Editorial | Carta del director

7 de octubre de 2019

Beningno Alarcón Deza

La interrupción de la mediación auspiciada por el Reino de Noruega en el momento en el que había que decidir sobre una oferta definitiva de los representantes de la oposición para la celebración de  elecciones libres y competitivas bajo un Consejo de Gobierno que no estuviese controlado por ninguna de las dos partes en el conflicto, muestra de manera inequívoca, aunque tácita, donde están los límites de cualquier acuerdo para el régimen. El límite está en la pérdida del poder, lo que sería el resultado inevitable de una elección fuera de su control. En tal sentido, el éxito de la mesa de negociación de Barbados y Oslo dependía en mayor medida de lo que pasa fuera de la mesa que de lo que ocurría en ella. Para el régimen su mejor alternativa, incluso mejor que un acuerdo en el que se pierde el poder con garantías de amnistía, es el status quo, o sea mantener el poder, y solo en el caso de que perder el poder luzca inevitable, o se vuelva costoso e incierto, se estaría dispuesto a negociar condiciones de cara a tal escenario.  Son las dinámicas internas que ponen en riesgo el poder, y no las sanciones sectoriales o individuales que incomodan, pero no implican una amenaza a su detentación, las que hacen o pueden hacer la gran diferencia en la actitud que asuma el régimen ante una negociación.

1. Oslo en “stand by”

El proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega constó de siete sesiones, cuya última reunión no se materializó, luego de que el régimen venezolano y, posteriormente, la oposición anunciase que desistirían de participar hasta tanto no cambiaran ciertas condiciones elementales. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, de hecho, afirmó el 15 de septiembre que la oposición no participaría en otra ronda de negociaciones auspiciadas por Noruega en Barbados, 40 días después de que el gobierno de Maduro hubiese suspendido su participación. Según Maduro, la oposición no cumplió su promesa de persuadir al gobierno de Estados Unidos para que aliviara las sanciones. En cambio, de acuerdo con lo referido por Guaidó, el gobierno nunca respondió a una propuesta detallada por parte de la oposición que había sido presentada en la sesión previa y frente a la cual la delegación oficialista había mostrado interés de continuar sosteniendo conversaciones alrededor de dicha oferta.

Hoy en día, los tres actores involucrados, el Reino de Noruega, gobierno y oposición, no han manifestado un cierre definitivo del proceso sino, más bien, han dejado entreabierta la puerta a la reactivación de esta iniciativa que busca resolver la crisis política entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición democrática. Maduro afirmó recientemente que “si se reactivara la iniciativa del diálogo de Oslo, estamos preparados para asumirla”. Mientras tanto, Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, señaló que “el mecanismo de Barbados está agotado” subrayó que volverían a la mesa si el gobierno responde afirmativamente  y por escrito a la propuesta que ellos presentaron durante la última etapa.

La oferta hecha por el equipo que representaba a Juan Guaidó se centraba en la separación del cargo de Maduro y del mismo Guaidó para proceder a la creación de un Consejo de Gobierno, hasta que la presidencia fuera decidida mediante elecciones libres y justas, en un plazo de nueve meses bajo supervisión internacional.

1. Agenda de negociación

La agenda discutida constó de seis puntos, que se dividen en ocho y diez, lo que resulta en un despliegue de 56 puntos. El gobierno, de manera estratégica y disciplinada se concentró en un solo punto, el cese de las sanciones. Los seis puntos principales de la agenda serían:

1. Reinstitucionalización del país: Poderes equilibrados, comenzando por la renovación del CNE para proceder a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, para luego continuar con la reinstitucionalización del Estado, incluyendo la renovación del Poder Judicial y el Poder Ciudadano.
2. Levantamiento de sanciones financieras.
3. Elecciones presidenciales
4. Gobierno de Transición
5. Paz y reconciliación
6. Garantías post electorales.

1. Contexto actual

Esta semana la oposición aprobó un acuerdo en la Asamblea Nacional (AN) que refleja una iniciativa de fondo muy importante que implica la ratificación del sector democrático a la propuesta hecha en la mesa de negociación, para darla a conocer públicamente, sobre todo entre actores claves como el sector militar, así como una posición más realista en torno a los objetivos estratégicos, al flexibilizar la ruta y considerar la importancia de atender lo electoral[1].

Al mismo tiempo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha elaborado un comunicado[2] en el cual reitera su apoyo al logro de una solución pacífica y negociada, y subraya la importancia de reactivar el “mecanismo de negociación promovido por Noruega a la mayor brevedad posible, rediseñando su composición y funcionamiento con el fin de facilitar la inclusión de nuevos actores nacionales e internacionales que puedan fortalecer el proceso y que permitan la incorporación de propuestas de los distintos sectores de la sociedad: educadores, trabajadores, estudiantes, gremios, empresarios, comunidades indígenas, movimiento feminista, campesinos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades entre otros”.  Asimismo, esta iniciativa exhorta a la “Junta Directiva de la Asamblea Nacional a la creación de una mesa de entendimiento nacional que pueda alimentar la dinámica del mecanismo de negociación y garantizar la inclusión de todos los actores políticos y sociales”.

Si bien conocemos a buena parte de las organizaciones que suscriben este comunicado y a sus líderes como personas intachables, y compartimos buena parte de su contenido, el fragmento arriba citado expresa una propuesta que el régimen sin lugar a duda debe mirar con beneplácito. La falta de acuerdo nada tiene que ver con la metodología de la mediación que a todas luces es acertada desde un punto de vista técnico, sino con la falta de voluntad del régimen para negociar su salida del poder. Asimismo, todo negociador o experto en negociación sabe que las probabilidades de alcanzar un acuerdo son inversamente proporcionales al número de personas que negocian. Por lo tanto cualquier regreso a la mesa de negociación debe hacerse con la misma metodología y desde el punto en donde esta mediación se interrumpió, evitando así desechar casi un año de esfuerzos, pero teniendo siempre en cuenta que la reactivación de esta iniciativa, sin que se hayan materializado cambios fuera de la mesa,  o sea a nivel del meta-juego que condiciona las alternativas de régimen, implicaría el regreso al círculo vicioso de  un nuevo diálogo sin resultados que apunten a la solución definitiva del conflicto.

El gobierno, por su parte, ha apelado a fortalecer su estabilidad interna, comenzando a prepararse para una elección parlamentaria el próximo año, para lo cual ha sostenido negociaciones en paralelo con un grupo de pequeños partidos que no formaron parte de las rondas de negociaciones en Barbados. De los cinco partidos que han firmado el acuerdo con el gobierno, solo dos tienen representación parlamentaria, Avanzada Progresista dirigida, por Henri Falcón, quien participó en la elección presidencial de mayo de 2018, y Cambiemos, liderado por Timoteo Zambrano, quien ha sido muy cercano al ex-presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ambos partidos suman ocho curules de los 167 de la AN. La estrategia parece indicar un objetivo de fondo: retomar el control del Poder Legislativo, liderado hoy por Juan Guaidó y la coalición opositora mayoritaria. Para tales fines, la nueva coalición minoritaria podría intentar propiciar un cambio en la correlación de fuerzas antes de las elecciones parlamentarias para desplazar a Guaidó de la presidencia de la AN, para lo que necesitaría una mayoría simple a su favor de 84 votos, con los cuales no cuentan de momento. Si ello no funcionara les tocará mantener a la Asamblea Nacional neutralizada, como ha sido el caso hasta hoy, para centrar el esfuerzo en las próximas elecciones parlamentarias bajo un mínimo de condiciones que reduzcan los cuestionamientos, pero que no animen a la oposición mayoritaria a participar, apostando a su abstención, lo que permitiría una distribución de la asamblea entre estos partidos minoritarios (clientelismo competitivo) y una mayoría de diputados bajo el control del gobierno.

Asimismo, en línea con este esfuerzo por lograr una mayor legitimidad en lo internacional, el gobierno procede a avanzar en una serie de iniciativas al unísono: (i) la firma de la carta de entendimiento con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); (ii) negociaciones en paralelo con este grupo de pequeños partidos; (iii) anuncia su disposición a reactivar el mecanismo de Oslo-Barbados; y (iv) propuesta de activación del mecanismo de Montevideo como alternativa al proceso auspiciado por Oslo, que buscaría, justamente, cambiar el mediador, ampliar la agenda, y aumentar el número de partes representadas en la mesa de negociación, lo que reduciría las probabilidades de un acuerdo y reiniciaría la negociación desde cero otorgándole más tiempo al régimen.

1. Conclusiones

Aunque en la opinión de algunos, el cierre temporal del proceso de negociación auspiciado por Oslo se suscribe en la incapacidad de la coalición gubernamental de resolver el dilema derivado de sus potenciales costos ante pérdida del poder político, que sería el resultado inevitable de la ejecución de un acuerdo negociado, es necesario considerar que estamos ante una relación asimétrica en la que el gobierno es el jugador con la posición más sólida, gracias al control sobre las instituciones y el poder, y por lo tanto el que menos necesitado está de alcanzar un acuerdo que al final implicaría la pérdida de tal poder.

Es así como para el régimen su mejor alternativa, incluso mejor que un acuerdo en el que se pierde el poder con garantías de amnistía, es el status quo, o sea mantener el poder, y solo en el caso de que perder el poder luzca inevitable o se vuelva costoso e incierto se estaría dispuesto a negociar condiciones de cara a tal escenario. 

En este sentido, la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la base de la propuesta final esgrimida por la oposición dependerá, principalmente, de lo que pasa fuera de la mesa de negociación, es decir del nivel de las presiones externas y sobre todo internas, su impacto disuasivo sobre los actores aliados de Maduro y lo que ello implica en términos de poner en peligro el control del poder. Son las dinámicas internas que ponen en riesgo el poder  y no las sanciones sectoriales o individuales que incomodan pero no implican una amenaza a su detentación, las que hacen o pueden hacer la gran diferencia en la actitud que asuma el régimen ante una negociación.

[1] Acuerdo de la AN: http://asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-aprobo-acuerdo-que-establece-una-ruta-politica-integral-al-pais-que-permita-elecciones-presidenciales-libres-y-transparente

[2]https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet_ttqoB7Co2y4LCFQl7V_Bo3l5eZ_4yZj2KE1VWjPjmvBAQ/viewform