Juan Manuel Trak 30 de marzo de 2010

Venezuela dejó de ser una comunidad política funcional. Las instituciones políticas y los actores que hacen vida en ella no tienen un parámetro común sobre el cual fijar sus interacciones, por lo que cualquier conflicto se convierte en una lucha existencial. En este escenario, la arbitrariedad de quien puede ejercer más eficazmente la violencia, y el miedo que ello produce, es el pilar sobre el cual se cimienta el régimen político actual. De tal suerte, lo único seguro es la desconfianza y la anomia.

En situaciones ordinarias lo anterior se traduce en una tensión incesante entre quienes detentan las armas del Estado y quienes buscan sustituirlos. Dicha tensión siempre está latente y se manifiesta en la recurrencia de conflictos institucionales y sociales cuyo resultado es más o menos predecible. Sin embargo, en situaciones extraordinarias como la que produce la pandemia del coronavirus, el resultado de las tensiones sociales es caótico.

En la medida que se des-institucionalizó la democracia en el país, el poder político se fue personalizando y los resortes democráticos fueron desplazados por intereses corruptos; se hizo cada vez más difícil identificar patrones racionales de conducta en el seno del gobierno y de las oposiciones. Peor aún, en la medida que el Estado se fue desintegrando en las manos de la incompetencia y voracidad de recursos de las nuevas élites corruptas, la sociedad venezolana perdió cualquier referente para la acción colectiva.

En ausencia de instituciones formales, las instituciones informales –que siempre están allí – se desarrollaron con esteroides. Y me explico, las instituciones informales sirven en la medida que son funcionales a los individuos en la resolución de problemas cotidianos de corto alcance. En ese tipo de instituciones pueden observarse patrones, pero no reglas, que buscan satisfacer necesidades inmediatas. Sin embargo, cuando el Estado de derecho desaparece, las relaciones informales colonizan los espacios públicos y los intereses que se satisfacen ya no son los públicos, sino los privados. Así, el Estado que se supone debe brindar bienes públicos, termina siendo lugar para el enriquecimiento de unos pocos.

Es por tal motivo que al día de hoy, el Estado venezolano no tiene capacidad institucional para afrontar la crisis producto de la pandemia. Como consecuencia, su reacción es utilizar la violencia, legítima o no, para tratar un problema de salud púbica.  Por ese mismo motivo, mucha gente no quiere o cree en acuerdos o negociaciones con el gobierno para darle recursos para administrar la crisis, es decir, no hay confianza. La confianza no se decreta, sino que se demuestra, por lo que pedir cheques en blanco a quienes se han robado todos los cheques solo genera más desconfianza hacia el gobierno. Del mismo modo, la desconfianza se instala entre quienes acríticamente asumen que la situación de hoy es consecuencia del conflicto entre ejecutivo y legislativo, obviando 20 años de destrucción del Estado democrático venezolano por parte de quienes están hoy en el poder.