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La inestabilidad de la administración pública y la crisis del modelo

Mientras que en Venezuela hay escasez de todo, por la frontera con Colombia cruza una amplia gama de mercancías diariamente, desde el Táchira. Foto: AP Photo/Eliécer Mantilla

Eglé Iturbe de Blanco

09 de diciembre de 2019

En los últimos veinte años se ha querido introducir y consolidar en Venezuela el llamado “Socialismo del Siglo XXI” y para ello se han sometido todas las instituciones públicas a cambios orientados a destruir las estructuras creadas por los 40 años de democracia (1959-1999), a fin de colocar en su lugar el andamiaje de sustento al modelo socialista inspirado en la revolución castrista y apoyado en una falsa idea de bolivianismo. 

Estas acciones han generado cambios importantes en la imagen de la República, empezando por su cambio de nombre, colocando el apellido de Bolivariana; agregar una estrella a la bandera nacional para llevarla a ocho; rediseñar el escudo nacional para cambiar la orientación del caballo, ahora mirando a la izquierda; colocar apellidos a los ministerios, y lo más importante cambiar la Constitución de 1961 con el fin de refundar la República y pasar a establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica que sustituyera el gobierno de la República de Venezuela que será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo  (crv1961 art3°).

Estos importantes cambios en  la constitución se han ido reflejando paulatinamente en la desintegración de la administración pública nacional la cual, ha crecido desmesuradamente entre 1999 y 2019, cuando pasó de 16 ministerios a 34  y de nombrar un promedio de 8 ministros por año en los 40 años de democracia a nombrar un promedio de 22 por año durante los 20 años de gobierno del Socialismo del Siglo XXI. Además, se incorporaron a los procesos de decisión de las políticas públicas distintas organizaciones creadas al amparo de las leyes del poder popular  y se incorporó al gobierno la directiva del partido de oficialista denominado PSUV, empezando por el presidente del mismo, el cual es el presidente de la República; aumentado el presidencialismo y debilitando el papel de los ministros en la gestión de gobierno.

Adicionalmente a lo anterior, se ha adoptado un gobierno cívico-militar que ha llevado al Poder Ejecutivo nacional y regional a importantes representantes de la Fuerza Armada Nacional (FANB),a las cuales también se les ha agregado el apellido de bolivarianas, se le ha otorgado beligerancia política y cambiado sus leyes, saludos y consignas .Se  han nombrado entre 1.500 y 2.000 representantes del Alto Mando de la FANB como máximos representantes de los ministerios, también han sido designados como viceministros, directores generales, autoridades únicas, presidentes y gerentes de organismos y empresas del Estado y jefes de las llamadas Grandes Misiones. Se han creado 20 empresas públicas sin fines militares que detentan el control de la importación, comercialización y distribución de alimentos en todo el territorio nacional a través de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), presidida por el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y en la cual, en las distintas actividades, se han incorporados más de 90 generales.  Durante el 2019 diversos hombres de uniforme han estado a cargo de tres vicepresidencias sectoriales y quince ministerios. 

La duración de los ministros en el cargo ha sido precaria, no pasa de meses en promedio, salvo algunas excepciones como los ministros de Planificación Ricardo Meléndez, Petróleo, Rafael Ramírez, Servicios  Penitenciarios, Iris Valera, Defensa, Vladimir Padrino López y Pueblos Indígenas, Aloha Núñez que han estado seis años en sus cargos. Otros miembros del partido de gobierno y de la FANB han sido ministros por varios años en  diferentes carteras demostrando la misma incapacidad de diseñar e instrumentar políticas públicas adecuadas. El caso de la Almirante en Jefe Carmen Meléndez, cinco años de ministro en tres ministerios diferentes. Delcy Rodríguez, cinco años entre Vicepresidente Ejecutivo de la República y tres ministerios; Jorge Arreaza,  Erika Farías y los generales Rodolfo Marco Torres, Manuel Quevedo y Carlos Osorio han tenido una trayectoria similar.

Como los gabinetes no se seleccionan por criterios técnico-políticos, sino por la lealtad al partido y la pertenencia a la Fuerza Armada, cada vez que se cambia un ministro se cambian los directores generales del ministerio y de los sectores, con la imposibilidad de crear equipos de trabajo y diseñar y estabilizar las políticas públicas. Como ejemplo podemos citar que durante este año, se han creado, fusionado y eliminado, cuatro ministerios y se han nombrado 47 ministros. El caso del ministerio de Energía Eléctrica, a raíz del gran apagón del 7 de marzo pasado es ilustrativo de la situación mencionada: se  han nombrado tres ministros y se ha sustituido totalmente el tren directivo del ministerio y sus principales empresas, pero no se han tomado medidas acordes con la solución de la crisis eléctrica.

 Así como este caso puede señalarse las prácticas adoptadas en otros sectores como la agricultura y la agroindustria. La mayoría de las empresas privadas productoras de alimentos y productos de primera necesidad  que fueron objeto de la política de expropiaciones y tomas de empresas que resultaron en paralización total de la producción de las mismas para ser sustituido el abastecimiento por productos importados, política que se vio favorable mientras hubo divisas suficientes para cubrir las importaciones, pero que se deshizo cuando fueron cayendo paulatinamente los precios  del petróleo y su producción, generando escasez, desempleo y altos costos de los productos de la dieta básica, a lo cual se unió el bajo nivel de poder adquisitivo del venezolano y la más alta inflación del mundo.

Las instituciones públicas no fueron capaces de manejar los excedentes de recursos generados por el petróleo en los años de precios altos para mantener el Fondo de Estabilización Macroeconómica para los años de vacas flacas .El Banco Central de Venezuela (BCV), institución técnica  reconocida mundialmente, se fue desmantelando y ha llegado a dejar de producir cifras básicas para el análisis de la situación del país y la toma de decisiones por varios años. Cabe destacar que las que ha producido no son creíbles ni oportunas.

El desmantelamiento del sistema institucional de la Administración Pública Nacional (APN) ha limitado la posibilidad de adoptar políticas públicas adecuadas para haber aprovechado la enorme burbuja de ingresos petroleros más alta en toda la vida republicana y se desperdició la oportunidad de convertir al país en una potencia industrial y petrolera. Fue sustituida por el autoritarismo presidencialista y el proceso de implantación del modelo socialista que fue negado por la población en el Referendo del 2005.

Corresponde ahora hacer los mayores esfuerzos para lograr transitar por un gobierno de transición que tenga claros sus objetivos, que reinstitucionalice  la APN y prepare al gerente público, el cual ha desaparecido, para que el país reciba en el plazo más corto posible a un nuevo gobierno democrático con separación de poderes, respeto por los derechos humanos, que estimule la producción nacional, que cree fuentes de trabajo bien remunerado, que adopte políticas para abatir la hiperinflación y que genere una nueva estructura de la APN de naturaleza civil, retornando los militares a las tareas que le son propias. 

En síntesis, establecer un modelo de Estado democrático, representativo, responsable y alternativo que garantice los derechos de todos los ciudadanos, que favorezca la producción y el empleo y adopte las políticas necesarias para caminar por la senda del bienestar colectivo, generando igualdad de oportunidades para todos  los venezolanos.

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