Carta del Director

Editorial

Al igual que el gobierno enfrenta serios problemas para lograr legitimidad en las parlamentarias, la oposición también tendrá sus propias dificultades tanto para justificar el reconocimiento de la continuidad del gobierno interino, como de algún liderazgo referente a partir de enero que insista en el propósito de una transición democrática. Esto obliga  a acordar con urgencia una estrategia común conectada con las expectativas de los ciudadanos.

Benigno Alarcón Deza

Ante el escenario de una elección parlamentaria que le devolvería al Ejecutivo el control de la Asamblea Nacional, las postulaciones del partido oficialista parecieran indicar que el gobierno se prepara para dar al Legislativo un peso específico muy importante a efecto de rebalancear las consecuencias de la deslegitimación de la elección presidencial de 2018.

Este propósito se ve hoy fortalecido por la ausencia de una estrategia unitaria factible y efectiva en torno a la cual cohesionar a la oposición de cara al 6 de Diciembre (6D), lo cual la ha colocado en uno de sus momentos de mayor debilidad en años, lo que significa para todo el país el peor escenario para el rescate de la democracia y el bienestar ciudadano.

De allí la urgencia de reunificación de la oposición alrededor a una estrategia común. Este es el mayor desafío, aun dentro de las visiones muchas veces opuestas sobre el rol que jugaría la movilización electoral. Tal estrategia debe, además, ser capaz de reconectar el mensaje con las expectativas de la sociedad para ser capaz de unirla y movilizarla, lo que hasta ahora no ha logrado el liderazgo democrático desde mediados del año pasado.

La confrontación a superar

Ante la amenaza de una elección parlamentaria que tendría lugar en 80 días, y que para algunos puede traducirse en el fin de Guaidó como referencia, se inicia la carrera por llenar el vacío que, de acuerdo con este cálculo, debería producirse a partir de enero.

Bajo esta lógica,  María Corina Machado y Henrique Capriles, cada quien con posiciones distintas ante el evento electoral, han marcado distancia con Guaidó. La primera con menos impacto al no presentar una propuesta alternativa más allá de la intervención internacional, acción que después de dos años se ve menos factible y creíble.  El segundo, se presenta con una propuesta que resultó disruptiva para el G4 y la mayoría de partidos de oposición que convocan a la abstención para deslegitimar el proceso comicial. Capriles, con algunas concesiones del gobierno, ha postulado candidatos a todas las circunscripciones a través de su partido La Fuerza del Cambio.

La realidad es que las iniciativas de Guaidó y Capriles parecieran tener hoy más debilidades que fortalezas. Ninguna de ellas sirve para detener el avance del régimen hacia la elección del 6D y el control de la Asamblea Nacional que, aunque seguramente no contará con el reconocimiento de la mayoría de los países que hoy desconocen la presidencia de Maduro, tendrá el de aliados como China, Rusia y Turquía, así como de muchos otros que han preferido mantenerse al margen del conflicto.

Una de las debilidades de las “estrategias” de Capriles y Guiadó es que ambas son altamente dependientes del exterior y de la posición que fije la comunidad internacional sobre la elección, y la continuidad y legitimidad del gobierno interino.

En el caso de Guaidó se mantiene la narrativa sobre el desconocimiento de la elección y la prolongación de la Asamblea Nacional de 2015 y del gobierno interino, lo cual depende, en buena medida, de la posición que asuma la comunidad internacional, que posiblemente encontrará difícil reconocer por un lado la continuidad de la actual Asamblea y del gobierno interino, y por el otro, la legitimidad de un proceso electoral que no reúne las condiciones mínimas esenciales. Ello tendría como consecuencia un vacío institucional que dificultará una respuesta coherente por parte de los actores internacionales democráticos. 

A fin de dar fundamento a la continuidad de la actual Asamblea, o al menos al gobierno interino, la oposición liderada por Guaidó evalúa la posibilidad de una consulta popular, partiendo del principio de que la soberanía reside en el pueblo. Pero, como hemos dicho en otras oportunidades,  es un camino frágil, no sólo por las acciones que ante ello tomará el régimen;  sino por el gran  escepticismo de la gente tras la mala experiencia de la consulta de 2017, así como por el miedo a la represión y  la pandemia.  Una consulta popular de impacto requiere una participación masiva que supere holgadamente la que se registre en las parlamentarias, lo que amerita  organización y movilización  con condiciones que permitan su reconocimiento por la comunidad internacional.

En el caso de Capriles, la situación no parece menos complicada. Asumiendo una posición opuesta a la de Guaidó y los partidos que le acompañan, incluido su partido Primero Justicia, ha llamado a la participación electoral y ha postulado candidatos en todas las circunscripciones representadas en la Asamblea Nacional, mientras condiciona la participación final de su partido a que la Unión Europea acepte formalizar una misión de observación como garante de los resultados, entre otras condiciones como el uso de la tinta indeleble, la participación en las diferentes fases de auditorías, la no migración de centros de votación y la eliminación de los puntos rojos.

En cuanto a la primera condición, que es la de mayor peso, la Unión Europea ya respondió que no enviará observadores electorales. Lo hizo a través de una declaración previa de Borrell, y luego por medio del pronunciamiento del Grupo Internacional de Contacto, en cuyo último comunicado se expresa que en la convocatoria del 6D «no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo», y exige que se brinden «garantías electorales de acuerdo con los estándares internacionales y la Constitución de Venezuela».

La situación como se plantea al día de hoy, liquida cualquier posibilidad de que las condiciones demandadas por todos los actores nacionales e internacionales sean posibles ante la elección que el régimen se empeña en sacar adelante el próximo 6 de diciembre. Ante este escenario toca a Capriles la difícil decisión de darse por vencido y retirar a sus postulados de la elección, como había planteado originalmente, o seguir adelante pese a la tendencia abstencionista del elector opositor y de no haberse logrado la observación internacional ni la postergación del proceso.

La posición de la comunidad internacional

La necesidad de una estrategia unitaria se hace más urgente si se considera que la agenda de los actores internacionales va ocupándose con sus propios asuntos derivados del impacto de la pandemia, y menos del problema político venezolano -aunque tenderá a ocuparse de lo humanitario-, sobre todo ante el retroceso en las expectativas sobre la posibilidad de producir una transición democrática en el corto plazo.

Tal moderación de la actuación internacional en el caso venezolano no implica la aceptación del statu quo, tal como resulta evidente de la posición fijada por europeos y  americanos sobre el desconocimiento de la elección parlamentaria programada para el próximo 6 de diciembre, así como de la negativa a enviar observadores, o hacer algún tipo de acompañamiento electoral que pudiese servir al gobierno para barnizar la legitimidad del proceso bajo las condiciones actuales.

Y aunque las conversaciones con quienes representan a la Unión Europea se mantienen, y con ellas las esperanzas sobre la posibilidad de un cambio de condiciones que comenzaría por el aplazamiento de la elección, el gobierno no parece estar dispuesto a renunciar a la ventaja de una coyuntura interna que le luce favorable.

Para Maduro, más allá del objetivo político del desplazamiento de la oposición,  el control de la Asamblea es clave como el órgano legítimo para la aprobación de las leyes, el presupuesto y los acuerdos y contratos internacionales, resulta esencial para adaptar las reglas y dar una garantía mínima a las inversiones de quienes, pese a las sanciones, estén aún dispuestos a correr el riesgo de hacer negocios y emprender iniciativas que le permitan al régimen paliar el efecto de las presiones y bloqueos internacionales, a cambio de una alta rentabilidad.

Tal prioridad del gobierno se evidencia también en la reestructuración del Ministerio del Poder Popular para la Economía y las Finanzas, que incluye un Viceministerio de Políticas Antibloqueo y tres direcciones cuyas denominaciones hablan por sí solas: Dirección General de Registro y Sistematización de Sanciones; Dirección General de Sistemas Logísticos, Financieros y Comerciales Alternos Antibloqueo; y una Dirección General de Articulación Geopolítica Antibloqueo.

El gran problema para Maduro seguirá siendo la falta de legitimidad interna y externa de esa Asamblea electa sin condiciones mínimas y sin observación electoral.

Liderazgo engranado con los ciudadanos

La pérdida del espacio institucional de la Asamblea, no existiendo hoy grandes organizaciones políticas del lado opositor, tiende a aplanar la batalla por el liderazgo, al tiempo que desaparece la idea de un interlocutor único y representativo de la oposición tanto hacia adentro como fuera del país. Es por ello que algunos actores internacionales, por ahora Estados Unidos y la República Checa, considerarían mantener el reconocimiento a Guaidó, como una forma de no retroceder en lo que hasta ahora se ha logrado y evitar la anarquía y el debilitamiento de la oposición. Una consulta popular como la que plantea Guaidó, que parte del principio de que la soberanía reside en el pueblo, evidentemente ayudaría a allanar el camino para que otros países mantuviesen el reconocimiento al gobierno Interino, pero los obstáculos a superar no son menores.

A todo evento, independientemente del número de países que reconozcan a la nueva Asamblea o mantengan el reconocimiento a Guaidó, la división de la oposición está presente, sobre todo entre una facción que podríamos calificar como confrontacional, liderada hoy por el presidente interino, y otra que se inclina por la acumulación progresiva de fuerzas, representada por Capriles, Falcón y los demás partidos que compiten en la elección parlamentaria.

La pregunta es si la elección parlamentaria abona a la estrategia que incluye no sólo las parlamentarias, sino también las regionales y municipales, o si por el contrario deja a quienes participan en una posición de tal debilidad, como consecuencia de los resultados y los cuestionamientos dentro y fuera de Venezuela, que termina cancelando toda posibilidad de ser vistos como referencias de liderazgo por quienes se oponen al régimen. Todo ello en un país que, lamentablemente, podría estar moviéndose hacia posiciones más radicales en la medida que las salidas pacíficas se vuelven cada vez más inverosímiles.

La estrategia unitaria urgente de la oposición implica la reunificación de estas dos facciones en una estrategia común, lo que en el pasado se ha logrado gracias a iniciativas como la Mesa de la Unidad Democrática, que permitió ganar las últimas elecciones parlamentarias. Y ese liderazgo unificado tendría que engranarse con la sociedad civil, con los ciudadanos, que han demostrado ser fundamentales en todo proceso de transición política.