Destacado

La democracia vista desde los servicios públicos

Foto: EFE

Trino Márquez

@trinomarquezc


Navegar por el excelente portal del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), o revisar los datos de Consultores 21 y otras encuestadoras que exploran la realidad socioeconómica del país, produce vértigo. Pensamos que Venezuela fue atrapada no solo por la Covid-19, sino por algo mucho más mortífero: la desidia y corrupción del gobierno.

         Presento algunos datos que resumen el drama de los servicios públicos fundamentales: 86.4% de los hogares no reciben agua de forma regular; en algunas zonas pasan semanas, y hasta meses, sin que el líquido les llegue. 89% de las familias dicen confrontar problemas con la electricidad. El gas distribuido a través de bombonas es el principal combustible: 85% de los hogares señalan tener serias dificultades para abastecerse pues la producción nacional entró en declive; pronto habrá que importarlo. En contrapartida, el consumo de leña para cocinar se ha triplicado en apenas año y medio: al despuntar 2019 las familias que la utilizaban era un 3.5%; cerrando 2020, la cifra se elevó a 12%. En relación con el transporte público, 78% de los venezolanos perciben que el servicio es deficiente y los perjudica; les prolonga la jornada laboral mucho más allá de las ocho horas reglamentarias por día. El precario funcionamiento de Internet, esencial en la era de la revolución informática, afecta negativamente a 83% de los usuarios. Más de 50% de los hogares carecen de acceso a la red.  Las cifras de deserción escolar,  acceso a la salud  y deterioro del medio ambiente, también son alarmantes.

         El socialismo del siglo XXI ha sido un gigantesco fiasco. Pulverizó al Estado social, proyecto que comenzó a gestarse en Venezuela después de la muerte de Juan Vicente Gómez, durante el gobierno del general Eleazar López Contreras. A partir de la desaparición del tirano, se inicia un largo ciclo con la elaboración y ejecución del Programa de Febrero de 1936, y culmina  con la llegada  de Nicolás Maduro a Miraflores, en 2013. Desde el punto de vista legal, los momentos culminantes de ese largo proceso fueron las Constituciones de 1947,  1961 y  1999. Las tres señalaron de forma taxativa las responsabilidades ineludibles e intransferibles del Estado en el área social.

La democracia aparece asociada a la posibilidad de que el sector público promueva la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo, a través del fomento de servicios públicos con acceso universal. Para todos los ciudadanos del país. La democracia tenía que ser política (el origen del gobierno debía fundarse en la voluntad libre de los  ciudadanos) y social (todos los seres humanos podrían disfrutar de servicios públicos de calidad).

En teoría, esta fue la gran aspiración de Acción Democrática, URD, Copei, el MAS y los demás partidos del espectro político. Hasta el PCV podría ser incluido en esa lista. Todas las agrupaciones aspiraban a asumir el control del Gobierno para utilizar los recursos provenientes del petróleo, con la finalidad  de promover el desarrollo incluyente y equitativo. Este ideal, con sus luces y sombras, se alcanzó en buena medida en el lapso que va de 1936 hasta comienzos de los años ochenta, cuando el modelo basado en el uso del petróleo como palanca esencial del crecimiento, comienza a disminuir, hasta terminar colapsando en manos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El Estado social, en su formulación constitucional, necesita contar con abundantes recursos y, especialmente, con personal capacitado para llevar el pulso permanente del funcionamiento de los servicios. Con capacidad de evaluar, mantener, corregir y anticipar. Los jefes del socialismo del siglo XXI creían que bastaba con enunciar un conjunto de derechos sociales en la Constitución del 99, para que esos deseos piadosos se tradujeran en realizaciones prácticas. Acabaron con la gerencia profesionalizada, la meritocracia. Ideologizaron a los funcionarios. Regalaron los servicios sin pensar en los costos de mantenimiento y reposición, norma básica de cualquier gestión administrativa sana. Pensaron que a partir del populismo y la demagogia era posible suministrar servicios cuyo conservación y expansión requieren altas tasas de productividad. El resultado de la desidia y el envilecimiento se manifiesta en la decadencia material del país, que ha llegado a cotas inéditas.

La democracia se eclipsó en el plano político y en el social. El Estado democrático y social, antiguo ideal de la élite  nacional, se derrumbó. Ahora nos encontramos con un Estado fallido, autocrático y, por añadidura, incapaz de proporcionarles a los ciudadanos agua, electricidad, transporte público, seguridad social, educación, salud e Internet. Sólo una minoría puede acceder a estos ‘privilegios’ que en el pasado democrático eran universales.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s