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¿Serán las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre un éxito para Maduro?

Foto de: Infobae

Leonardo Vera | 7 de julio de 2020

Economista de la Universidad Central de Venezuela (1987), Master en Economía en Roosevelt University (Chicago, 1991), y Ph.D. en Economía en University of East London (Inglaterra ,1997). Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor Titular de la Cátedra de Macroeconomía de la Escuela de Economía de la UCV y Profesor Invitado Internacional en FLACSO-Ecuador. Autor y editor de 6 libros sobre Macroeconomía y Desarrollo.

@LeonardoVera60


Una cuestionada nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, acaba de anunciar, en voz de su Presidenta, Indira Alfonzo, la convocatoria y el cronograma para celebrar dentro de 5 meses (el próximo 6 de diciembre) elecciones parlamentarias en Venezuela.

Al interior de las agrupaciones políticas que se oponen a Nicolás Maduro se señala que son tantas las irregularidades acumuladas y la falta de garantías, que participar sería validar unos comicios cuyos resultados ya están amañados de antemano. Otras voces al interior de la misma oposición afirman que no participar supone ceder todo el espacio de poder al chavismo y condena a la oposición a la irrelevancia y al trabajo en el exilio.

¿Pero analicemos en lo posible, en qué condiciones van los venezolanos a estos comicios del 6 de diciembre? y preguntémonos ¿cuáles son las oportunidades de Nicolás Maduro, el promotor de la convocatoria, de presentar una jornada exitosa y sacar provecho político de las elecciones del 6 de diciembre?

Vicios de origen no cambian la percepción de los electores

Veamos rápidamente por dónde comienza la convocatoria. La convocatoria a elecciones parlamentarias es realizada por una nueva directiva del CNE a la que en teoría le corresponde, de acuerdo con la Constitución, garantizar la imparcialidad de las votaciones. Pero esa nueva directiva fue elegida de espaldas a la constitución venezolana que establece que los miembros rectores sólo pueden ser elegidos por la Asamblea Nacional. Es ahí donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interviene, declara una omisión legislativa y nombra en el curso de 24 horas a los nuevos rectores, sin explicar los criterios de selección y juramentándolos en forma “expres”. Todos los nombrados están vaciados de cualidades para hacer un trabajo transparente e imparcial.

En el muy breve período en el que el TSJ nombró a los nuevos rectores del CNE, también suspendió a las juntas directivas de Acción Democrática y Primero Justicia, dos de las principales fuerzas políticas de la oposición. El Tribunal no publicó el contenido de las resoluciones, tampoco los argumentos legales que justifican la sustitución de la dirigencia anterior. El nuevo CNE no pronunció palabra alguna sobre este atropello, muy por el contrario, en su primera gran decisión el cuerpo pateó la Constitución aumentando el número de diputados a elegir, violando el artículo 186 de la Carta Magna, el cual señala que la representación proporcional se calcula sobre una base poblacional de 1,1 %, la Asamblea Nacional no puede tener más de 167 diputados principales.

Lo más grave de este asunto es que quien se arroga todos estos super poderes, el Tribunal Supremo de Justicia, se constituyó en un proceso donde los candidatos a magistrados no reunían los requisitos constitucionales y legales para ser electos, donde se violentó el procedimiento para la elección de los mismos (llevado a cabo la noche del 23 de diciembre de 2015) y donde terminaron elegidos como magistrados personas de reconocida militancia y actuación política partidista.

Toda esta trama en nada abona el deforestado terreno de la confianza del elector. Con esta precaria calidad institucional ¿cómo pretende el gobierno de Maduro movilizar al grueso del electorado nacional? Algunos pesarán y con razón, que apelando al grotesco ejercicio de clientelismo y del reparto. Veamos entonces que es lo que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá para la fiesta.

Los recursos públicos ya no son los mismos

Para nadie es un secreto la muy compleja situación que encara Maduro en materia de recursos fiscales. La depresión ha hundido la recaudación tributaria, Venezuela está aislada financieramente y la principal fuente de ingresos, los de origen petrolero, se han desplomado.

Cierto es que la demanda mundial de crudo puede mejorar en el segundo semestre del año en la medida que Asia y Europa superen los cierres vinculados al coronavirus, también por reducción del bombeo por parte de la OPEP. De hecho, Bank of America Global Research estima que, para el segundo semestre, el precio del crudo Brent puede alcanzar en promedio $47,5 US$ por barril, un precio para la cesta venezolana cercano a 30,5 US$/bl. Sin embargo, ese precio sigue estando por debajo del precio promedio registrado durante los primeros 5 meses de 2020, que marcó los 32,4 US$/bl.

El drama petrolero venezolano se ha trasladado más bien a la producción y venta de crudo. En mayo la producción de crudo estuvo en los 570.000 barriles/día, de acuerdo a la OPEP, pero para junio las agencias Platts y Reuters han lanzado estimados de 280.000 y 400.000 barriles por día, respectivamente. Estos son caídas realmente dramáticas.

Si construimos un escenario de precios de 30,5 dólares por barril, con una producción promedio, en el tope del optimismo, de 550 mil barriles/día, los ingresos petroleros de Venezuela, en este segundo semestre del año, apenas rondarían los 3.053 millones de US$; menos de la mitad de los ingresos petroleros que tuvo el país en el segundo semestre de 2019, y tan sólo una quinta parte de los ingresos petroleros que tuvo Venezuela en los seis meses previos a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017.

Imprimir dinero queda siempre como una opción, pero otorgar bonos de 3 dólares, como lo ha hecho el gobierno de Maduro durante la pandemia, no parece un estímulo propicio en una economía donde la canasta alimentaria requiere de 276 dólares mensuales. Así que no vemos cómo Maduro podrá emular la práctica regular del chavismo de mover y entusiasmar clientelarmente a los electores, con recursos gubernamentales tan limitados.

Las condiciones técnicas son precarias

A 5 meses de las elecciones, el CNE no cuenta con máquinas electorales para el proceso. El balance de lo destruido en el incendio de los depósitos del organismo electoral en marzo de este año incluyó, según señaló la misma rectora Lucena, 49.408 máquinas de votación -casi la totalidad del parque-, boletas electrónicas, las baterías de respaldo, las capta huellas, entre otros equipos. Tampoco hay un software adaptado para unas elecciones donde en cada circunscripción se hace una elección distinta, ni se sabe a ciencia cierta qué empresa servirá de proveedor en medio de las sanciones. Así que lo que hay por el momento, es una decisión, un personal desmotivado y un cronograma.

El avance del covid-19 a nuestras espaldas

Venezuela, en particular, entra en esta segunda parte del año con alarmantes indicadores de progresión de la pandemia. A pesar de que el número de casos confirmados sigue siendo bajo, la velocidad con que crecen los nuevos casos confirmados es mayor al promedio de la región. La curva de nuevos casos se está empinando justo en un país altamente urbanizado y desigual, y en un contexto de profunda desconfianza pública hacia el manejo que el gobierno hace de la crisis. Venezuela puede convertirse entonces, en las próximas semanas o meses, en un sombrío laboratorio de la pandemia viral. Sin campañas, sin concentraciones y con el fantasma del virus a sus espaldas, en ningún escenario esta elección terminará trayendo a las urnas al 74% de los electores como en efecto pasó en el año 2015.

Ni reconocimiento, mucho menos legitimidad internacional

El gobierno de Maduro acumula ya un abultado expediente de prácticas anti-democráticas que exige un extraordinario giro político para cambiar la percepción que se ha instalado en los gobiernos vecinos y en la comunidad de occidente. El bloqueo sistemático sobre la actual Asamblea Nacional, la persecución, secuestro y privación de libertad de parlamentarios en ejercicio, la intervención grotesca sobre las organizaciones políticas y ahora la convocatoria a lo que semeja más a una maniobra que a un ejercicio electoral libre, imparcial y democrático, dejarán a las elecciones parlamentarias sin observación calificada, y lo que es peor, sin reconocimiento y legitimidad internacional.

Esta semana el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que no reconocerá las elecciones parlamentarias al considerar que no son idóneos los términos y condiciones en que se van a celebrar. Una quebrada relación con el viejo continente, va alineando a la UE con la política de los EE.UU. ya no sólo en condenar el nombramiento del nuevo CNE en Venezuela, sino además en no reconocer las elecciones parlamentarias. La guinda la está poniendo, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien acaba de subrayar que las recientes decisiones del TSJ disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos en Venezuela.

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