Opinión y análisis

El socialismo del siglo XXI es aplastado por el capitalismo de clientela

Extraído de: Scisco Media

Leonardo Vera

La llamada “Ley Antibloqueo” fue aprobada en forma “express” el 8 de octubre luego que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, declarara la urgencia reglamentaria para su revisión, discusión y aprobación.

En sus aspectos puramente jurídicos la ley ha levantado duras e innumerables críticas, al punto de ser calificada como un texto inconstitucional y violatorio del Estado de derecho. La Ley, aprobada en el marco de 27 decretos ininterrumpidos de emergencia económica y sobre la fórmula de legislar desde el Ejecutivo (anulando las facultades de la Asamblea Nacional); contempla inaplicaciones de normas (incluso incluidas en Leyes Orgánica); permite la celebración de cualquier tipo de contrato, acuerdo o licitación por parte del gobierno sin la necesidad de supervisión y control por otros órganos de los poderes públicos; aprueba manejos de recursos fuera de las partidas del presupuesto público; y además establece un régimen especial de confidencialidad y reserva que oscurece los acuerdos y las contrataciones del Estado.

Si bien la Ley termina siendo un instrumento para ensanchar el poder del régimen político, su alcance es esencialmente económico. La ley es, en lo fundamental, un instrumento que regula las nuevas relaciones que ya se tejen entre el Estado y un grupo de agentes privados nacionales e internacionales, que necesitan oscuridad y más facilidades para ocultar jugosos negocios con el Estado venezolano. Sus dispositivos, de manera intencional o no, están llamados a propagar relaciones de negocios signadas por el privilegio, el favoritismo, y las prácticas opacas que emanan de aquellos lazos que se estrechan entre intereses privados y autoridades públicas, ávidas de evadir el contexto de las sanciones internacionales. En perspectiva, la ley consolida aún más un tipo de régimen económico que se aleja del “llamado socialismo del siglo XXI” y se acerca cada vez más al capitalismo de clientela practicado por regímenes autoritarios y sin control político, en otras partes del mundo.

Este tipo de sistema u orden económico ya ha sido caracterizado antes por notables observadores. El fallecido y nunca bien reconocido economista norteamericano William Baumol, lo denominó “Bad Capitalism” (capitalismo del malo), para contrastarlo con el tipo de sistema de libre empresa que bajo ciertas condiciones de transparencia, libre competencia y buena información, termina convirtiéndose en lo que el mismo Baumol denominó como una “máquina de innovación de libre mercado”.

Para Baumol el protagonista de este tipo de “capitalismo del malo”, es un emprendedor licencioso, disoluto y viciado; lo más distante del capitán de industria o emprendedor schumpeteriano. Este tipo de empresarios no nace con tal naturaleza. Muy por el contrario, sus conductas son adquiridas y promovidas por el contexto institucional en el que se mueven y desarrollan. Así, para Baumol, todas las sociedades tienen un determinado “pool” potencial de emprendedores con ingenio y creatividad para encontrar los cauces que acrecientan su propia riqueza, y prestigio, por lo que la oferta no es el problema, y por ello puede muy bien considerarse dada. La preocupación de los poderes y liderazgos que conducen a las sociedades modernas ha de centrarse en conocer cuáles son los factores que favorecen que la oferta potencial se convierta una oferta real de empresarios productivos, en lugar de improductivos e incluso destructivos.

Desde hace un par de años, forzado por la presión de las sanciones internacionales y asfixiado por la sequía de recursos, Maduro y su círculo de gobierno han ido promoviendo una transición del régimen económico en Venezuela hacia uno de mayores libertades para la iniciativa privada, y en algunos casos de extrañas ventanas de oportunidades para unos pocos favoritos. La idea central es trasladar responsabilidades, antes en manos del poderoso Petroestado, hacia aquellos que estén dispuestos a tomar el riesgo de negociar con el gobierno.

En el camino los que se acercan son aquellos que están decididos a dejar dinero en los bolsillos de la autoridad pública y a asumir mayores riesgos, a cambio de un jugoso retorno de cortísimo plazo. Este tipo de “empresarios” no deja nada en el terreno, sino economías externas negativas. Todo es portátil, efímero, y su habilidad consiste en salirse nomás la perspectiva cambie y se detecte la señal de que el negocio ha concluido y es tiempo de buscar otra mina.

Maduro obtiene dos beneficios de estas alianzas con emprendedores destructivos. Por una parte, puede mover cosas y hacer algunos entregables en la forma de servicios a la sociedad. Por otra, fortalece lazos con sus aliados nacionales e internacionales. Así tiene a militares convertidos en contentos empresarios, a empresas turcas manejando el comercio minero, y operadoras internacionales haciendo trading de petróleo o de comida de baja calidad y con sobreprecios.

La Ley Antibloqueo le sirve a Nicolás Maduro para atender algunas urgencias. La mayor se focaliza en el sector de hidrocarburos. La crisis de combustible no parece darle tregua a su gobierno y la Ley Antibloqueo le permite no sólo levantar restricciones a la comercialización en actividades estratégicas de la economía nacional, sino desaplicar normas que coliden con la posibilidad de darle al sector privado la comercialización internacional, así como distribución y venta nacional. Una ley de 2008 que reserva al Estado venezolano las actividades del suministro y transporte de hidrocarburos sería el mayor obstáculo a desaplicar de un plumazo. Un negocio que permanece sin acuerdos y contratos en manos de uniformados, adquiere una relación más formal si se establece como un contrato o se cede a manos privadas.

Levantar la producción y venta de crudo y generar un flujo de divisas para intentar sobrevivir a la crisis de las finanzas públicas, es otro gran desafío que explica porque la Ley Antibloqueo le otorga al gobierno de Maduro la posibilidad de modificar la propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas sin consulta alguna. Aquí vale recalcar que la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera, comandada por Tarek El Aissami y Asdrubal Chavez, adelantó meses atrás un esquema de reforma donde se plantea, entre muchas otras cosas, ceder participaciones al sector privado en el negocio petrolero local. Un golpe sobre la zona de infarto de los “nacionalistas petroleros” ¿Y quiénes podrán ser los nuevos entrantes? ¿British Petroleum, Statoil, Exxon-Mobil? Con seguridad no son estos, sino más bien empresas de maletín que subcontratan a otras pequeñas empresas de servicios que al final no traerán ninguna tecnología ni progreso, sino maquinaria y equipo de chatarra, como lo vimos y lo vivimos en el caso de la emergencia eléctrica en Venezuela.

Los nuevos entrantes, socios e inversionistas a quienes está dirigida la Ley Antibloqueo podrán además celebrar acuerdos y gozar de cláusulas de protección de inversión, e incluso apelar a mecanismos de solución de controversias internacionales, todos bajo absoluta reserva. El gobierno de Maduro, esperaría con esto atraer inversionistas en áreas críticas donde la inversión pública no existe y donde las empresas tanto como los servicios colapsan. Un experimento de hacia dónde conduce este tipo de atajos podemos verlo al sur del Orinoco. Allí existe una gran empresa pública de explotación y procesamiento de oro (Minerven), cuyos activos han sido saqueados y cuyas funciones han quedado reducidas a las compras que se hacen a pequeñas e improvisadas empresas artesanales para transformar el mineral en lingotes de oro no refinado. Las pequeñas empresas, dirigidas por empresarios literalmente depredadores, se están comiendo 112 mil kilómetros de territorio ecológicamente frágil y biodiverso ante  nuestros ojos. El mayor capital natural del país está siendo devastado sin reparo alguno y al amparo de la viciada legalidad que hoy se impone.

La realidad es que el capitalismo de clientela, en la medida en la que pasa el tiempo, se va haciendo cada vez más oligárquico e infértil. Su esencia no está en la innovación, tampoco en alianzas y acuerdos transparente entre privados y el Estado para mejorar la dotación de bienes públicos y privados. Su esencia está en el aprovechamiento de espacios o nichos exclusivos negociados con el Estado, para sacar el máximo rendimiento de lo que aún existe, en el menor tiempo posible. Como se mueve en un espacio de concesiones especiales, opacidad, escasa y deficiente regulación, el capitalismo de clientela termina reproduciendo grandes desigualdades. La prosperidad de unos pocos en coexistencia con la miseria de muchos.

No se llega allí por obra casual o fortuita de la naturaleza. Cuando se destruyen las instituciones, las reglas de convivencia política y los contrapesos, homo homini lupus. La obra del socialismo del siglo XXI, ha sido romper el contrato social en Venezuela y las relaciones con el mundo, acumulando una ruinosa economía y un Estado frágil y colapsado. En definitiva, el capitalismo de clientela es la obra cumbre del socialismo del siglo XXI.

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