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Bolivia y su lucha por la democracia

Foto: En3Datos

Félix Arellano


Podríamos afirmar que Bolivia representa un laboratorio en materia de transición a la democracia, que ha sido una aspiración nacional, pero en un camino lleno de  obstáculos; al respecto, podemos afirmar que varias generaciones de bolivianos, si bien han participado en procesos de votación popular, no tienen una clara idea sobre el funcionamiento institucional de la democracia.

Entre las limitaciones para la construcción de institucionalidad democrática, destaca el largo periodo en el que gobiernos militares han asumido las riendas del país, en particular, durante los años que van de 1964 a 1982, en el que se calcula en promedio un golpe de Estado militar por año. Ahora bien, no obstante el peso del militarismo y las limitaciones a las libertades, el pueblo boliviano lucha para construir su democracia.

En efecto, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, como los movimientos sindicales y empresariales han asumido el reto. Y si bien desde 1982, las elecciones populares han sido el mecanismo imperante para los cambios de gobierno, no se ha logrado la consolidación de una sólida institucionalidad democrática. En tal sentido, podríamos afirmar que  desde ese año el país ha vivido en una permanente transición a la democracia.

Otro de los obstáculos para la transición a la democracia tiene que ver con la histórica discriminación de los sectores más débiles de la sociedad boliviana, en particular los pueblos indígenas, tema denso por la diversidad de grupos étnicos existentes y su significativo peso demográfico. Algunos calculan aproximadamente 36 lenguas, de diferentes grupos étnicos que llegan a representar más del 50% de la población nacional.  

Aprovechando las ventanas de libertad que se abrieron desde el año 1982, muchos grupos políticos y sociales asumieron el tema de la defensa de los pueblos indígenas como bandera fundamental de lucha. En este contexto se inscribe el caso de Evo Morales, integrante del grupo étnico de los aymara, el segundo más importante de Bolivia, que construye su liderazgo desde el movimiento sindical, llegando a presidir una de las federaciones de productores de coca en la zona de Cochabamba. En su rápida carrera política promueve la creación del Movimiento al Socialismo (MAS), su caballo de batalla para llegar a la presidencia en 2006 y permanecer en el poder por más de una década, hasta noviembre de 2019.

Cabe destacar que en la lucha por el poder, la violencia ha sido para Evo Morales una herramienta importante. Uno de los elementos ilustrativos ha sido la conformación y constante utilización del grupo paramilitar denominado “los ponchos rojos”, para provocar amedrentamiento, y en general ha utilizado una violencia radical, como el cierre de vías de comunicación y la destrucción de infraestructura, para promover inestabilidad política, lo que le ha dado sus frutos, pues con violencia logró la renuncia de dos presidentes constitucionales; la de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003), en medio de una ola de violencia que registró una decena de muertos y, luego, la de Carlos Mesa (2005).

Con prácticas poco democráticas Evo construye su liderazgo y llega a la presidencia (enero 2006), lo que originó grandes expectativas a nivel nacional e internacional, se apreciaba como la oportunidad para superar la deuda histórica de los sectores tradicionalmente excluidos de Bolivia. Durante sus tres periodos presidenciales se logran importantes avances en materia social y económica, pero el autoritarismo, el control de las instituciones, la opacidad en la gestión pública, la corrupción y la exclusión de los críticos, debilitaron sensiblemente el funcionamiento de la democracia.

Entre los avances cabe destacar que hoy Bolivia cuenta con una Constitución que reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y plurinacional del país, con nuevos símbolos, como una bandera; avances que, en alguna medida, reivindican el papel de la población indígena. Pero tales avances fueron empañados al forzar la aprobación de esa Constitución en un cuartel militar en el 2009.

En lo que respecta a la economía, el país ha prosperado, se redujo la pobreza, particularmente en la población indígena, que ha logrado una mayor incorporación en el mercado y un mayor bienestar. Su programa económico promovió una economía abierta, fomentó la iniciativa privada, crecimiento sostenido y baja inflación; lo que ha merecido el reconocimiento de organizaciones financieras internacionales y que algunos definen como “Evonomics”.

Ahora bien, desde que Evo Morales se empecina en una nueva reelección que violentaba el ordenamiento jurídico, la inestabilidad política fue aumentando en el país. Obsesionado realizó diversas maniobras para lograr el objetivo, como la convocatoria a un referéndum consultivo (2017), que perdió con un resultado ajustado, pero que desconoció y siguió maquinando hasta lograr que instituciones genuflexas aprobaran su inscripción electoral.

La complejidad del escrutinio (noviembre 2019) ratificó la soberbia del gobernante; empero, tanto la sociedad civil, los partidos de la oposición democrática, la misión de observación de la OEA y finalmente la posición de las fuerzas policiales y del alto mando de las Fuerzas Armadas, llevaron a lo que se veía inevitable, la presentación de su renuncia y la convocatoria de unas nuevas elecciones.

Tales acontecimientos se inscriben en lo que la literatura política define como una elección detonante (stunning election) lo que fue posible por la capacidad de acción de los sectores sociales y políticos, que junto con el apoyo internacional lograron romper la cohesión del bloque en el poder. Con la juramentación de la parlamentaria Jeanine Añez se inicia formalmente un nuevo proceso de transición, pero la inestabilidad se mantiene y reina la incertidumbre ante el proceso electoral que ha sido postergado en tres oportunidades.

Para la oposición democrática el cambio significa, entre otros, superar la hegemonía autoritaria de Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS), sin desconocer los avances alcanzados. Pero el objetivo de pasar la página del dominio de Evo no es tarea fácil, su carisma, la política de inclusión social de sectores tradicionalmente marginados en Bolivia, en particular los pueblos indígenas. Resulta fundamental para la oposición hacer visible el autoritarismo y la corrupción del modelo y, en ese contexto, Luis Arce, el candidato de Evo en esta contienda electoral, es cómplice por su participación y su silencio. Ahora bien, la fuerza mayor de la oposición radica en su unidad y organización, y en eso está fallando peligrosamente.

En estos momentos la oposición participa en el proceso electoral con 7 candidatos, asumiendo que la primera vuelta que se efectuará el 18 de octubre representa la consulta para definir su candidato único para la segunda vuelta, prevista el 29 de noviembre. Se está menospreciando, entre otros, la fortaleza de Evo y su movimiento, el peso de los sectores rurales para la elección de representantes al órgano legislativo; la comparación que hace el pueblo entre la prosperidad que generó la Evonomics y la crisis que se está enfrentando actualmente, a la que se suma la pandemia del Covid-19. Observando tanto las encuestas, como los resultados de las fracasadas elecciones de noviembre de 2019, el candidato de la unidad debería ser Carlos Mesa, pero otros seis inscritos de la oposición democrática debilitan las perspectivas y pudieran generar un eventual triunfo del candidato del MAS en la primera vuelta. En el caso de ganar el MAS, seguramente se repetirán las versiones de la conspiración de la izquierda internacional, que naturalmente está apoyando a la organización socialista; empero, el  daño lo hace la propia oposición democrática con sus agendas personales, su miopía política, su cortoplacismo y  soberbia.

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