Carta del Director

Editorial

Es predecible que en caso de que el régimen sea capaz de superar la actual crisis y producir la derrota electoral de la oposición en las próximas parlamentarias, la iniciativa política del sector democrático no podría recuperarse hasta muy avanzado el 2021

1 de junio de 2020 | Benigno Alarcón Deza

El Big Picture

Como afirmábamos en los análisis compartidos durante las últimas semanas, resultaría inevitable que el régimen pasará a tomar la ofensiva tras los últimos movimientos en el tablero político doméstico e internacional para iniciar la ejecución de una serie de respuestas tácticas, que es donde el régimen siempre se ha destacado, para voltear el tablero a su favor tomando ventaja del momento y bloquear cualquier posibilidad de avanzar en la segunda fase de la estrategia opositora, que sería la de producir el desplazamiento de Maduro e instalar un gobierno de transición, ahora denominado Gobierno de Emergencia Nacional, tras haber superado exitosamente la primera fase que era la de posicionar un liderazgo alternativo, personificado en Juan Guaidó.

Es así como el régimen inicia una persecución feroz, y que pretende ser definitiva, contra Guaidó y sus colaboradores más cercanos a los fines de, al menos, aislarlos y neutralizarlos políticamente en lo inmediato y avanzar hacia consecuencias penales que sienten un precedente ejemplarizante, y cuya concreción dependerá, principalmente, de la actitud que asuma la comunidad internacional de cara a estas amenazas. En este sentido, el régimen liderado por Maduro apuesta a que la comunidad internacional, dividida en torno a qué hacer en Venezuela, haya agotado ya sus opciones, llegando hasta donde podía llegar, para conformarse a partir de ahora con una solución sub-óptima, la ayuda humanitaria en la medida que se pueda para evitar la alternativa de un deterioro mayor de la situación, que puede implicar consecuencias indeseables para varios países, principalmente los receptores de los desplazamientos humanos desde Venezuela. Mientras tanto los gobiernos aliados del chavismo, tales como Rusia, China, Cuba e Irán, quedan con las manos libres para avanzar en la obtención de lo que podría ser un importante trofeo geopolítico, como lo sugiere la imagen, muy poderosa, de cinco buques moviéndose de manera desafiante desde el Medio Oriente hasta Venezuela. Dados los antecedentes del conflicto permanente entre Estados Unidos y estos países por la políticas de democratización ejecutada en sus áreas de influencia tanto en Europa del Este, como en Asia, Latinoamérica y el Medio Oriente, no es difícil imaginar las intenciones de estos países en generar contrapesos geopolíticos a los Estados Unidos, así como un probable intento por influir en la política regional mediante el fortalecimiento de una élite política más afín, primero en Venezuela y luego en parte de la región. 

El debilitamiento político de Trump de cara a la elección presidencial de este año, implicaría una vulnerabilidad mucho mayor para la alternativa democrática liderada por Guaidó ante la ofensiva gubernamental que busca desesperadamente poner fin a este capítulo que se inició en enero de 2019, lo que implicaría su neutralización política y la estabilización relativa de un régimen que intentaría avanzar hacia una mayor autocratización, ante los inconvenientes que ha implicado el tener que lidiar con un contrapeso institucional como el de la Asamblea Nacional.

Ante este escenario, la comunidad internacional tiende a ver el problema de Venezuela como de largo plazo, lo cual genera una justificada preocupación por lo que podría considerarse como la normalización de una situación en la que Venezuela pasa a engrosar la lista de Estados fallidos, o en camino de serlo, que reciben asistencia humanitaria pero sobre los que no existen iniciativas orientadas hacia la generación  de cambios estructurales por la incapacidad de sus instituciones y gobernantes, y la preferencia por evadir los conflictos que se derivarían de la implementación de cualquier iniciativa que pueda ser calificada como intervención en los asuntos internos. Es así como, ante la polémica y los inconvenientes que genera la ayuda humanitaria enviada a Venezuela, que inevitablemente termina siendo administrada, o condicionada, en menor o mayor medida por el régimen, la comunidad internacional abre un flanco menos polémico al direccionar parte de los recursos hacia los países que son receptores de emigración venezolana y agencias especializadas como ACNUR.

Es así como el pasado martes 26 se realizó la Primera Conferencia Internacional de Donantes para ayudar al éxodo venezolano, que se estima ya en cinco millones de personas, y a los países que los acogen. En esta conferencia, promovida por la Unión Europea y presidida por Josep Borrell y la Ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y que contó también con la participación de Enrique Iglesias como representante del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, participaron más de 60 países de tres continentes, incluidos los Estados Unidos, así como ONGs y otras organizaciones internacionales. El Gobierno venezolano fue puesto al tanto, formalmente, de la organización de la conferencia, pero no fue invitado. La conferencia se organiza como un reconocimiento expreso a la falta de expectativas sobre posibles avances en la crisis política que vive Venezuela, la cual Borrell reconoce como una situación que puede ser de largo aliento, y la necesidad de visibilizar la dramática situación de más de cinco millones de personas desplazadas, que ha sido mucho menos visible que la de quienes llegan al este de Europa o del sureste asiático, para sensibilizar y abordar de forma conjunta la crisis de los venezolanos que han huido de su país, principalmente, hacia otros destinos en América Latina, lo que ha generado «una situación límite» por sus frágiles economías y ahora aún más por la crisis sanitaria mundial.

Si bien es cierto que durante la reunión también se destacó el apoyo de la comunidad internacional a una salida pacífica y negociada en Venezuela, en la práctica nos encontramos con que, aunque una gran mayoría apoya esta vía, pareciera que las tareas de coordinación necesarias para impulsarla han quedado, al menos por ahora, postergadas.

En lo interno

El régimen, en lo político, pareciera estar concentrando sus esfuerzos en retomar el control de la Asamblea Nacional. En este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia identificada con el número 0065, declaró como junta directiva válida de la Asamblea Nacional (AN), para el período 2020-2021, la conformada por los diputados Luis Eduardo Parra Rivero (presidente), Franklin Duarte (Primer Vicepresidente) y José Gregorio Noriega (Segundo Vicepresidente). Asimismo, se prohíbe la instalación de un “parlamento paralelo o virtual, que no tiene ningún efecto jurídico, y cualquier persona pública o privada, o institución que preste o ceda espacio para ello, será considerada en desacato; y cualquier acto ejercido como tal es nulo”, y al mismo tiempo se remite el expediente a la Fiscalía General de la República para iniciar investigación sobre los posibles delitos atribuibles al Diputado Juan Guaidó.

La formalización, vía judicial, del reconocimiento de la Junta Directiva dirigida por Parra busca minar la base constitucional sobre la cual se sustenta la presidencia interina, lo que no busca su legitimación ante la comunidad internacional y constituye más bien un desafío a los países que mantuvieron durante esta disputa su apoyo y reconocimiento a Guaidó, así como la posible intención de avanzar en algunas decisiones que, por competencia constitucional, se atribuyen al legislativo, como lo es el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral que tendrían la responsabilidad de organizar la elección parlamentaria de finales de este año, que pondría fin a la actual Asamblea dominada por la oposición.

El debate ante un escenario electoral inminente, tiene el potencial para dividir a los partidos de la alternativa democrática entre quienes apoyan o no la participación. El régimen, para sacar adelante este desafío electoral tiene que superar tres retos: el político, que podrá no ser el mayor dada la desmovilización de la oposición y su posible división entre quienes defienden la abstención y la participación; el técnico, relacionado con la reposición de los equipos y el material electoral destruidos, lo cual tampoco parece un obstáculo insalvable por las razones explicadas en el memo de la semana pasada; y el sanitario, si para final de año no ha podido superarse la situación de pandemia, lo cual incluso podría traducirse en una ventaja a favor del régimen por el temor a ir a votar, y una posible atomización de centros que se justificaría en la necesidad de mantener el distanciamiento social. Por ahora pareciera que lo único que podría alterar los planes para celebrar una elección parlamentaria este año, sería una escalada de la conflictividad social que podría desencadenar otros escenarios u obligar, al menos, a postergar el proceso.

Mientras tanto, se ha producido un incremento sustancial en el número de casos de COVID-19 diagnosticados, y en las denuncias sobre un importante sub-registro, como la realizada, primero, por la Academia, y luego, el pasado martes 26, por Human Rights Watch y el Hospital Johns Hopkins que hacen una estimación conservadora de al menos 30.000 casos. De ser así, los escenarios catastróficos de infección exponencial aún pueden darse durante las siguientes semanas. En sentido opuesto, la narrativa del gobierno pareciera apuntar hacia tener un pleno control de la situación y la intención de normalizar la vida nacional de manera progresiva durante los próximos días aplicando un esquema similar al de España.

A todo evento, las respuestas del gobierno a la pandemia lucen en ocasiones contradictorias y erráticas, posiblemente por ser víctima de su propia desinformación, derivada de la incapacidad para procesar  un número importante de pruebas diarias y por datos que se ocultan entre despachos de su propia burocracia. Esto hace, por ejemplo que, mientras hace dos semanas el Ministerio de Relaciones Interiores ordenaba endurecer los controles a la circulación, en especial entre estados y municipios, la semana pasada el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil daba instrucciones a todo el personal del principal aeropuerto del país (Maiquetía) para preparar la reanudación de actividades en la segunda quincena de junio. 

En un momento en que el centro de atención de la gente está pasando del cambio político a los problemas económicos y sociales, todo pareciera indicar que existen las condiciones para un potencial desbordamiento de la conflictividad social, lo que hará que el régimen trate de normalizar, progresivamente, la situación por sectores, como fue anunciado este sábado pasado, pero combinando la flexibilización progresiva con el confinamiento y la represión selectiva de ciertas comunidades que representen un mayor riesgo sanitario, como es el caso de los estados fronterizos, un control más férreo de la información y el racionamiento en el abastecimiento de combustible, para limitar la movilidad. El peligro de entrar en una etapa de contagio exponencial obliga a moderar de manera importante los planes de normalización que se proyectaban a principios de mayo, lo que colocaría, irremediablemente, mucha más presión sobre el gobierno al elevar la tensión social por el gigantesco deterioro de las condiciones de vida.

Una escalada de la conflictividad social, por el agravamiento de la situación económica, social o sanitaria es, sin lugar a dudas, el foco actual de preocupación del régimen, ya que ello tiene el potencial para producir un deterioro importante de la gobernabilidad y como resultado una mayor dependencia hacia el sector militar y el aparato de seguridad del Estado, con consecuencias potencialmente peligrosas para el régimen, como sucedió en el caso de los detonadores económicos y sociales que dispararon la Primavera Árabe y obligaron, en casos como el de Túnez y Egipto, al desplazamiento del gobernante como única forma de recuperar la gobernabilidad.

Ello explica el actual recrudecimiento de la represión selectiva, que incluso busca hacerse escandalosamente visible para potenciar su efecto ejemplarizante, lo que tiene como fin último contener una potencial multiplicación y masificación de las protestas y evitar así el tener que recurrir a los costos mucho más elevados de la represión generalizada, al impedir que las manifestaciones que se inician en un lugar determinado cojan cuerpo y se extiendan a otros. El caso reciente, y desproporcionado,  de la arremetida gubernamental contra las protestas en el Estado Lara es demostrativo de ello, pues durante el 2017 fue el estado donde hubo más muertos y heridos como consecuencia de las protestas de ese año. 

Como conclusión…

Tras la desmovilización del país por el confinamiento producto del Estado de Alarma decretado el 13 de marzo (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519), que tendría una vigencia de 30 días y que ha sido prorrogado hasta nuestros días, lo que impidió a Guaidó continuar con el plan de convocatorias progresivas a protestar que se inició el 12 de febrero, o sea el mismo día que Guaidó retorna de su gira internacional, y que concluye con el intento de retomar el Palacio Legislativo un día antes de que fuese decretada la cuarentena, se ha perdido la iniciativa política de parte de la oposición, y luce muy difícil de recuperarla durante lo que queda del año, sobre todo si no se participa en la elección parlamentaria que, de acuerdo a la Constitución y a las declaraciones de Maduro,  tendría lugar a finales de este mismo año. Es predecible que en caso de que el régimen sea capaz de superar la actual crisis y producir la derrota electoral de la oposición en las próximas parlamentarias, la iniciativa política del sector democrático no podría recuperarse hasta muy avanzado el 2021.

Esta situación de Jaque al Rey implica no sólo la necesidad urgente, para el liderazgo democrático, de revisar su estrategia de cara a la nueva realidad que se plantea en el tablero de juego, que podría implicar además dar al traste con todo lo alcanzado en un primer momento y para la viabilidad misma del liderazgo de Guaidó, lo que inevitablemente limitaría cualquier posibilidad real de que ocurra una transición, al menos no una impulsada por el liderazgo democrático y su aliados internacionales, que pasarían de tener el volante, al asiento trasero con una capacidad muy limitada de juego en el corto y mediano plazo si no se hace algo radicalmente distinto.