y responsabilizó al bloqueo de Estados Unidos por la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela. Las calles nuevamente se llenaron de ciudadanos el Día de la Juventud, como mecanismo de presión popular a los fines de exigir el desbloqueo de la entrada al país de la ayuda humanitaria, que se anunció se realizará el día 23 de febrero 2019[2].

En este sentido, es necesario destacar que el 15 de enero 2019 la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo mediante el cual, como lo dice su título, autorizó la ayuda humanitaria para atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano.

En ese acuerdo se identifica a Nicolás Maduro como el único responsable de la peor crisis humanitaria de la historia de Venezuela, pues ha permitido que el hambre, la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, entre otras penurias, hayan destruido la calidad de vida de la sociedad en general.

La crisis humanitaria en Venezuela fue reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de una Resolución  con siete votos en contra y 17 abstenciones. Con ella también se invitó al gobierno de Nicolás Maduro a reconocer la existencia de la ayuda humanitaria para paliar la escasez de alimentos, medicinas y suministros médicos en el país.

Así como lo hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también el Parlamento Europeo, a través de varias resoluciones, ha reconocido de manera sistemática la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela.

El 8 de febrero de 2018 en la Resolución sobre la situación en Venezuela (2018/2559(RSP), el Parlamento Europeo reconoció que Venezuela vive una crisis política, social, económica y humanitaria sin precedentes, “caracterizada por la inseguridad, la violencia, las violaciones de los derechos humanos, el deterioro del Estado de Derecho, falta de medicamentos y de servicios sociales, pérdida de ingresos y unos crecientes índices de pobreza, que está provocando un número creciente de muertes, refugiados y migrantes”.

En esa resolución, el Parlamento Europeo además de expresar su solidaridad y apoyo a las personas que en Venezuela sufren las consecuencias de una grave crisis humanitaria, también invitó a las autoridades venezolanas a permitir con carácter de urgencia la entrada sin trabas de la ayuda humanitaria y, además, facilitar los permisos correspondientes a las organizaciones internacionales dispuestas a prestar asistencia a la población y también, hizo un llamado para que a corto plazo se asumiera el combate contra la desnutrición principalmente de los niños.

Por su parte, el 5 de julio de 2018, el Parlamento Europeo aprobó la  Resolución sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil (2018/2770 RSP), en cuyo contenido lamentó expresamente que las autoridades venezolanas se nieguen de manera “obstinada” a reconocer el problema y se rehúsen a recibir abiertamente la ayuda humanitaria internacional.

En esa resolución el Parlamento europeo calificó como “desoladora situación humanitaria” la realidad que experimenta Venezuela, que además, destacó, se ha expresado en numerosas muertes, una afluencia sin precedentes de refugiados y migrantes a los países vecinos y a países más alejados.

En esa resolución, el Parlamento europeo alertó que la crisis ha obligado a los venezolanos a huir de su país, por carecer de las más elementales condiciones materiales para la vida, como el acceso a alimentos, servicios sanitarios y medicamentos.

Nuevamente el Parlamento europeo, a través de una resolución, reiteró la invitación a las autoridades venezolanas a reconocer la existencia de la crisis humanitaria y a buscar soluciones políticas y económicas que frenen su avance, procurando garantizar la seguridad de todos los civiles y la estabilidad del país, así como de la región.

Pero además, en esa resolución se hizo un nuevo llamado para que  las autoridades venezolanas permitieran, con carácter de urgencia, el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria al país, así como también se solicitó se concediera el acceso sin restricciones a las organizaciones internacionales dispuestas a prestar asistencia a sectores afectados de la sociedad.

Esa crisis humanitaria sobre la cual se han pronunciado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Parlamento Europeo, ha sido responsable y oportunamente denunciada por la Asamblea Nacional desde el año 2016. Desde entonces, la Asamblea Nacional a través de dos acuerdos declaró, en primer lugar, la crisis humanitaria en el área de la seguridad alimentaria, denunciado que tal situación es consecuencia directa de la inexistencia de un Estado que no cumple con el mandato constitucional de asegurar alimentación suficiente, en cantidad y variedad a su propia población.

Y en segundo lugar, declaró  la crisis humanitaria en materia de salud, como consecuencia de la escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura sanitaria en todo el país.

Posteriormente, en el año 2018, la Asamblea Nacional declaró, mediante otro acuerdo, la crisis humanitaria en el área de la educación, denunciando que tal situación es consecuencia de la inexistencia del denominado Estado Docente, lo cual produce un evidente quiebre de la educación como un derecho humano en Venezuela.

En esos acuerdos, la Asamblea Nacional formuló recomendaciones y/o exhortaciones concretas al Gobierno nacional en cada una de las áreas mencionadas, pero las mismas no lograron tener eco y, menos aun, respuesta efectiva por parte del Gobierno nacional.

El agravamiento de la crisis humanitaria llevó a la Asamblea Nacional a aprobar un nuevo acuerdo en enero 2018, declarando la emergencia humanitaria en las fronteras de la República Bolivariana de Venezuela, y solicitando a través del mismo y de manera formal, la creación de un corredor humanitario a los fines de prestar la asistencia debida a través de los protocolos establecidos para tal fin, todo ello como consecuencia del desplazamiento forzoso de miles de ciudadanos venezolanos que viene a ser una forma muy evidente de advertir la existencia de una crisis humanitaria que solo el régimen de Maduro insiste en desconocer.

Todo lo anteriormente señalado permite reconocer que la Asamblea Nacional desde el 2016 ha ejercido de manera efectiva el control sobre la gestión del Gobierno y, como consecuencia de ello, ha denunciado de manera responsable y oportuna las distintas dimensiones en las que se evidencian la crisis humanitaria en Venezuela.

Por lo pronto, el 23 de febrero se anuncia como la fecha para la entrada de esa ayuda humanitaria y la Asamblea Nacional tiene mucho qué ver en ese proceso. Sobre ese evento, crecen las expectativas en lo interno y externo de Venezuela. Sin duda será un hecho inédito que nadie pensó jamás podría ocurrir en un país que siempre fue reconocido por sus ingresos petroleros.

@carome31

El autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del área Políticas Institucionales. Presidente de la Fundación Estudios Municipales.

[1] El Comercio.  Venezuela niega ante la ONU que exista crisis humanitaria en su país. 12 de febrero 2019. Online en: https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/venezuela-niega-onu-exista-crisis-humanitaria-pais-noticia-nndc-607091

[2] El Pais.  En vivo. Las últimas noticas sobre la crisis de Venezuela. 13 de febrero 2019. Online en: https://elpais.com/internacional/2019/02/12/actualidad/1550004758_244666.html