Carta del Director

Los talones de Aquiles

Carta del Director
Foto extraída de: Progreso Semanal

7 de septiembre de 2020 | Benigno Alarcón Deza

Hoy estamos, sin lugar a duda y como dijimos en nuestros ejercicios de Prospectiva de Noviembre de 2019 y del pasado mes de julio, en un escenario de autocratización que nos aleja, de manera significativa, de cualquier posibilidad de concretar una transición democrática en el corto plazo. Esto obliga a las fuerzas opositoras a definir un rumbo distinto para evitar su desintegración y retomar el impulso para conseguir los cambios que el país espera.


El gobierno de Maduro arrastra desde su elección, en mayo de 2018, un problema de legitimidad que se convirtió en su talón de Aquiles a partir del ascenso de Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional y su juramentación como presidente interino, reconocido por casi la totalidad de los países democráticos del mundo, desde enero de 2019.

Ante el desconocimiento de su mandato, que solo puede resolverse con otra elección presidencial en condiciones que ni Maduro ni sus aliados aceptarían, les resulta urgente dar legitimidad a otra instancia que pueda contribuir a su sosteniblidad. Esa es la Asamblea Nacional, que desde el 2016, en manos de la oposición, se ha convertido en la mayor amenaza para la continuidad del régimen en el poder.

Para lograr tal objetivo el régimen necesita desplazar a la oposición del control de la Asamblea Nacional, e incluso debilitar su liderazgo, para lo cual requiere sacar adelante las elecciones parlamentarias programadas para el próximo 6 de diciembre, bajo condiciones que atraigan a un buen número de aspirantes, lo que dificultaría su desconocimiento de parte de la comunidad internacional.

Para ello, ha utilizado mecanismos propios del repertorio de las autocracias electorales, que son bien conocidos y documentados por la ciencia política comparada, como son los incentivos que buscan generar la cooptación de la oposición y su dependencia de relaciones clientelares e incentivos electorales que alimentan las divisiones y la fragmentación. Entre éstos figuran el aumento de la “piñata parlamentaria” con 110 curules adicionales y la rehabilitación de partidos, ahora controlados por miembros de las organizaciones intervenidas, tras la judicialización de sus procesos internos y los acuerdos con la Mesa de Diálogo Nacional.

Gracias a esta estrategia, se logró la inclusión de más de cien partidos en esta elección parlamentaria, varios miles de candidatos (al cierre de las inscripciones, el pasado viernes, se regitraron más de 13.000 inscritos) competirán por 277 curules, especialmente en los circuitos dominados por la oposición, lo cual implicará la disolución del voto opositor y la consecuente ventaja para las candidaturas unitarias del régimen.

Pero como la cantidad nunca es buen reemplazo para la calidad, la jugada del régimen durante las dos últimas semanas se ha centrado en poner a la oposición en jaque, con lo que puede ser su mayor fractura en los últimos 20 años, al incentivar a través de compromisos y concesiones, el apoyo de Capriles a la participación en los venideros comicios y la inscripción de candidaturas en todos los circuitos desde su partido, La Fuerza del Cambio.

La pregunta que se repite, a partir del pasado miércoles en la noche en diferentes medios, es ¿quién gana con esta jugada?, ¿Capriles o Guaidó? La respuesta es que gana el gobierno, pues abona a su objetivo de dividir a la oposición, a la opinión pública nacional, y a la comunidad internacional, mientras avanza en la materialización de una jornada electoral con condiciones que permitan calificarla como pluripartidista (con más de cien partidos participando), competitiva (con más de 13.000 inscripciones), y con concesiones que posiblemente se continuarán otorgando en la medida que, por el transcurrir del tiempo, se vuelvan inocuas y no generen ninguna incertidumbre al régimen sobre sus resultados finales.

Maduro y sus aliados, incluido el sector militar, necesitan concretar el 6 de diciembre una elección que les devuelva el control del Parlamento, para que, una vez que se instale un nuevo gobierno en los Estados Unidos, como hasta ahora parece ser el caso, éste se encuentre con un escenario político nacional totalmente distinto que le obligue a entenderse, o al menos considerar, las negociaciones con el gobierno venezolano y/o con otros actores más amigables para el régimen en el lado de la oposición.

El impostergable cambio de estrategia para la oposición

Como hemos advertido desde 2019, la estrategia anunciada en los términos de Guaidó (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres) no tenía probabilidades reales de funcionar. Pese a la euforia y el apoyo que generó desde el primer momento, esta ruta desconocía la realidad sobre cómo suceden los procesos de transición y se constituyó en una camisa de fuerza, que se imponía como primer paso sacar a Maduro del poder, sin tener claro cómo hacerlo y renunciando a la vía electoral presente en buena parte de las transiciones democráticas. He aquí el talón de Aquiles de la estrategia de Guaidó, que hoy comienza a pasarle factura…

Asimismo, la pandemia ha provocado una gran desmovilización en el país que tampoco es favorable al plan del presidente interino. El confinamiento ha facilitado al régimen el control de la mayor parte de la población, haciendo uso de medios estatales y para-estatales (paramilitares, colectivos armados, etc.).

La realidad es que, al día de hoy, la oposición parece haberse quedado sin estrategia para lograr una transición política. La abstención por sí sola, las fantasías sobre intervenciones militares extranjeras, o la participación en esta elección parlamentaria, no constituyen acciones creíbles para una transición democrática, ni aportan en tal dirección. Urge un acuerdo que reúna a los liderazgos democráticos en torno a una estrategia compartida, cuyas probabilidades de éxito y apoyo mayoritario dependen de que todos estén dispuestos a cooperar y renuncien temporalmente a las apetencias personales, el principal talón de Aquiles de la oposición, que nos ha mantenido durante años en un dilema de prisionero, entre partidos y dirigentes.

Existe la percepción de que el 6 de enero podría llegar sin que Guaidó pueda cumplir con los objetivos que se planteó hace dos años. Si además se da un cambio en su principal socio, el gobierno de los Estados Unidos, podría cerrarse un capítulo y abrirse el siguiente, con varios aspirantes a liderarlo, quienes comienzan a sincerarse y hacer públicas sus posiciones para diferenciarse de Juan Guaidó, Leopoldo López, y de aquellos que les han acompañado.

Evidentemente, detrás de las posturas de cada actor, hay intereses. En el caso del régimen su interés está en desplazar al G4 de la dirección de la Asamblea Nacional, sustituir a la oposición por una que le resulte instrumental para sus fines de legitimación electoral, cerrar el capítulo del gobierno interino y conformar un nuevo parlamento, bajo su control, que sirva para apuntalar la estabilidad del gobierno de Maduro, promover leyes, renovar autoridades y aprobar nuevos convenios y contratos suscritos por la República.

Por su parte, a Guaidó le interesa mantener el statu quo del gobierno interino, el reconocimiento internacional, el control de los activos y su liderazgo, mientras encuentra una ruta que haga posible la transición.

En el caso de Capriles, entre las ganancias posibles a las que apunta su decisión está el disputarle el liderazgo nacional a Guaidó, buscar un nuevo espacio de incidencia que podría estar en la Asamblea o en la Gobernación de Miranda, a través de las elecciones regionales y municipales del próximo año, tras lanzar y atraer a su nuevo partido una cantidad importante de líderes y activistas, entre ellos, muchos de los que le acompañaron en sus campañas previas desde Primero Justicia.

Mientras tanto, María Corina Machado que ha venido creciendo en las encuestas, aunque muy lentamente, tiene una posición muy crítica hacia el resto de los liderazgos, con los que evita siempre asociarse, planteando la intervención de una coalición internacional.

La necesidad de un cambio en la relación con el sector militar

Entre Maduro y el sector militar, cada vez con más poder como grupo, hay una relación de dependencia mutua. Una transición pasa, inexorablemente, por dos condiciones: las garantías que existan para el sector militar y un nivel importante de consenso para tolerar o producir un cambio político.

La relación entre el gobierno interino y el sector militar no permitió nunca la construcción de tales garantías, pese a la propuesta de la Ley de Amnistía y el Estatuto para la Transición; tales iniciativas siempre estuvieron acompañadas de intentos muy precarios por generar la ruptura y la insubordinación entre los mandos militares, como fue el desafío inicial de pasar ayuda humanitaria a través de la frontera con Cúcuta, y las amenazas permanentes sobre una salida de fuerza ejecutada por los Estados Unidos, que ahora, un año después, Elliott Abrams califica como irreal.

Tras el incidente del 30 de abril de 2019, que significó el fin de toda negociación con la cúpula militar, la oposición ha intentado abrir un canal de comunicación directa con los oficiales medios, pero los esfuerzos han sido infructuosos.

Lo cierto es que la Fuerza Armada Nacional, pese a no tener presencia directa en las diferentes mesas de negociación o mediación, ha venido enviando un mensaje, en ocasiones de manera pública como se desprende de las alocuciones del ministro de la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López: la institución armada es la que marca el rumbo.

El reenfoque de las negociaciones

La negociación, directa o asistida (mediación), es un componente clave e imprescindible en cualquier proceso de transición política que pretenda construirse. Su objetivo principal debe centrarse en reducir los costos de salida de quienes están en el poder para afectar a una de las dos variables claves en todo proceso de transición, los costos de tolerancia a un cambio político y los costos de represión para mantener el poder por la fuerza, de cuyo balance depende su viabilidad.

Para los mediadores, es necesario tener una mejor comprensión del contexto y los actores clave en las dinámicas que se desarrollan, tanto en el lado del régimen como en el de la oposición, lo que les permitiría, entre otras cosas, considerar cuáles actores o entidades deberían estar presentes en la mesa de negociación, si se quiere llegar a compromisos y acuerdos que sean ejecutables y sostenibles en el tiempo.

Asimismo, se hace indispensable una mayor sincronía entre lo que sucede en la mesa de negociación y lo que sucede fuera de ella, por ejemplo el caso de la imposición, suspensión o retiro de sanciones, que, sin lugar a dudas, han constituido una de las pocas herramientas de presión y negociación con las que ha contado la oposición. No hay forma de que quienes ejercen el poder lo dejen voluntariamente mientras existan amenazas, como las del sistema judicial americano, allí la única protección real es permanecer en el poder en Venezuela.

Es necesario comprender que las sanciones no son un juego suma-cero, sino uno en el que el régimen tiene capacidad de maniobra, bien porque puede moderar su impacto con la ayuda de aliados internos e internacionales, o porque puede transferir una parte importante de sus costos a la población. Es por ello que la negociación del poder en medio de un contexto que no incluya la presión generada por la movilización interna, que es la estrategia fundamental para impactar la segunda variable (los costo de la represión), no suele ser eficiente al dejar al régimen con otras alternativas distintas a las que se consideran en la mesa de negociación.


¿Salto al vacío institucional?

En el caso de no reconstruirse un acuerdo entre el liderazgo democrático, la oposición terminará, irremediablemente, en una división y fragmentación muy importante que le obliga, casi, a empezar desde cero. La oposición pierde parte importante del apoyo de quienes esperan por un cambio político, e incluso de la comunidad internacional que, ante los conflictos internos y la falta de consenso sobre un liderazgo nacional, podría moderar su posición, limitándose a lo humanitario, a la espera de que sean los venezolanos quienes definan su liderazgo y una ruta viable.

Ante este escenario, el gran debate del lado de Guaidó y de los 27 partidos que le acompañan, es qué hacer de cara al 6D, además de abstenerse. Cómo utilizar la energía de una mayoría de la oposición que hasta ahora se inclina, mayoritariamente, a favor de la abstención, pero que podría perderse si ello no se traduce en una estrategia efectiva.

Se barajan, pero aún sin propuestas ni decisiones que luzcan viables, las alternativas de detener la celebración de la elección y de promover una consulta, pero ambas parecen estar lejos de alcanzar consenso alguno.  A todo evento, uno de los principales obstáculos con los que tropieza toda propuesta de movilización es la ausencia del componente estructural orgánico. Ni los partidos ni la sociedad civil cuentan con estructuras organizadas que permitan estrategias de activismo de base.

El resultado más probable es que a partir del 5 de enero el país quede en uno de sus vacios institucionales más importantes. Sin presidente ni parlamento reconocidos por una parte significativa del mundo democrático, con un gobierno de facto controlando una red institucional que no goza de legitimidad, y un gobierno interino reconocido, también de facto, que mantiene el apoyo de algunos países y el control sobre algunos activos de la República. A ello, se suma una posible crisis de representatividad en la oposición, cuya reversión puede resultar complicada.

El gobierno no puede darse el lujo de que al desconocimento de la presidencia se sume el del parlamento, el reconcimiento de la elección parlamentaria es su prioridad. Por tanto, es previsible que se hagan más concesiones en lo electoral y en otras áreas que permitan intentar legitimar el proceso y a sus protagonistas.

Y esto obliga a la oposición a replantearse sus estrategias con carácter de urgencia.

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