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Las políticas públicas necesarias durante el gobierno de transición

Foto: Acceso a la Justicia

Eglé Iturbe de Blanco

La sociedad venezolana se debate en el falso dilema de votar o no votar para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo, evaluado si votar puede permitir mantener los espacios alcanzados en el orden político y evitar  la toma de la Asamblea Nacional por parte del régimen, lo cual le garantizaría la permanencia en el poder por muchos años más. Por la otra parte, ir a votar legitimaría un burdo fraude porque de ninguna manera con la forma en que se está  diseñando y organizando el proceso se lograría un éxito para la oposición, y si por casualidad lograra una mayoría o un buen desempeño, el mismo sería neutralizado por las medidas y acciones que adelante el TSJ en apoyo al poder ejecutivo, dejando sin efecto su acción, como lo ha hecho durante estos cinco años, impidiendo el uso de la mayoría calificada, dejando sin representación un estado del país, allanando inmunidades, legitimando el encarcelamiento de diputados, persiguiendo  dirigentes políticos, obligándolos a ir al exilio, secuestrando los símbolos de los partidos para ponerlos al servicio del régimen  con directivas complacientes, entre otras actividades ilícitas, con visos de legalidad.

Más de veinte partidos políticos han firmado un acuerdo de no votar para no validar el fraude y  esperan que la sociedad civil organizada y los otros partidos se unan. La iglesia católica y los acompañantes internacionales piden también elecciones presidenciales libres, transparentes y con garantías de participación de todos los venezolanos, sin presos políticos ni partidos inhabilitados. Esto es un primer paso para la restitución de la democracia, pero no es suficiente, como lo advierte en su reciente comunicado la Conferencia Episcopal Venezolana. Es necesario construir viabilidad para el nuevo gobierno democrático y eso pasa por un GOBIERNO DE TRANSICIÓN, para el que hay una propuesta de la Asamblea Nacional del pasado mes de marzo, y que ha sido avalado por el gobierno de los Estados Unidos. El centro de los acuerdos es el retiro de Maduro y de Guaidó, y el nombramiento de un Consejo de Estado unitario integrado por cinco personas: dos del régimen, dos de la oposición y una escogida de común acuerdo, para presidirlo. Hay reservas en la propuesta, como la permanencia del actual alto mando militar durante esta etapa, por su grado de compromiso con el régimen.

Cuando el Gobierno de Transición se establezca, con la composición que se acuerde por la voluntad de los nacionales y el apoyo de los acompañantes internacionales, tendrá que enfrentar una dura tarea: servir de puente con el régimen que ha depredado el país en todas sus variables desde las económicas, hasta las sociales y políticas, convirtiendo a Venezuela en el país más pobre del continente y en uno de los más míseros del mundo.

 El régimen logró el “milagro al revés”, un  país con abundantes recursos económicos y con la cifra más alta en ingresos petroleros, bajo su mandato, hoy tiene una población que trata de sobrevivir con un salario promedio de menos de $2 al mes, con un amplio grupo dependiente de las dádivas de gobierno,  expresadas en bonos  periódicos y en cajas de alimentos subsidiados (CLAP) como mecanismos de control social. Otra de sus obras, es haber acabado con la industria petrolera, con las empresas productivas, la agricultura y la agroindustria por la política de expropiaciones, toma de tierras y de empresas del sector privado; destruir el sistema eléctrico, el transporte público y la infraestructura;  y el mayor daño, haber destruido la calidad de vida de los venezolanos, en especial la de los niños y adultos mayores. El estudio de ENCOVI 2019 muestra importantes indicadores sobre desnutrición, mortalidad infantil, reducción de la esperanza de vida, abandono escolar, entre otros, y la salida de más de cinco millones de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida, la mayoría jóvenes en edad productiva que van a prestar su capacidad, capacitación y experiencia al desarrollo en otras latitudes, lo que afecta el bono democrático de nuestro  país.

El Gobierno de Transición deberá establecer prioridades para su gestión porque el tiempo es reducido y los problemas innumerables. Su primer mandato  será tratar de llevar a Venezuela en el plazo más corto posible a celebrar unas elecciones presidenciales libres y  transparentes, con la participación de todos ,sin presos políticos, con un CNE confiable  y con un plan de acción para el próximo gobierno, de corto plazo pero mirando al futuro.

La segunda tarea paralela será iniciar la reconstrucción de la institucionalidad pública para reducir y eliminar la corrupción, facilitar el incremento de la actividad privada comprometida con la reactivación de la producción agrícola e industrial, retomar la racionalización de la industria petrolera, fortalecer los servicios de salud que están siendo desbastados con la pandemia actual. Para estas tareas se deberá ser muy  cuidadoso en la selección de las personas que tendrán que conformar ese equipo, que debería ser muy pequeño pero de intenso trabajo y dispuesto a formular, implementar y evaluar las políticas públicas más importantes para ir abriendo el camino al nuevo gobierno democrático.

La situación en las políticas públicas que dejará el régimen se ha caracterizado por la creación de ministerios, órganos y empresas para resolver los problemas en lugar de proponer y adoptar políticas públicas adecuadas para resolverlos, eso ha llevado a un crecimiento innecesario del número de ministerios, de 16 en 1999 a 34 actualmente, lo mismo ha sucedió con los órganos y entes adscritos a los ministerios que para el 2018 se estimaban en más de 1.500.  Para coordinar este “monstruo de mil cabezas” fue necesario crear seis vicepresidencias sectoriales. Lo anterior ha concebido una enorme confusión de roles entre los responsables de decidir las políticas públicas y los responsables de ejecutarlas, violando las previsiones de las leyes que rigen la materia. Ha sido usual que el ministro sea a su vez el presidente de un instituto o empresa del sector, caso emblemático el ministro de petróleo y presidente de PDVSA, y otros como  el ministro de agricultura como  presidente de la Junta directiva de la empresa Agrosur, el ministro de transporte y presidente del Metro de Caracas, o  el ministro de turismo y presidente de Fontur, solo para citar varios ejemplos que no deben repetirse en un gobierno democrático.

Al lado de lo anterior se ha producido una enorme inestabilidad institucional con la creación, eliminación y fusión de ministerios y con cambios de adscripción de un ministerio a otro de los órganos y entes. Otro hecho que debería  subsanarse durante la transición es el elevado número de personeros de alto nivel de las FANB en la administración pública, que en el 2018 se llegó a 12 generales ministros y actualmente hay 10 ministros en carteras sustantivas para el desempeño de la administración pública nacional y con una excesiva injerencia del ministro de la Defensa en el suministro y control del abastecimiento nacional y  las importaciones de alimentos, a través de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, en la que es el Jefe y reporta directo al Presidente de la República. Los militares deberían volver a sus actividades de defensa de la soberanía nacional y el próximo gobierno democrático debería ser un gobierno civil.

Otro punto importante para el Gobierno de Transición sería iniciar las acciones para tratar de simplificar el complejo proceso de toma de decisiones en las políticas públicas, precisando las responsabilidades de cada organización y ordenando los estudios para la reducción y racionalización de esas políticas públicas, para que las mismas sean de visión integral y no fragmentarias como hasta ahora. Debería adoptarse un mecanismo de trabajo que permita el análisis y evaluación de las políticas públicas que se van a proponer eliminando la improvisación y la falta se seguimiento de las decisiones, así como la evaluación de sus resultados.

Como puede verse en los planteamientos anteriores, el gobierno de transición tendrá una amplia tarea en un corto tiempo y no debería pretender abarcar y resolver todos los problemas del país porque se perdería en el camino. Deberá tratar de adoptar prioridades y ser muy firme en su cumplimiento, así como  en la adecuada selección de su pequeño y eficiente equipo de gobierno. Se propone que también que designe un equipo de especialistas que durante su gestión vaya elaborando la propuesta de organización, funcionamiento de la APN central y descentralizada, y proponga criterios para la reducción de ministerios y la privatización de las empresas públicas.

Todas estas sugerencias podrían implementarse y organizarse desde ya en el Plan País y sus grupos de trabajo, sin esperar a que llegue el momento de la transición. Debe irse trabajando sin pensar si se va o no a votar, porque aunque a veces nos sintamos desesperanzados la transición llegará en el momento oportuno. Nos queda preparar al país para esta tarea y escoger las personas que serán responsables de esta enorme pero digna tarea de llevar a Venezuela de nuevo por la senda democrática. Si no hay una transición eficiente que priorice las más importantes políticas públicas en lo económico y lo social, no habrá, a continuación el  buen gobierno democrático que Venezuela espera.

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