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Sobre las mineras expropiadas y cómo una empresa quebrada puede quedarse con Citgo

Foto: Reuters

Leonardo Vera

Economista de la Universidad Central de Venezuela (1987), Master en Economía en Roosevelt University (Chicago, 1991), y Ph.D. en Economía en University of East London (Inglaterra, 1997). Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor Titular de la Cátedra de Macroeconomía de la Escuela de Economía de la UCV y Profesor Invitado Internacional en FLACSO-Ecuador. Autor y editor de 6 libros sobre Macroeconomía y Desarrollo.


Tras su reelección presidencial en diciembre del año 2006, y al menos hasta el año 2011, Hugo Chávez Frías inició y dio rienda suelta por la “vía de hecho” a un proceso masivo de expropiaciones en Venezuela que fue acompañado por un plan de nacionalización de áreas “estratégicas” como la industria de los hidrocarburos, la electricidad, las telecomunicaciones, la industria siderúrgica, la banca y el sector agroalimentario. El avance de las expropiaciones se extendió hacia los complejos hoteleros, fábricas de vidrios y fertilizantes, compañías de lubricantes, fábricas de envases de aluminio, cartón y ferretería, proveedores de insumos agrícolas y proyectos mineros. En realidad, ningún sector de la economía venezolana quedó inmune al avance, el delirio y la agitación de las expropiaciones. Todo esto se hizo de espaldas al artículo 115 Constitución venezolana que garantiza el derecho a la propiedad y señala textualmente que “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes“.

El saldo de estas impactantes y caprichosas iniciativas de política pública ha sido devastador. En su mayoría las empresas expropiadas quedaron, con el correr del tiempo, paralizadas. Miles de empleos se perdieron, el capital físico quedó arruinado y Venezuela ha quedado a merced, en muchos sentidos, de la incierta y frágil posibilidad de importar bienes que antes producía en el país. Lo que es peor, el Estado venezolano terminó indemnizando a algunos propietarios legales por más de 20 mil millones de US$ entre los años 2007 y 2009 sin crear o generar ningún tipo capital físico. Si esos recursos se hubieran invertido en obras públicas, muchos “elefantes blancos” pudieran haber llegado a feliz término, pero a decir verdad, la euforia expropiadora pudo más que la mesura y la planeación pública ordenada.

El caso de las expropiaciones mineras es en muchos sentidos singular, pues se trató de un conjunto de confiscaciones de activos sobre sujetos jurídicos internacionales, cuyos contratos estaban amparados en tratados de inversiones bilaterales y donde estuvieron involucrados miles de millones de dólares.

Crystallex, Gold Reserve y Rusoro, todas compañías internacionales con concesiones para explotar minas de oro en Venezuela, se vieron afectadas por procesos arbitrarios y confiscatorios de expropiación. En 2008 Chávez expropia a la minera canadiense, Crystallex, la mina de oro Las Cristinas. El Gobierno le había negado por años un permiso ambiental clave para iniciar sus labores de explotación y anuncia que la mina pasaba a control estatal. Ese mismo año su gobierno revoca la autorización previa para proceder con el desarrollo del Proyecto Brisas a otra empresa canadiense, Gold Reserve, que había invertido centenares de millones de dólares en ingeniería y construcción para la explotación de una gran mina de oro y cobre. Una nueva acción en el año 2011 a través de Minerven S.A., le permite a Chávez apoderarse de los activos de la mina Choco 10, propiedad en 95% de la compañía Rusoro, así como de la mina Isidora donde compartía en propiedad el 50%.

Los tres casos de estas compañías canadienses terminaron en sendas demandas introducidas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde luego de costosos litigios el tribunal falló a favor de cada una de estas empresas.

Por violentar el Tratado Bilateral de Inversiones con Canadá, entre otras causales, los laudos arbitrales, decididos en distintos momentos, le concedieron el cobro de 1.200 millones de dólares a Crystallex, 769 millones a Gold Reserve, y 967 millones a Rusoro. Esto sin incluir intereses y otros pagos judiciales. Así que sólo en la expropiación de tres mineras, la república debía casi 3.000 millones de dólares en indemnizaciones por daños.

Una larga zaga de acciones, acuerdos y desencuentros para hacer efectivo el pago de tales compensaciones terminó llevando a Venezuela y al gobierno de Maduro a situaciones realmente absurdas. Por ejemplo, en el caso de Gold Reserve, el gobierno de Maduro no sólo se comprometió a pagar los $769,7 millones en dos tramos, sino además terminó pagando 240 millones más (y por encima de lo adeudado) por una data minera y terminó invitando a la empresa a ejercer derechos de explotación en 18.000 hectáreas en el Estado de Bolívar, incluyendo el proyecto Brisas.

El caso de Crystallex ha sido noticia en los días recientes una vez conocida la decisión de la Corte Suprema de los EE.UU. de no aceptar una apelación de los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, donde se trataba de impedir la ejecución de una orden de un juez de distrito otorgando derechos a Crystallex sobre activos de PDV Holding Inc, propietaria de participaciones de CITGO.  

Tiempo atrás, basándose en la forma discrecional con que el gobierno de Maduro levantaba recursos usando a PDVSA y sus filiales, Crystallex terminó probando en la corte de distrito de Delaware, que PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela constituyen una misma entidad, por lo que toda deuda de la república podría ser saldada con recursos tomados de PDVSA o sus filiales, como en efecto son las participaciones de CITGO. Toda esta trama ocurre en medio de un supuesto arreglo con el gobierno de Maduro, donde se había establecido una compensación a la empresa de 1.200 millones de dólares en pagos que se cancelarían en su totalidad a lo largo de 2019, y donde además, para calmar la impaciencia y el apetito de Crystallex, el gobierno de Maduro habría completado un pago inicial en noviembre de 2018 por US$ 425 millones, una parte del cual se habría cancelado con títulos de deuda.

¿Dónde estamos hoy con este caso? Pues bien, en escasamente unas semanas, el próximo 17 de julio puede ser que se decida el destino final de Citgo. Para entonces, la medida de protección sobre CITGO emanada del Departamento del Tesoro (Licencia 5A) expira y el juez del distrito de Delaware, Leonard Stark, escuchará los alegatos sobre el procedimiento de venta de acciones para satisfacer las demandas de Crystallex.

Si la medida de protección ejecutiva no es prorrogada, el Juez escuchará la propuesta para la venta de acciones de CITGO, y abrirá una brecha por la cual otros acreedores iniciarán litigios y harán pedazos la empresa.

Al final de esta historia, una empresa integrada de productos refinados, comprada por PDVSA hace 34 años atrás, valorada en más de 6.000 millones de US$, con una infraestructura de 3 refinerías, 45 terminales de almacenamiento de productos refinados y con unas 5.000 estaciones de servicio abanderadas con su marca, terminará en manos de una empresa de papel, quebrada hace nueve años, y cuyo propietario es un fondo de capital de riesgo llamado Tenor Capital que la compró por sólo 30 millones de dólares.

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