03 de octubre de 2019

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha convertido en el epicentro de los debates en torno al conflicto y crisis de Venezuela. El informe del mes de julio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre el país y la respectiva actualización han generado una serie de acciones que implican una hoja de ruta en materia de Derechos Humanos (DDHH), lo que puede constatarse con la firma y/o aprobación de un conjunto de mecanismos y resoluciones.

Lo cierto es que el deterioro del Estado de derecho y el desmantelamiento deliberado de la institucionalidad, desde casi dos décadas, devino en la falta de independencia del Poder Judicial, actor que bajo un régimen democrático le corresponde por diseño hacer cumplir la constitución, las leyes, en definitiva, velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre los actores que conforman un ecosistema político, lo que incluye al Estado y a su deber de garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. En consecuencia, Venezuela enfrenta una crisis multidimensional por el significativo deterioro de “las estructuras del Estado, la economía y el bienestar de la población”, cuyas causas son de orden político, lo que justifica que esta haya sido clasificada como un estado de emergencia humanitaria compleja. (Reyna, 2019)[1] .

Por lo tanto, estos eventos del mes de septiembre en el seno de la ONU constituyen un hito histórico, toda vez que las denuncias de las constantes violaciones y abusos en el campo de DDHH serán canalizadas bajo el marco de acción de una instancia internacional pertinente como la ONU.

Uno de estos mecanismos lo encarna la Carta de Entendimiento firmada el 20 de septiembre entre la OACNUDH y el gobierno, de duración de un año, en la cual se “establece un marco para las discusiones y la cooperación en el futuro, y permite una presencia continua en el país de un equipo de dos oficiales de DDHH de la ONU” con el propósito de mejorar la protección y promoción de los DDHH, con miras a establecer una oficina de la ONU de DDHH en Venezuela, que permita mayor contacto con las víctimas, sus familiares y una mayor interlocución con el gobierno. La carta “apunta a mejorar la protección y promoción de los DDHH a través de un conjunto de nuevos pasos”: 1) fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección de los DDHH y del acceso a la justicia, que incluye asistencia técnica en materia de prevención de la tortura y acceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la justicia; 2) acceso de la OACNUDH a centros de detención para monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad; 3) gestiones para facilitar visitas de Relatores Especiales de la ONU durante los próximos dos años. Asimismo, la carta prevé que el personal de de la ONU “trabajará con las autoridades y les apoyará en el cumplimiento de sus compromisos de DDHH, acordados en el marco de la visita a Caracas de Michelle Bachelet en junio.

Aún más relevante resulta la aprobación sucesiva de dos propuestas en el marco del 44° período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU, que en muchos de sus aspectos parecieran complementarse, puesto que, en síntesis, ambas instan a considerar el informe emitido por la ACNUDH (Informe Bachelet) sobre las violaciones sistemáticas de DDHH cometidas durante el mandato presidencial de Nicolás Maduro, entre otras consideraciones. La resolución aprobada el 26 de septiembre “Fortalecimiento de la cooperación y asistencia técnica en el campo de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, tiene como foco recomendar al Estado venezolano apoyar la gestión del ACNUDH y trabajar sobre la base de la Carta de Entendimiento. Asimismo, solicita a la ACNUDH la presentación de un informe en junio de 2020 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que incluya los resultados de investigaciones sobre el terreno de posibles violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad, para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y reparación de las víctimas. Dicha propuesta fue presentada por las delegaciones de Argelia, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, República Árabe Siria, Turquía y el Estado de Palestina.

Por su parte, el 27 de septiembre fue aprobada en el mismo consejo de DDDHH otra resolución que enmarca un mandato más concreto y severo a través de acciones específicas, con base no sólo en una profunda preocupación por el deterioro del Estado de derecho y la crisis multidimensional, sino también porque esta resolución: (i) condena categóricamente las violaciones y abusos de DDHH, (ii) insta a liberar a todos los presos políticos y (iii) exige la creación y “operacionalización” inmediata de un mecanismo de investigación independiente (“fact finding mission”). La misión de establecimiento de hechos debe asumir la tarea, “con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, y solicita a la misión que presente un informe con sus conclusiones al Consejo durante un diálogo interactivo que se celebrará en su 45° período de sesiones”. La propuesta de resolución fue patrocinada por Colombia, Perú, Brasil y Argentina, y aprobada finalmente con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay, y apoyada expresamente por la representación de la Unión Europa en la ONU.

La resolución urge a las autoridades venezolanas a cooperar con la misión de establecimiento de hechos, dándole acceso al país, a las víctimas y los lugares de detención, proporcionándole toda la información necesaria, así como permitir a la OACNUDH mantener su presencia en el país. El mecanismo deja abierta la “posibilidad de adoptar nuevas medidas, como establecer una comisión de investigación si la situación no mejora o si las autoridades no cooperan.

Los posibles resultados de esta hoja de ruta podrían servir de base para robustecer la documentación e investigación preliminar que está desarrollando la Corte Penal Internacional, así como constituir un elemento adicional de presión sobre el gobierno de cara a asumir su responsabilidad como Estado, a evitar mayores arbitrariedades, y fungir como aliciente, entre otros factores, para  la reactivación creíble del proceso de negociación.

Hasta ahora, el gobierno venezolano ha demostrado su capacidad de sortear de forma efectiva la presión general a la cual ha sido sometido desde la arena nacional e internacional. Este actor se apalanca en su poder de facto, aún cuando no cuente con la legitimidad interna, según las encuestas, ni tampoco con la legitimidad internacional, puesto que la mayoría de los países democráticos desconocen el segundo mandato presidencial de Maduro, legitimidad que pretende recuperar a través de las elecciones parlamentarias.

En el contexto nacional, la mayor amenaza para el gobierno está representada por la movilización ciudadana, principalmente, las manifestaciones populares, la cual suele contrarrestarse a través de la represión localizada, para generar la menor visibilización y costo posibles.

En el plano internacional, las sanciones han sido un mecanismo de presión sobre el régimen autoritario de Nicolás Maduro que hasta ahora han tenido una eficacia relativa, o al menos cuestionable. En la práctica, hay dos factores fundamentales que han contrarrestado la efectividad de este instrumento, que por ahora pareciera ser el único que ha logrado algún impacto: (i) la alta capacidad de adaptación del gobierno venezolano frente a su aplicación, al lograr contrarrestar una parte importante de sus efectos, con la ayuda de algunos de los regímenes autoritarios que son sus aliados naturales y han sido sometidos a también a sanciones y han generado mecanismos de defensa; y (ii) los efectos colaterales sobre la población y las empresas y otras organizaciones venezolanas que, al generar un impacto negativo en las operaciones asociadas a la gestión internacional de ayuda humanitaria para Venezuela y a las operaciones financieras y comerciales, permiten una narrativa en la que se vinculan los problemas políticos y sociales a la acción de actores externos, como los Estados Unidos, contra Venezuela.