Carta del Director

Perspectivas 2020

EDITORIAL

Benigno Alarcón Deza

18 de diciembre de 2019

Recientemente el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello presentó sus proyecciones en lo político, internacional, económico y social para el primer semestre del año 2020. La presentación de escenarios estuvo a cargo de cuatro miembros de nuestra Mesa de Análisis Coyuntural y una invitada especial: Félix Arellano en el análisis de lo internacional y su relación con la dinámica nacional; Félix Seijas mostrando lo que el estudio estadístico más reciente elaborado para nuestro Centro nos muestra sobre el estado de la opinión pública y las expectativas de los venezolanos de cara al próximo año; Asdrúbal Oliveros nos mostró la evolución de la crisis económica y las proyecciones para el próximo año;  mientras que a mi me tocó mostrar la evolución de los posibles escenarios políticos para el próximo año; finalizando con nuestra invitada especial, Susana Raffalli, quien ha venido desarrollando un importante papel como experta ante las entidades con responsabilidad en el manejo de crisis humanitarias. Raffalli nos ilustró sobre la evolución y las consecuencias de corto, mediano y largo plazo de nuestra situación social y de emergencia humanitaria en Venezuela.

Aunque es imposible resumir en una pocas cuartillas el análisis y las conclusiones de este evento semestral que se extiende por más de cuatro horas y que ha venido contando con la atención creciente de políticos, empresarios, diplomáticos y medios de comunicación social, trataremos de dedicar el último editorial de este año a dar una idea a nuestros lectores que no pudieron estar presentes en este evento sobre lo que podríamos esperar de cara al 2020, a fin de prepararnos para afrontar los retos que el futuro inmediato nos depara.

Perspectivas internacionales (Félix Arellano, miembro de la MAC del CEPyG-UCAB)[1]

El conflicto venezolano se ha caracterizado por tener un peso significativo y permanente en la agenda internacional, especialmente desde el año 2019; hecho que no sólo responde a un interés genuino de buena parte de la comunidad internacional por lograr la redemocratización de Venezuela, sino también a la amenaza que representa su crisis multidimensional a la paz y seguridad de la región y para algunos países del hemisferio occidental. Las amenazas son diversas: Narcotráfico, lavado de capitales, diáspora (servicios públicos, empleo en países destinos), negocios ilícitos (oro, coltán, evasión a sanciones financieras a través de un juego de ilícitos internacionales), sospecha de relaciones de cooperación con grupos subversivos y terroristas de otros países, etc.

Como resultado, el tema venezolano se ha internacionalizado y hoy forma parte de la agenda de múltiples instancias y dispositivos, tanto institucionales como ad hoc, tales como gobiernos particulares, grupos regionales, organismos internacionales, entre otras iniciativas.

Es así como la situación de Venezuela estuvo enmarcada activamente en la agenda de la Organización de Estados Americanos (OEA). El papel de Luis Almagro, actual Secretario general de la OEA, ha sido relevante por: (i) anteponer la agenda de Venezuela en la institución por encima de otras regiones; (ii) en consecuencia, elaborar cuatro informes sobre la crisis venezolana, y (iii) activar la iniciativa de convocar a los países miembros, apalancándose en el artículo 20 de la Carta Democrática, aún cuando la decisión reposaba en los respectivos gobiernos. La permanente dificultad de alcanzar el voto de la mayoría de los miembros (18  votos) requeridos para activar la Carta Democrática motivó la creación de un grupo ad hoc como el Grupo de Lima (GL), con la finalidad de trabajar activamente en la reconstrucción de la democracia y la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela.

Tras la juramentación del diputado Juan Guaidó como Presidente Interino, más de 60 gobiernos democráticos han desconocido la elección presidencial de Nicolás Maduro  de mayo de 2018, al tiempo que han reconocido la validez y legitimidad tanto de la Asamblea Nacional (AN) como de Guaidó como su presidente, y de éstos 54 gobiernos lo reconocen como Presidente Encargado.

La activa participación del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, a raíz de la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino durante los primeros días de enero generó expectativas sobredimensionadas y un nivel de controversia con respecto al tono y formas de un posible desenlace del conflicto para ese momento. Tales eventos insertaron a Venezuela de forma más activa en la agenda norteamericana, en donde además se cuenta con apoyo bipartidista.

La Unión Europea (UE) se involucró en la resolución del conflicto progresivamente hasta el punto de aplicar sanciones de carácter personal a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, aunque de carácter más moderado con respecto a las emitidas por Estados Unidos, con el fin de presionar por una nueva elección presidencial en condiciones libres y democráticas. Asimismo, la Unión Europea creó un grupo ad hoc, el Grupo Internacional de Contacto (GIC), el cual sigue promoviendo la creación de incentivos para la negociación de una solución pacífica. A esta iniciativa se han sumado otros países como Suiza, Japón y Corea del Sur.

El efecto Venezuela resulta complejo en el plano externo, dada la incertidumbre del juego político atado, entre otros factores, a la diversidad de actores y su respectiva multiplicidad de intereses. Preocupa un posible exceso de geopolítica en el caso venezolano que podría diluirse a la luz del surgimiento o intensificación de otros conflictos de distinta naturaleza que absorben la atención internacional: guerras comerciales,  el narcotráfico, Brexit, kurdos, Siria y Hong Kong. En específico, la región enfrenta alta tensión social, volatilidad, inestabilidad, gobiernos concentrados en sus agendas internas y en su gobernabilidad (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil), lo que puede incidir en la atención y la acción en el caso Venezuela, debilitándolos. Sin embargo, la región no es indiferente, ni desinteresada y, en su mayoría, es partidaria de una solución pacífica en Venezuela. En general, la comunidad internacional democrática y el Grupo de Lima presentan diversas orientaciones y, posiblemente, algunas divisiones, pero todos estos actores han venido trabajando para reconstruir la democracia en Venezuela, aunque podríamos tener una moderación de este esfuerzo a partir del próximo año debido a la moderación de las expectativas al no vislumbrarse posibilidad de resultados en el corto plazo.

Opinión Pública de noviembre de 2019 (Félix Seijas, miembro de la MAC del CEPyG-UCAB)[1]

Los resultados del reciente estudio de opinión del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB), cuyo campo fue desarrollado por la empresa de estudio de opinión Delphos, mediante entrevistas en 1.200 hogares, del 28 de octubre al 12 de noviembre de 2019, a nivel nacional, apunta en general a un cambio dramático con respecto al país de 2018, con la paradoja de que el nivel de esperanza hoy ha retrocedido por debajo del de noviembre de 2018, después del importante repunte observado entre enero y mayo de este año con motivo del surgimiento del liderazgo de Juan Guaidó y su oferta política sobre el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres.

Con respecto a la proporción del apoyo de la población venezolana al gobierno y a la oposición, el estudio señala que 40,2% de la población apoya a la oposición y 23,4% al chavismo. Si desglosamos lo anterior, aquellos de oposición que sí apoyan al liderazgo (oposición dura) representan el 23,7%, y aquellos que se auto definen como opositores pero no al liderazgo (oposición blanda) 16,5%. Luego, la población que apoya a Maduro es de 14,3% y la población identificada con el chavismo, pero descontento con Maduro es de 9,1%. El resto, es decir, más de un tercio de la población (36,3%), no apoya a ninguna de las dos partes del espectro político, lo que no quiere decir que sean indiferentes o no tengan posición política. Este grupo que no se identifica con ninguno viene en franco ascenso desde octubre de 2017, frente a los tres grandes grupos de autodefinición política y en comparación con los subgrupos identificados como oposición.  Asimismo, toca destacar que el apoyo al chavismo ha caído dramáticamente, puesto que representa una erosión significativa de lo que había constituido su piso de apoyo. Consistente con lo anterior, 62,4% de la población señala al gobierno y a Maduro como los mayores responsables de los problemas del país, una proporción mayor que la encuesta de mayo de 2019, 58,2%. La mayor simpatía partidista reposa en el PSUV con 18,2% mientras que los partidos de oposición suman 14%. Es así como el chavismo viene perdiendo no solo apoyo, sino reduciendo su piso político, en una tendencia que es progresiva y pareciera irreversible.

El nivel de confianza en Juan Guaidó ha disminuido en los últimos meses, al pasar de un 98,2% en la oposición dura en mayo de 2019, al 88,7% en noviembre de 2019; del 81,8% al 50,8%  (caída abismal de 30 puntos) en la oposición blanda, y de 49,6% hasta 29,6% (declive de 20 puntos) en el grupo que no se identifica con ningún liderazgo. No obstante, pese al enorme costo político que han podido tener sus errores y una importante caída en las expectativas, Guaidó sigue teniendo una enorme resiliencia y continúa siendo, por mucho, el principal referente de la oposición, al tiempo que aventaja también por mucho a Maduro como principal referente del oficialismo.

Las expectativas sobre un cambio de gobierno para los próximos 12 meses habían aumentado exponencialmente a partir de la aparición de Guaidó y registraban, aún para mayo de este año, un 50,6%. Actualmente, para el momento del cierre de este estudio, noviembre 2019, las expectativas habían retrocedido hasta un 39,2%, situándose prácticamente en los mismo niveles de noviembre del 2018  (38,7%). Ello se relaciona con los niveles de efectividad esperada de Guaidó con respecto a su oferta política del cese de la usurpación, sólo un 18,6% cree que Guaidó sí lograra el cese de la usurpación y 21,4% señaló que tal vez lo lograría.

La disposición a votar en las parlamentarias en 2020 es de 64,4% y para las presidenciales de 69,9%, mientras que para una celebración en conjunto sería de 64,8% en la pregunta hecha sin atender a ninguna condición político o electoral. No obstante, la disposición a votar bajo ciertas condiciones electorales y políticas sufre una merma importante. Un elemento a destacar es  que los “no chavistas” se abstienen con mayor fuerza. En este sentido, “que Maduro no sea Presidente” se convirtió en una barrera importante al voto, que denota, además, que las condiciones políticas pesan más que las condiciones propiamente electorales. La penetración del “mantra” posicionado por Guaidó en el primer semestre del año como su eje estratégico para el cambio político -cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres- no sólo está reflejado en la disposición a votar bajo ciertas condiciones de los grupos identificados como oposición, sino, incluso, en una pequeña proporción del chavismo duro. Con respecto a las expectativas versus deseo de la población, la mayoría prefiere unas elecciones presidenciales a las parlamentarias; sin embargo, las expectativas de que esto suceda son muy bajas.

Es así como 39,5% de la población exige que haya un cambio del Consejo Nacional Electoral (CNE), 20,7% que Nicolás Maduro no sea Presidente; 16,2% pide la revisión del Registro Electoral Permanente (REP), 10,6% solicita observación internacional, y 3,7% que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó sea el candidato por el lado de la oposición.

Con respecto a la protesta, al contrario de lo que se piensa, y de lo que la respuesta a las convocatorias pareciera evidenciar, hay una disposición muy alta a protestar (40,9%). En la actualidad, entre la población una mayoría está dispuesta a luchar sin correr muchos riesgos (30,1%), seguida de la disposición a quedarse tranquilo y adaptarse (21,9%); le sigue el grupo que estaría, más bien, dispuesto a luchar tomando riesgos 17,7%, mientras que la disposición de la población a armarse para luchar no está entre las primeras opciones pero pone una alarma puesto que ha subido dramáticamente de 10,5% en mayo de 2019 a 18,1% en noviembre de 2019, un reflejo de que aquellos que manifestaron su disposición en mayo a luchar con riesgo se decantaron meses después por la posibilidad  del uso las armas como mecanismo de lucha para el cambio. Esencialmente hay una polarización en el comportamiento adoptado ante la caída de la esperanza entre un tercio que se da por vencido y piensa que no hay nada que hacer por lo que se distribuyen entre las opciones de adaptarse para sobrevivir o irse del país y otro tercio que se radicaliza diciendo estar dispuestos a correr todos los riesgos, incluído el de la lucha armada, lo cual preocupa, más que por su factibilidad inmediata, por la inclinación hacia la violencia como salida.

En resumen, el estudio refleja lo siguiente: 1) la lealtad de un sector importante de la población está relacionada con un deseo de cambio, más que con personas específicas; 2) el país no es el mismo de diciembre 2018; 3) el chavismo sigue mostrando importantes signos de erosión; 4) ha aumentado la percepción de que el Gobierno de Maduro origina la crisis; 5) los “no chavistas” muestras mayor inclinación a la abstención electoral más por razones políticas que electorales; 6) la condición política en un contexto electoral “que Maduro no sea Presidente” ha cobrado relevancia como barrera al voto; 7) no obstante, el deseo por votar está intacto; 8) han aumentado los niveles de radicalización en la oposición; 9) la disposición a protestar está en sus niveles más altos, pero depende de las expectativas que de ella se generen.

Perspectivas políticas (Benigno Alarcón, MAC y CEPyG-UCAB)[1]


Los escenarios proyectados por el anterior evento del CEPyG-UCAB de junio de 2019 se cumplieron con una gran precisión, y tal como habíamos proyectado, la estrategia del gobierno apostó a la estabilidad a través de su autocratización, lo que hoy sitúa a Venezuela al mismo nivel de Zimbabue en el ranking del Democracy Index de The Economist, lo que implica una suerte de africanización del caso venezolano, no solo en lo político, sino también en lo económico y social.

Con respecto a los escenarios, se reconoce la certeza de una elección parlamentaria inevitable, al menos desde lo previsible, así como lo muy poco probable de una elección presidencial. El régimen apuesta a la celebración de elecciones parlamentarias bajo condiciones electorales suficientes para que éstas no sean eventualmente cuestionadas por la comunidad internacional, como sucedió con la presidencial de mayo de 2018, al tiempo de mantener las condiciones políticas capaces de inducir una abstención suficiente del lado de los electores de oposición, que haga que la oposición prefiera el boicot a la participación, y producir así  resultados electorales favorables que le devuelvan el control de la Asamblea Nacional, con la cooperación de “una nueva oposición” representada por sus interlocutores en la Mesa Nacional de Dialogo, lo que excluiría a la oposición política mayoritaria de los espacios institucionales de representación oficial, dejándoles solo la calle como campo de acción.

El asunto para la oposición es cómo manejar el dilema de sus electores en cuanto a la relación costo-beneficio de su participación electoral, entre legitimar un proceso con baja credibilidad y abandonar la oportunidad de mantener el espacio institucional de la Asamblea Nacional en las próximas elecciones parlamentarias. Hoy, para el elector opositor, en buena medida por las expectativas generadas por el discurso de Guaidó, la resolución de este dilema depende, en gran medida, más de condiciones políticas que electorales, tal como la demanda de que “Maduro no sea presidente”, lo que refleja una especie de efecto bumerán de la propuesta “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

La realidad es que, de acuerdo a múltiples estudios, los boicots electorales suelen diluirse en el tiempo y restándole espacios de lucha a la oposición, además de dejar como única alternativa la calle, con lo cual resultaría mucho más sencillo la represión puntual y hasta su apresamiento al perderse los espacios institucionales de lucha. Mientras algunos argumentan que la oposición este año ha estado en una mejor posición gracias a no haber participado en la elección de 2018, la realidad es que nada de lo sucedido en 2019 hubiese sido posible si la oposición no estuviese en control de la Asamblea Nacional, gracias a haberla ganado en el 2015.

Hoy, pese a la alta disposición a protestar, la oposición luce poco eficiente frente a la alternativa de escalar el conflicto en escenarios distintos al electoral, por lo cual resulta urgente que defina su posición en relación a su participación en las elecciones legislativas de 2020, para lo cual necesitará de las gestiones de sus aliados internacionales y de la presión ciudadana para exigir condiciones mínimas que permitan un proceso cuya competitividad sería limitada, pero sí manejable organizativamente por la oposición y de esta forma intentar preservar la mayoría y convencer a sus propios electores de participar, aún cuando no se haya cumplido con la promesa del cese de la usurpación.

Las elecciones tendrán utilidad para democratizar si éstas aumentan costos de represión del gobierno, a través de la unificación de la oposición y el aumento de su eficacia política para movilizar y legitimarse. En cambio, la elección pierde fuerza estratégica si los costos de represión son bajos, si la elección funciona para dividir a la oposición, o si la competencia electoral sirve para generar espacios para el clientelismo político, permitiéndole al régimen cooptar a un subgrupo de partidos, generándole incentivos para su participación electoral.

Con respecto a la comunidad internacional, la estrategia de países europeos, aunque pareciera mantenerse firme en relación con el desconocimiento de la elección presidencial de mayo de 2018 así como sobre la exigencia de una nueva elección presidencial como único camino para normalizar la situación del país, podría, en el corto plazo y ante la  ausencia de expectativas de cambio político en lo inmediato, ser de contención del conflicto venezolano. Esto sería probable porque este sector de la comunidad internacional parece, de hecho, proclive a privilegiar la provisión de ayuda humanitaria y la defensa de los derechos humanos (DDHH) por encima de estrategias únicamente destinadas al cambio democrático. En donde existe mayor incertidumbre es en el caso de los Estados Unidos debido a las divergencias en torno a la política sobre Venezuela y la relación costo-beneficio que podrían tener las decisiones tomadas sobre Venezuela en medio de una campaña de re-elección presidencial que se desarrolla en medio de un proceso de juicio político.

Finalmente, nuestro ejercicio de escenarios arrojó cuatro tipos con sus respectivos elementos que le caracterizarían:

  1. Autocratización (rojo): 1.1) Mayor concentración del poder en un hombre o en una élite muy reducida; 1.2) avances en el control del régimen sobre el poder político; 1.3) menor dependencia de la legitimidad electoral (incertidumbre sobre las reglas y procedimientos, certidumbre sobre los resultados); 1.4) eliminación de los contrapesos institucionales o políticos.
  2. Militarización (verde): 2.1) Concentración del poder político en la élite militar; 2.2) desplazamiento de la élite política por la militar. 2.3) control militar sobre las decisiones políticas; 2.4) estabilidad y gobernabilidad dependiente del uso de la fuerza y no de la legitimidad.
  3. Transición Tutelada (amarillo): 3.1) Transición por reforma controlada desde la élite militar; 3.2) cambio de actores en el gobierno; 3.3) condicionamiento de una transición a los acuerdos entre la élite militar y la élite política opositora; 3.4) control militar de las garantías institucionales otorgadas a la institución militar (contrapeso militar al poder político); 3.5) cambios institucionales progresivos y lentos.
  4. Transición plena (azul): 4.1) Transición por ruptura o ruptforma; 4.2)Cambio de actores en el poder; 4.3) cambios institucionales y constitucionales; 4.4.) independencia de poderes y reinstauración de balances y contrapesos institucionales; 4.5) elecciones bajo condiciones de integridad electoral.
Fuente: Cuadro original elaborado por CEPYG-UCAB

El statu quo está representado por el escenario número 24 aunque es probable que pueda moverse hacia el escenario 20 si la oposición (G4[1] y Guaidó) no reunifica filas al interior de sus fuerzas, luego del saldo negativo de 2019 con respecto a los intentos fallidos de cambio político.

Lo cierto es que hoy luce lejana la posibilidad de una transición a la democracia en Venezuela. Por el contrario, ante la falta de acuerdos entre gobierno y oposición, el avance del proceso de autocratización y la posible exclusión de la oposición de los espacios institucionales de representación a partir de la próxima elección parlamentaria, algunas organizaciones internacionales con experiencia en conflictos, al igual que el CEPyG-UCAB, comienzan a temer que se estén conformando las condiciones para escenarios que implicarían, por una parte, mayores niveles de emigración, y por la otra, una escalada de conflicto interno, incluso con niveles de violencia no vistos hasta ahora.

En este sentido, el escenario más probable es el de autocratización reflejado en el número 3 para el primer trimestre de 2020 y posiblemente a lo largo del próximo año. La oposición debe repensarse estratégicamente y apuntar al escenario número 29, sobre todo, porque el gobierno apuntará hacia el escenario número 4, buscando disminuir significativamente los costos de represión por medio de una profundización de la división opositora, la desmovilización de la población y, en ese contexto, de la celebración de unas elecciones parlamentarias, cuyos resultados le permitan no sólo la mayoría parlamentaria sino cierta legitimidad internacional e interna que le garanticen su estabilidad política en el mediano plazo.

Perspectivas económicas (Asdrúbal Oliveros, miembro de la MAC del CEPyG-UCAB)

La proyección económica para 2020 apunta a un séptimo año continúo de contracción económica (caída del Producto Interno Bruto, PIB), según Asdrúbal Oliveros (Ecoanalítica). Oliveros señala que factores tales como la contracción del gasto público, las políticas de restricción del crédito bancario y la venta masiva de euros (política monetaria aplicada para recoger liquidez) han permitido un margen de maniobra, debido a una menor devaluación e hiperinflación, pero en detrimento del desempeño económico, que se sitúa en una caída del PIB de 39%. En síntesis, este año se ha caracterizado por una mejora en los mecanismos de distribución de bienes; desaceleración de la tasa de inflación; la eliminación de los disparadores del crecimiento: gasto, crédito y consumo; la profundización de la dolarización transaccional. Para el año próximo, la caída del PIB será menor, de aproximadamente 11%, puesto que se estima nuevamente la ausencia de variables determinantes del crecimiento económico, aunque la dinámica impuesta por mayores niveles de importación (en comparación con los últimos dos años) y consumo en ciertos nichos, aunado a un mayor uso del dólar en las operaciones cotidianas amalgamarán el declive de la economía, el próximo año. Lo cierto es que una mayor flexibilización del mercado cambiario, la dolarización transaccional y la ausencia de controles de precios han producido un dinamismo poco habitual en el comercio, en comparación con el año pasado. De acuerdo con Oliveros, este dinamismo está asociado al comportamiento del gobierno, como una respuesta atada a una lógica política y no como un proceso de aprendizaje sobre su manejo económico.

Por su parte, los estudios de Asdrúbal Oliveros (Ecoanalítica) calculan tasas de inflación anualizadas para este año de 18.600% y un nivel significativamente menor para 2020 de 3.014%. Al gobierno gastar menos, se ha producido una menor monetización del déficit fiscal, lo que ha traído como resultado un nivel menor de hiperinflación, como se ha reflejado este año y en la proyección para 2020. Ahora, el impacto será limitado en un punto dado, en el cual la inflación no se podrá desacelerar más si no se toman los correctivos estructurales necesarios. Ahora bien, esta disciplina fiscal obligada no termina siendo compensada en términos de la provisión de servicios públicos, dada la situación significativamente precaria de la provisión, caracterizada por la ausencia del Estado a lo largo del territorio del país, en especial, en las localidades fuera de Caracas, donde sus habitantes sufren cotidianamente la interrupción de servicios básicos.

Con respecto a la dolarización transaccional, Oliveros ha identificado cómo el manejo de divisas ha permeado capas de la población que anteriormente no tenía acceso a dólares, reflejando con esto  tres países que conviven en uno: 15% (la burbuja de los dólares) de la población que maneja divisas en cantidades aceptables mayores a US$ 400 y que tienen ingresos, grupo conformado por personas que cuentan con un patrimonio financiero importante y/o con acceso privilegiado a recursos debido a sus conexiones con el gobierno, así como ejecutivos de empresas privadas y aquellos que desempeñan profesiones específicas. Otro sector, 35% (esta es la novedad de 2019 que comienza a tener niveles de consumo, ejemplo, el comportamiento del consumidor durante el Black Friday), sobrevivencia y el rebusque con cantidades incipientes de un conjunto de personas ligadas a oficios que dolarizaron sus tarifas y servicios. Otro es el hecho de que muchas empresas remuneran a capas de arriba y el resto de los estratos, y luego un 50% en situación precaria, atrapados por la hiperinflación. Como resultado en 2019, “más de 50% de las transacciones en las principales ciudades se pagaron con divisas”.

El sector privado y los organismos dedicados a la labor humanitaria han estado sorteando con gran dificultad el impacto de las sanciones que se genera por el sobrecumplimiento de la banca y proveedores de bienes estadounidenses, los cuales no quieren someterse a penalidades por parte de las autoridades de Estados Unidos. Por otro lado, la “economía negra”, ha constituido el instrumento de resistencia del gobierno frente a la debacle de la industria petrolera, puesto que representó niveles de ingresos por US$ 14,4 mil millones el año pasado, es decir, un tercio de los ingresos totales del país. De acuerdo con los estudios de Oliveros, totalizarán, incluso, un monto mayor este año, en contraste con el ingreso petrolero, que representó, tan solo, el equivalente a US$ 28 mil millones. Se espera que los ingresos de fuentes ilícitas sigan una tendencia creciente el próximo año. La contracción de la producción y las exportaciones petroleras han respondido a la reducción del universo de compradores y clientes para barriles generadores de caja, al servicio de deuda a Rusia y China, que ocupa mayor proporción de barriles disponibles, a la contracción de consumo interno, restringiendo disponibilidad local de combustible y el reordenamiento de PDVSA para favorecer producción de crudo “Merey”. Mientras las exportaciones petroleras y las importaciones sigan cayendo, los canales de comercio hacia Venezuela seguirán siendo progresivamente opacos.

Con respecto a los ingresos de los individuos, el salario integral no es representativo del ingreso de la familia; por lo tanto, no sirve como métrica. En términos de ingresos familiares, hoy existen seis factores que pueden componerlo: ingresos por ahorro, remesa, corrupción, rebusque, economía negra y remuneración del sector privado por encima del salario mínimo. No obstante, el poder adquisitivo del venezolano sigue siendo sumamente insuficiente en cualquiera de las dos monedas, bolívares y dólares.

En conclusión, según Oliveros, en el año 2020 se experimentará una reducción de la economía, de las empresas y los negocios, aunque a menores niveles de 2019 – una suerte de escenario de statu quo en lo económico- y se caracterizará por un mayor peso de la economía ilegal, por los niveles de dolarización transaccional, que serán casi irreversibles y por un ajuste en los servicios. En particular, el tipo de cambio paralelo podría superar el millón de bolívares por dólar en 2020, una diferencia significativa con respecto a la tasa de cambio de 45 mil bolívares por dólar registrada recientemente.

Perspectivas de la crisis humanitaria (Susana Raffalli, invitada especial)[1]

El nivel de la crisis humanitaria en Venezuela se ha agudizado pese a las alertas producidas desde 2016 y al involucramiento intensivo para paliar la situación de organizaciones locales e internacionales como Cáritas de Venezuela. En la actualidad, la situación venezolana es catalogada internacionalmente como de Emergencia Humanitaria Compleja. Los indicadores preliminares de 2019 no son alentadores, si bien a lo largo del año pasado se experimentó un mejoramiento sostenido en comparación con 2017, período en el cual las necesidades humanitarias fueron enormes y en el cual se acusó una desnutrición desbocada. Durante este año, la cifra de desnutrición comenzó a aumentar de nuevo, patrón que persistirá, si las condiciones actuales del país y el nivel de apoyo internacional no cambian en términos absolutos de la cobertura, del ritmo  y formas en las cuales se dispensa la atención.

Ya 35% de los niños atendidos por Cáritas de Venezuela presentan un cuadro de posibles daños irreversibles. Raffalli subraya que “un niño desnutrido durante sus primeros dos años de vida puede ver seriamente afectada su capacidad de aprendizaje y productiva durante el resto de su vida”, lo que se traduce en una seria afectación del capital humano de Venezuela en el mediano y largo plazo.

El Sistema de Monitoreo Centinela de Cáritas[1] de las parroquias más pobres del país que hace seguimiento al estado nutricional de los niños menores de 5 años, junto a una encuesta familiar sobre la seguridad alimentaria y las restricciones humanitarias determinó que el nivel de supervivencia comenzó a deteriorarse en 2017, aunque el índice en 2018 experimentó una disminución, lo que señala que la seguridad alimentaria mejoró durante esos 12 meses. Ahora, cálculos preliminares arrojan que en 2019 el índice aumentó. Con respecto al núcleo familiar, se produjo un aumento abrupto de las familias que sufren privación alimentaria, 87% en 2019, luego de un declive sustancial el año pasado (57%).

De acuerdo con el trabajo de Susana Raffalli para Cáritas de Venezuela, 13,5% de los niños menores de cinco años sufren un nivel de desnutrición grave, lo que implica, además, un alto riesgo de mortalidad en las próximas dos semanas para al menos 4% de ellos. En las jornadas alimentarias que ofrecerá Caritas, suelen asistir niños acompañados de sus hermanos menores, así como ancianos que no quieren comer solos, lo que refleja el “doble filo de la situación humanitaria”. La curva de la desnutrición reporta un nivel de desnutrición aguda grave, el cual mejora en 2018 gracias a la campaña de vacunación y recepción de remesas, pero empeora este año consistente con los niveles que requieren ayuda humanitaria. El estudio de Raffalli señala una correlación positiva entre el comportamiento de la tasa del dólar paralelo e inflación con respecto al de la desnutrición. Este año culminará con un aumento importante de la situación de desnutrición infantil que es, a su vez, consistente con los observados en una crisis humanitaria; por lo tanto, el período 2017-2019 cerrará, con un nivel desnutrición crónica en los niños menores de 5 años (27% en 2017 vs 35% en 2019). Entre las consecuencias irreversibles para aquellos niños que sobrevivirán está el rezago de crecimiento cognitivo en términos de la productividad propia y la del país, lo que representará una carga enorme asociada a enfermedades metabólicas para el presupuesto nacional.

Fuente: Gráfico original de Susana Raffalli, asesora de Cáritas de Venezuela

57% de las familias encuestadas informaron que tiene algún familiar fuera del país producto de la migración (agosto 2019). El 48% de los hogares ha tenido acceso a comprar la ración de alimentos estatal Clap, un nivel menor en comparación con años previos como consecuencia de declive drástico del gasto público.

Raffalli sintetizó en una lista una serie de factores que reflejan el estado de alarma de la situación de crisis humanitaria en Venezuela: a) compensación atada a las remesas y su carácter volátil; b) desgaste que coexiste con lo agudo y urgente de la emergencia humanitaria compleja; c) insuficiencia de la asistencia inmediata (socorro); d) desgaste del tejido social como parte del objetivo político, y consecuencia de la migración y desplazamiento; e) desgaste integral que abarca lo personal, familiar y ambiental: destitución, integridad como bien de valor de intercambio, suicidio, migración, desplazamiento interno, abuso del recurso natural; f) agotamiento de medios de vida; g) fatiga de la cobertura de medios de comunicación, de organizaciones humanitarias y de donantes; h) acción humanitaria sustitutiva del rol del Estado, lo que produce una baja presión sobre este último; i) aislamiento de la población venezolana; j) impunidad de los responsables; k) control social y” territorialización” (por ejemplo, comunidades aisladas, sobretodo la minera, pierden acceso por medio del carnet vacunación y a la bolsa Clap si se han movilizado desde otras localidades del país).

Asimismo, Raffalli recomienda un conjunto de líneas de trabajo: 1) Incorporación de la resiliencia y medios de vida al socorro; 2) articulación de la sociedad civil para la acción humanitaria, solidaridad: cuota social, asistencia técnica a organizaciones; 3) análisis de riesgos y medidas de mitigación familiar, social, ambiental; 4) información y pedagogía ciudadana para la acción humanitaria – DDHH; 4) documentación y monitoreo; 5) visibilidad e incidencia; 6) fortalecimiento de los mecanismos de ayuda a través de la diáspora; 7) participación en diálogo social entre los diversos sectores de la población y 8) “justiciabilidad”.

Coincidiendo con los pronósticos para 2020 en el área política y económica, lo social tampoco luce alentador, de acuerdo al análisis de Susana Raffalli, puesto que en ausencia de cambio político y del manejo de la administración del país -Estado ausente- la emergencia podría “enquistarse” de forma perpetua como ha sucedido en otros Estados frágiles o fallidos, lo que podría traducirse en una rutinización de la situación humanitaria venezolana en la agenda internacional a partir de 2020 y durante los próximos cinco años. Medidas compensatorias a través del efecto de las remesas resultarán insuficientes para frenar y revertir la crisis. Más aún, cuando las organizaciones locales destinadas a la asistencia humanitaria no se darán abasto, tal como sucede hoy en día, para cubrir las necesidades de atención, y de allí que se subraye la necesidad de fortalecer el tejido social y la resiliencia. El tratamiento de lo humanitario como la búsqueda de un canal físico para su implementación ha sido un error, sobre todo, si el tratamiento de la ayuda humanitaria ha obedecido a objetivos políticos. Para procurar niveles de atención humanitaria adecuados a la enorme magnitud de la crisis venezolana habría que centrarse en la captación de mayores recursos financieros, y en la participación central de una institución como la ONU, con la capacidad de infraestructura física y humana necesaria para brindar la ayuda que la situación venezolana amerita y con la credibilidad institucional, siempre que esta organización pueda contrarrestar la influencia política y/o superar las restricciones impuestas por el gobierno para operar libremente en el territorio nacional. El llamado a la comunidad internacional es a evitar, a toda costa, que la atención a la severa crisis humanitaria que padece el país esté condicionada a lo político, sea materia de manipulación, condicionamientos o capitalización política, o deje de considerarse como de alta prioridad en el corto y mediano plazo.


Conclusión:

Si bien es cierto que los escenarios que proyectamos en lo político, económico, social e internacional en Venezuela para el próximo año no lucen especialmente alentadores, sobre todo en relación a la probabilidad de una transición democrática en el país, si puede esperarse una mayor concentración de esfuerzos en el alivio de la crisis humanitaria que busca no solo aliviar la preocupante situación interna, sino además contener la gigantesca ola migratoria que podría implicar la salida de más de un millón de personas en el próximo año, una reducción de la hiperinflación, que incluso podría dejar de ser hiper gracias a la reducción del gasto público y de la impresión de bolívares, al tiempo que continúa creciendo el uso del dólar como moneda principal de intercambio.

A todo evento, el alivio de la presión solo alcanzará a unos pocos sectores que se comportarán como burbujas de normalidad, e incluso de ostentación, en medio del caos de un país que se sigue deslizando hacia su colapso como Estado.

En medio de la carga negativa que tales escenarios pueden significar, es importante recordar siempre que la prospectiva mediante la cual se construyen estos escenarios no constituye un destino escrito en piedra, sino una herramienta de planificación, no para sentarnos a contemplar el futuro desde el pesimismo y el conformismo de quien siente que no hay nada que hacer, sino desde la actitud pro activa de quienes no estamos dispuestos a rendirnos porque, como afirma sabiamente Samuel Huntington (1991), “Un régimen democrático es instalado,  no por tendencias, sino por personas. Las democracias son creadas, no por causas, sino por causantes.”


[1] Informes de Cáritas de Venezuela: http://caritasvenezuela.org/mapas-y-boletines-de-nuestra-accion/


[1] Láminas de la presentación de Susana Raffalli sobre el tema de la crisis humanitaria:

Haz clic para acceder a pdf-susana-raffalli.pdf


[1] G4: Partidos que representan la mayoría en la Asamblea Nacional, que, además, solían conformar el núcleo político de la extinta Mesa de la Unidad (MUD), contexto en el cual surgió la denominación del G4: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).

[1] Presentación de Benigno Alarcón, CEPyG-UCAB, sobre el tema político: https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/12/alarcc3b3n-pdf.pdf


[1] Presentación de Félix Seijas sobre la opinión pública nacional con base en el estudio del CEPyG-UCAB con campo Delphos: https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/12/seijas-pdf.pdf


[1]Láminas de la presentación de Félix Arellano sobre el tema internacional: https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/12/pdf-fc3a9lix-arellano.pdf

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