Eglé Iturbe de Blanco

12 de septiembre de 2019

Gobierno, Política y Poder, tres palabras que al analizarse tomando en cuenta la actual situación venezolana podrían interpretarse como una misma cosa, pero no es así. Al hacer un repaso histórico nos damos cuenta que aquellos que tienen la política como oficio desean estar en el gobierno para tener poder y los que están en el gobierno no desean desprenderse de las bondades que les brinda el poder. Sin embargo, es arriesgado afirmar que lo anterior es cierto en un gobierno democrático.

El funcionario público, especialmente el de alto nivel, es un servidor público y como tal debe asumir el cargo para atender las necesidades de la población, no para tener poder. Este funcionario debe entender que fue seleccionado para proponer, diseñar y aplicar políticas públicas oportunas y de calidad. El funcionario público puede pertenecer a un determinado partido político porque eso es parte del juego democrático, o puede ser seleccionado por sus méritos profesionales, pero en ambos casos su actuación debe estar desligada de su militancia partidista y es preciso que tome en cuenta que esa militancia o simpatía política no debe significar la introducción de la política partidista dentro de sus funciones, al menos eso no es así en el marco de un gobierno democrático.

La visión política del gobierno queda expresada en el Plan de Desarrollo de la Nación, un instrumento legal que de acuerdo al artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  es sometido a la aprobación del Parlamento venezolano. El mencionado Plan debe ser ejecutado para todos los ciudadanos, sin distingo de militancia política, nivel económico, creencias religiosas o forma de pensar de cada uno de ellos.

Cuando un partido político gana las elecciones y constituye un gobierno debe estar claro que debe gobernar para todos aún cuando los funcionaros seleccionados puedan ser mayoritariamente de su corriente política. El partidismo y la política deben ser conceptos diferenciados. Los partidos hacen política partidista para alcanzar el gobierno, pero los gobiernos democráticos hacen, diseñan, establecen y ponen en práctica “políticas públicas”  para todos los ciudadanos.

Es importante, al seleccionar el equipo de gobierno de alto nivel, que los que participen en el mismo, estén claros que son funcionarios Políticos (con P mayúscula), aún cuando hayan sido seleccionados por sus capacidades técnicas y no tengan militancia política, debido a que “las políticas públicas” que propongan e instrumenten  deben beneficiar a todos los ciudadanos .Si los partidos políticos de la democracia tienen presente esta diferenciación, sin duda se favorecerían las alianzas para apoyar a las personas que serán responsables de guiar el gobierno.

Si hablamos de un gobierno de transición que pudiera darse en Venezuela, los aspirantes al mismo deben estar claros que  el gobierno de transición no otorgará “Poder”, por el contrario, solo dará trabajo y compromiso porque se trata en este caso de reconstruir el país desde sus cimientos en lo social, lo económico, la infraestructura e incluso en lo político; y lo primero que va a tener que reconstruirse es la administración pública para recuperar la institucionalidad del país  y dotarla de un equipo de calidad que genere la confianza necesaria, dentro y fuera del país,  para  facilitar la aceptación por parte de la población de  las duras medidas que serán necesarias tomar para lograr resolver los grandes problemas nacionales del momento; y a la vez, garantizar el cumplimiento del marco legal que dé confianza a los empresarios e inversionistas para apoyar la reconstrucción económica y apuntalar el desarrollo social creando empleos de calidad y salarios dignos.

El gobierno de transición no dará “Poder” a sus funcionarios  pero exigirá que tengan la claridad y el valor necesario para asumir los compromisos requeridos para deslastrar la situación actual de los errores en las políticas económicas y sociales que han llevado al país a la ruina en todas las áreas. En conclusión,  gobierno, poder y política, ejercidos en positivo y aplicados adecuadamente,  serían la fusión necesaria en un gobierno de transición encargado de sentar las bases sólidas para el próximo gobierno democrático donde la administración pública, el poder y la política deben mantenerse separados.