Juan Manuel Trak

17 de septiembre de 2019

La crisis política venezolana es profundamente compleja. El proceso político iniciado por Hugo Chávez en 1998 ha derivado, desde 2015, en un autoritarismo cerrado en el que las elecciones son meros actos formales para simular legitimidad. Este proceso de autocratización fue el resultado del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo como consecuencia de la victoria de la MUD en las elecciones parlamentarias de 2015.

Lo irónico de este conflicto es que el origen del mismo lo provocó el propio chavismo, entre otras cosas, cuando en 2009 reformó la Ley Orgánica de Procesos Electorales y suprimió el sistema electoral mixto, en el que se respetaban el principio de personalización del voto y representación proporcional, en uno mixto-paralelo que a efectos prácticos se comporta como uno mayoritario y sobre representa a la mayoría. En este caso, la oposición obteniendo el 55% de los votos logró más de dos tercios de los escaños de la Asamblea Nacional.

Entre 2016-2018, el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo ha supuesto que el chavismo, liderado por Nicolás Maduro, haya utilizado todos los medios a su alcance para neutralizar el poder la Asamblea Nacional, siendo el punto de inflexión la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente monopartidista a la que se le ha dado de facto poderes supra constitucionales. Así, el autoritarismo competitivo que había instaurado Chávez llegó al más probable de sus destinos: un autoritarismo hegemónico.

En este contexto, las elecciones de 2018 fueron ideadas para que la oposición no participara. El gobierno, gracias a la cooptación que logró del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, fue sistemáticamente cerrando la posibilidad de participación de la oposición. Ha perseguido, inhabilitado y encarcelado a buena parte del liderazgo político de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mucho de los cuales se han visto forzados al exilio. Con premeditación, y complicidad de Tibisay Lucena y el resto de las rectoras del CNE, el gobierno ha socavado la confianza de los ciudadanos hacia el voto, ilegalizado a los partidos más importantes de oposición, manipulado la oferta política hasta reducirla a un puñado de partidos con poco arraigo en la sociedad y realizado un conjunto de malas prácticas electorales que limitan la libertad, equidad y limpieza de las elecciones. De hecho, asumiendo la veracidad de los resultados de las elecciones del 20 de mayo de 2018, luego del PUSV el segundo partido más votado fue el grupo de electores, Esperanza por el Cambio, que usó Javier Bertucci para postularse como candidato presidencial; en lo que fue la elección presidencial con menor participación en los últimos 20 años, y la peor en términos de integridad electoral.

En este sentido, las elecciones han sido reducidas a meros actos formales de legitimación del sistema autoritario, y quienes participan en ellas deben ser conscientes que el juego político no puede jugarse como si el escenario electoral fuese el de una democracia con defectos, tampoco como en un autoritarismo competitivo. Por el contario, las elecciones libres dejan de ser un procedimiento para convertirse en una causa por la que luchar. El reclamo por mejores condiciones electorales es una forma de aglutinar alrededor de un proyecto democrático a la mayoría de quienes adversan el gobierno autoritario.

Esta unión alrededor de una misma causa debe incluir a antiguos miembros del gobierno, siempre y cuando tengan el compromiso de rescatar el orden democrático. Esta coalición democratizadora deja de observar las elecciones desde el punto de vista moralista, sino que evalúa estratégicamente si la elección tiene potencialidad para debilitar al gobernó, producir fracturas en las élites gobernantes y coadyuvar al colapso de su estabilidad. Al final del día, cualquier oportunidad política que contribuya a la inestabilidad del gobierno autoritario es un escenario que no debe ser abandonado.

Las elecciones en regímenes no democráticos pueden ser una excusa para la movilización social y política. Las elecciones en regímenes autoritarios cerrados pueden ser utilizadas como una herramienta para la organización política de la sociedad, la infiltración dentro de las estructuras del Estado o para la potenciación de las contradicciones inherentes entre actores moderados y radicales en el seno del gobierno.

En este sentido, uno de los trabajos más arduos en un contexto represivo como el venezolano es la construcción de esa coalición democratizadora. La cual, puede resumirse –aunque no agotarse–   en seis ejes:

1. En la opinión pública: Mantener el clima de opinión que demande un cambio, mediante la exacerbación del clima de indignación por lo que ocurre en el país.
2. Entre los grupos políticos: Construir una unidad en la diversidad, lo que implica mayor apertura pero discurso unificado desechando discursos irreales (como el 187.11) o ingenuos (elecciones no importa cómo) sino alrededor del rescate de ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
3. En la sociedad civil: Establecimiento de alianzas entre los diversos factores de la sociedad civil para el establecimiento de alianzas que busquen articular la movilización política con las  demandas sociales y sectoriales.
4. En las instituciones del Estado: Rescatar la idea de que el Estado al servicio del pueblo, incluyendo a  los propios funcionarios, y que está en manos de todos convertirlo en un instrumento para superar la crisis humanitaria que se vive en el país.
5. En parte de la Fuerza Armada: Ofrecer un plan de reinstitucionalización de las Fuerza Armada, rol protagónico para la recuperación del país, protección de fronteras y de nuestros recursos naturales.
6. El oficialismo: Dar garantías para que aquellos miembros del partido de gobierno que acepten la democracia como principio tengan la posibilidad de seguir jugando en democracia.

Ninguna de estas tareas es fácil, tampoco son suficientes, pero sí necesarias para que se pueda lograr un movimiento auténticamente democratizador. Al día de hoy, son muchos quienes se aprovechan de la desesperación de los ciudadanos para ofrecer soluciones inviables. Hay quienes se erigen como defensores de una moral impoluta, pero luego la solución que ofrecen es resolver el problema de la democracia venezolana con menos democracia, incluso con dictaduras tan espeluznantes como la Pinochet. Esas voces que no creen en la democracia como principio para la solución de los problemas tienen que ser aisladas mediante la articulación de un mensaje inteligente, la renovación de parte del liderazgo actual y la construcción de bases organizativas capaces de llegar a las personas de forma directa, sin el ruido y la manipulación existente hoy en el debate público digital.

Así las cosas, solo mediante el rescate de la democracia será posible restablecer los acuerdos mínimos de la sociedad e iniciar el largo proceso de reconstrucción del país. Las elecciones libres son una causa lo suficientemente amplia en la que caben todos quienes quieren que los ciudadanos, el pueblo, la gente, – no importa como lo llamemos – decida su futuro, haga rendir cuentas a los políticos y solucione pacíficamente las diferencias. Lo contrario es Maduro o Pinochet, es lo mismo: muerte, represión y dolor.