Destacado

A propósito del Caracazo de 1989, otra visión

Foto: Europa Press

Eglé Iturbe de Blanco

9 de marzo 2020

Al leer la interesante presentación de Luis Manuel Esculpi sobre sus impresiones del Caracazo, la cual fue publicada en esta página WEB el pasado 27 de febrero del presente año, sentí la necesidad de mostrar los acontecimientos vistos  desde la perspectiva de un miembro del alto gobierno, siendo que para ese momento me encontraba en la ciudad de Washington, en mi carácter de ministro de Hacienda, con el mandato de firmar la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida tenía como finalidad  aprobar los compromisos que se habían acordado con las instituciones  multilaterales, las cuáles garantizarían el acceso al financiamiento externo que era requerido para solventar las crisis y encaminar el país por la senda del desarrollo.

Con el FMI, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se había pautado un programa de financiamiento por un monto superior a los 10.000 millones de dólares para los años 1990-1993. El FMI aprobó, en 1989, un Acuerdo de Facilidad Ampliada por casi 5.000 millones de US$ para ser desembolsados en 3 años. Parte de estos recursos serían destinados a un programa destinado a reducir la deuda, de manera de poder obtener créditos frescos de la banca privada. Se reduciría la deuda externa del sector público y su servicio con la banca comercial internacional, que para la fecha los acreedores eran más de 400 bancos, los cuáles se organizaron a través de una representación en un llamado Comité de Bancos, que era el mecanismo acordado para negociar con el gobierno. Para esta negociación la titular del despacho de Hacienda había designado a un representante especial altamente capacitado, apoyado por la dirección de Crédito Público del ministerio, por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el ministerio de Planificación de la época.

Con el Banco Mundial se había acordado un amplio programa para lograr los acuerdos de cambios estructurales necesarios en los sectores financieros, transporte, vivienda, salud, agricultura y energía, y en general para la reestructuración del sector público. El monto del programa, en un quinquenio, estaba estimado en unos 4.000 millones de dólares, de los cuáles se habían aprobado ya los de 1989.Parte de esos recursos irían también a la reducción de la deuda externa. El BID, por su parte, podría aportar a partir de 1990 unos 450 millones de US$ para co-financiar los programas con el BM y financiar proyectos de inversión específicos en varios sectores productivos y de servicios públicos.

Para lograr estructurar ese conjunto de programas se había trabajado durante varios meses durante el gobierno del Presidente Jaime Lusinchi con las misiones enviadas por las tres instituciones en la sede del ministerio de Hacienda y con un funcionario dedicado especialmente a coordinar los estudios y las diversas instituciones públicas participantes, de manera que el nuevo gobierno encontrara las bases del programa suficientemente avanzado y se pudieran lograr rápidos acuerdos. Para facilitar los acuerdos y buscar un crédito puente para apuntalar la balanza de pagos se organizó un pequeño equipo integrado por el presidente del BCV y el ministro de la Secretaría y dos representantes del candidato presidencial del partido Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, cuyo triunfo se veía claramente. 

En Venezuela se había creado un ambiente negativo acerca del conjunto de medidas que se debían tomar para recuperar la economía, incluso, a este programa de recuperación económica se le denominó “El Paquete”. Este programa incluía, además de reformas estructurales fundamentales en materia fiscal, financiera y cambiaria, una serie de medidas destinadas:

a) La inversión social en servicios públicos, salud, educación, vivienda y capitalización del recurso humano,

b) La consolidación de la infraestructura de apoyo al sector productivo en comunicación, transporte, servicios básicos e infraestructura agrícola e industrial; y  

c) Programas para la racionalización de las empresas públicas, de petróleo y petroquímica, aluminio, siderúrgica y desarrollo del Bajo Caroní. Todo esto incluía iniciar procesos de privatización de las actividades industriales y de otra índole que no fuesen básicas y estratégicas, todo dentro de lo programado en el VIII Plan de la Nación para acelerar el desarrollo social y económico del país.

Para el 26 de febrero nos correspondió viajar a Washington para la firma de la Carta de Intención con el FMI que sería el elemento que apalancaría los financiamientos de las demás instituciones multilaterales. La misión estuvo integrada por el presidente del Banco Central de Venezuela, el ministro de Planificación y la Ministro de Hacienda.

El día 27 de febrero de 1989 se estaban verificando todos los detalles para la firma de los acuerdos cuando fuimos informados de la situación en Caracas desatada por el alza del precio de la gasolina que afectó, a su vez,  el precio del transporte. Desde la ciudad capital de los Estados Unidos nos enteramos que los transportistas de Guarenas y Guatire, al parecer lo incrementaron en exceso, atribuyendo este aumento a las políticas impuestas por el FMI y al denominado “Paquete”.  Ante esta circunstancia me comuniqué con el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, para que me diera instrucciones si debía firmar los acuerdos o posponerlos y regresar al país. Le indique que si la situación era grave, mejor no firmaría y regresaría de inmediato. El Presidente me respondió, sin titubeos: “Firme y regrese”. Le contesté que firmaríamos en la mañana siguiente y que nos mandara a recoger, lo cual hizo, enviando un avión militar a la Base Andrews. Al llegar a Caracas nos sentimos desolados por la devastación que observamos a medida que transitábamos por el boulevard de Catia hacia Miraflores. En conversación posterior con el presidente Pérez quien nos comentó que venía regresando en helicóptero de una visita oficial desde Barquisimeto y al volar hacia Miraflores observó que todavía a esa hora de la tarde había un volumen de personas en actividades inusuales y  llamó al ministro de la Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, para que le informara en detalles de la situación y las medidas que se habían tomado para contener los saqueos.

Esta situación pudo provocarse, a mi modo de ver, por dos factores: el temor de la población a que el llamado “Paquete” fuera a crear más problemas que soluciones, por que se creía que era impuesto desde afuera, lo cual no era cierto. Esas medidas se habían trabajado exhaustivamente con el FMI por varios meses. El gobierno del Presidente Pérez había asumido la responsabilidad de las medidas económicas porque se habían considerado  imprescindibles para sacar al país de la situación en la cual se encontraba. El  aumento de la gasolina en un “mediecito”, es decir un 30%, y del transporte, en igual magnitud, era la medida inicial del programa. La gasolina siempre había sido regalada y motivo de atención política.

La otra causa, a mi juicio, ha podido ser que el ajuste del precio de la gasolina y por ende del transporte entró en vigencia un día en que las personas estaban sin dinero porque no había llegado el día de pago, circunstancia que no se tomó en consideración.

Quería con esta nota mostrar la voluntad política del Presidente y su equipo de gobierno de llevar adelante el programa de ajustes estructurales que se había acordado, aún a sabiendas que no sería fácil, ni política, ni socialmente pero que buena parte del programa era imprescindible.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s