EDITORIAL

Cuando ya estamos entrando en las últimas semanas del 2020, signado por la pandemia Covid-19 y sus severos coletazos económicos, sociales y políticos, tanto en el mundo como en el país; la atención comienza a trasladarse a los escenarios para el 2021, cuando todo indica que en Venezuela el proceso de autocratización seguirá profundizándose y la economía desacelerara su caída, pero seguirá en el foso en medio de una crisis humanitaria que podría prolongarse

Benigno Alarcón Deza

Todo indica que el escenario de una transición política hacia la democracia, ya debilitado durante este complejo año que está por terminar, tendría muy bajas probabilidades, al menos durante el primer semestre de 2021. La profundización de la autocratización, que predecíamos en julio pasado cuando en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB realizó su evento Prospectiva 2020 (segundo semestre), será aún más evidente durante el año que en pocas semanas comenzará.

En los debates que hemos tenido en el Centro de Estudios Políticos y Gobierno UCAB, donde participan especialistas de diferentes áreas, las tendencias resultan poco alentadoras, pues aún cuando se vislumbra que la economía por primera vez en ocho años desacelerara su caída, no es por una reversión de la tendencia sino por una especie de estabilización en el fondo, lo que indica que la dramática situación social, lejos de resolverse, podría continuar empeorando.

Al ver que no hay solución política, y por lo tanto económica, un porcentaje importante de la población encuentra solo dos respuestas posibles: irse del país o adaptarse para sobrevivir.

La crisis humanitaria

Una variable transversal que tendrá impacto en lo social, lo económico, lo político e incluso lo internacional es la evolución de la pandemia del Covid-19 durante los primeros meses del próximo año, tanto en Venezuela como en el exterior.

En lo interno, se sabe que el conteo oficial continúa siendo de una gran opacidad y se sospecha que guarda poca relación con las cifras reales de contagios y víctimas fatales. La flexibilización que se ha venido produciendo durante el último trimestre del año, por razones tanto sociales como económicas y sobre todo políticas, implicarán, inevitablemente, un aumento en la tasa de contagios, no sólo como consecuencia de actos masivos como la elección y la consulta, sino por toda la movilización que habrá implicado la conformación de un escenario de “normalización” que busca, entre otras cosas, reducir la abstención que se derivaría del miedo al contagio.

Una segunda variable en los social está íntimamente vinculada al hecho de que no se vislumbra recuperación de la situación económica en el corto plazo, al tiempo que se continúa produciendo una importante desvalorización del trabajo. La depreciación de la moneda no sólo hace que el dinero pierda valor, sino que también incide en la pérdida de aprecio por el trabajo, toda vez que el salario impide un nivel adquisitivo adecuado. Esto incide sobre el incremento de la pobreza y genera espacios para el conflicto y la proliferación de otras dinámicas menos deseables socialmente, como es el caso del crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y las estrategias derivadas del colapso que se inician con venta de activos y que continúan con la migración interna y externa, así como con el desmembramiento familiar, la prostitución y el tráfico humano, por mencionar algunas actividades que se están multiplicando.

Asimismo, se prevé que continúen las restricciones para el espacio humanitario, en el sentido de que el financiamiento para la ayuda no mejorará con relación a lo que ha sido el presente año, sino que podría ser incluso mucho peor. Se han adelantado diligencias para legalizar el trabajo de organizaciones internacionales en el país, pero hasta ahora el reglamento que se elaboró para respaldar esa iniciativa es muy contradictorio, pues abundan incoherencias en su contenido y no brinda garantías. En consecuencia, no se vislumbra mayor cooperación internacional y la que logre concretarse será muy precaria.

Nueva agenda internacional

En lo internacional, la evolución de la variable Covid-19 tendrá consecuencias en el comportamiento y las prioridades de la comunidad internacional de cara al 2021, que en alguna medida afectarán a Venezuela. Sus efectos se traducen en una importante recesión económica que afecta al mundo entero, así como en un importante deterioro político, que se ha materializado en varias regresiones democráticas que han continuado alimentado una tendencia que preocupa a los estudiosos y activistas de la democracia en todo el mundo.

Asimismo, la competencia geopolítica ha sido feroz, lo que para algunos rememora los tiempos de la Guerra Fría, hoy se presenta bajo un contexto muy distinto y con nuevos instrumentos tecnológicos que se manejan con orientación autoritaria, haciendo uso de la comunicación y la información (y desinformación) de manera intensiva, como ha sucedido con lo que se conoce como la diplomacia de las mascarillas. Con esta, se hace alusión al conflicto entre Estados Unidos y China, así como también entre China y Europa, mientras, Rusia, por su parte, aprovecha estas disputas para ganar espacios y proyección geopolítica, ya no sólo territorial, sino también en escenarios internacionales críticos como Bielorrusia, Armenia, Siria, e incluso Venezuela.

Otra variable que será esencial analizar está relacionada con los ajustes que inevitablemente habrá en los apoyos a una democratización del país, lo que pasa por cambios de política o estrategia que inevitablemente sucederán tras la instalación de un nuevo gobierno en los Estados Unidos, y a partir de allí la coordinación de esfuerzos con Europa y América Latina, así como la posición que asuman los principales actores internacionales tras las elecciones legislativas en Venezuela, su relación con la oposición venezolana, y sus expectativas sobre la posibilidad de concretar un cambio político en el corto o mediano plazo.

Esta situación, al igual que lo descrito en lo social, puede implicar una nueva “normalidad” por su rutinización, dadas las bajas expectativas de cambio, los escasos incentivos para que algunos actores foráneos asuman riesgos, como hicieron en su momento Almagro, Trump o Duque, y la tendencia de los factores internacionales a convivir con estas realidades, siempre y cuando se puedan contener dentro de las fronteras del país en cuestión.

La ilusión económica

El país económico que conocíamos ya no existe luego de casi una década de contracción del PIB, cuatro años de hiperinflación, una disminución drástica de la producción petrolera, y el colapso generalizado de los servicios públicos. La Venezuela actual se parece cada vez menos a los países de América Latina y más a algunos estados fallidos ubicados en el continente africano, incluso en el tamaño de su economía.

Entre las variables económicas para el 2021, continúa presente el fantasma de la hiperinflación, a pesar de que el gobierno ha reducido de manera drástica el gasto público y trata de mantenerla por debajo del 50% mensual, pero con tensiones presentes que la reavivan como ha ocurrido en estas semanas finales de año.

En este marco, puede observarse un sector privado más independiente del Estado, incluso de las divisas públicas, que viene cambiando de manos en la medida en que el sector público se ha empequeñecido al punto de hacerse insignificante como proveedor de bienes y servicios, con consecuencias en la competitividad de los sectores productivos y en el agravamiento de las asimetrías sociales. A la par, ha ocurrido un proceso de desindustrialización, en donde la actividad económica se ha centrado en el comercio y los servicios, más que en manufactura, construcción y banca, por nombrar tres de los sectores que han caído significativamente.

El control de la Asamblea Nacional por parte del gobierno a partir de enero, le permitirá producir aprobaciones legislativas de convenios económicos con países aliados o sus inversores, así como la generación de instrumentos que sirvan para atraer los recursos que el régimen necesita, entregar concesiones, iniciar procesos de privatización de servicios públicos, y continuar con la reconfiguración de una élite económica aliada y burlar el esquema de sanciones.

Como consecuencia de estas tendencias podríamos entrar, también en lo económico, en un escenario de “normalización” o estabilización en el fondo, en el sentido de que durante el 2021 no se va a continuar cayendo en las tasas que se venían experimentando, a lo que contribuye además el proceso de progresiva dolarización financiera, la entrada de nuevos actores en el sector privado y la venta de activos públicos, impulsada a partir de la instalación de la nueva Asamblea e instrumentos como la “Ley Antibloqueo”.

La autocratización política

Durante el primer semestre del 2021 el régimen continuará avanzando en su proceso de autocratización gracias al control de la Asamblea Nacional, la neutralización de la oposición mayoritaria y su sustitución por una nueva “oposición” cooptada. Ello en un contexto algo distinto por los ajustes derivados de un cambio de administración en EE.UU., y una comunidad internacional centrada en el juego suma-cero de la obtención de la vacuna contra el COVID-19 y la reconstrucción de sus economías tras los daños incalculables que deja el 2020.

A estas condiciones que caracterizan el inicio del año 2021 se suma el hecho de un balance sumamente desfavorable entre costos de tolerancia y de represión. Los costos de tolerancia se refieren a los costos que para quienes detentan el poder tiene el tolerar un cambio político que podría tener como desenlace la pérdida del poder y como consecuencia juicios, persecución, prisión o hasta las amenazas contra su propia vida. Mientras mayores son los costos de tolerancia, menor es la probabilidad de que el régimen negocie una salida del poder o permita cualquier cambio que ponga en riesgo el statu quo. Por su parte, los costos de represión se refieren al precio que el régimen está dispuesto a pagar en personas encarceladas, heridos o muertos en marchas reprimidas, en pérdidas económicas, sanciones y presión para mantener el poder.

Los procesos de transición por lo general ocurren cuando se da un balance en el cual los costos de represión, o sea los costos de mantener el poder por la fuerza, son mucho más altos que los costos de tolerancia, o de permitir un cambio político negociado, aún a expensas de perder el poder. En el presente momento, y de cara al 2021, el balance entre costos de tolerancia y represión, que es una de las variables fundamentales para un cambio político, continúa siendo desfavorable a la materialización de un escenario de transición democrática.

Otra variable fundamental que debe ser tomada en consideración en la proyección de posibles escenarios, por el impacto que tiene sobre los costos de represión y su importancia en buena parte de los procesos de transición y su posterior consolidación, es la posición del sector militar. Resultan evidentes las fracturas insalvables entre la élite militar y el actual liderazgo de oposición, así como con el gobierno de Trump. Tocará analizar cómo un cambio de gobierno en los Estados Unidos, así como las iniciativas que se emprendan desde la comunidad internacional, incidirían en la posición de la élite y la corporación militar.

Pero al igual que es predecible una reconfiguración de las políticas norteamericanas hacia Venezuela, también lo es la reconfiguración tanto de la oposición como del gobierno mismo. Tal reconfiguración pasa, además, por las consecuencias que se derivarán de la elección parlamentaria de este año y las de gobernadores, alcaldes, y cuerpos legislativos regionales y municipales en 2021, en las que la competencia electoral se convierte en el escenario para nuevas fracturas, entre actores oficialistas y de oposición que tratarán de posicionarse en estos procesos como los jugadores dominantes de cada lado del tablero político. Al contrario de lo que ha sido el cálculo de algunos analistas, una reducción de la presión externa podría debilitar la cohesión interna del oficialismo, cuyas diferencias podrían exacerbarse a partir del momento en el que la amenaza externa no funcione como factor unificador.

Uno de los retos que confronta el oficialismo es la reconstrucción de sus bases sociales. Una información en la que se ha insistido durante las últimas semanas está relacionada con el reimpulso del estado comunal como una forma de mantener a las bases sociales del chavismos cohesionadas y comprometidas con el proceso, lo cual podría traducirse en una mayor descentralización del control territorial y social, lo que ha permitido reducir la presión sobre el aparato represor del Estado, pero demandaría recursos importantes para reconstruir y mantener una compleja red clientelar.

Un cuadro distinto para la oposición

A partir de la inminente pérdida de la Asamblea Nacional, a la oposición le queda esencialmente la calle, lo que le obliga a centrar su estrategia en las dinámicas de movilización y protesta. En base a ello cabe esperar un inicio de año potencialmente conflictivo a partir de la toma de posesión de los diputados elegidos en diciembre.

A todo evento, la oposición continúa sin contar con una estructura organizativa que le permita mover la calle de manera sostenida, lo que implica que podría haber protestas puntuales, como sucedió entre febrero y marzo de este año, que tenderían a desvanecerse ante la represión y las dificultades de coordinación. Asimismo, como instrumento de desmovilización, el gobierno podría continuar utilizando la cuarentena sanitaria, tal como se hizo para abortar las protestas iniciadas tras el regreso de Guaidó de su gira internacional, el 12 de febrero, con la declaración del Estado de Alerta por la pandemia el pasado 13 de marzo.

Ante la falta de alternativas, aumenta la atención hacia las posibilidades de reabrir un proceso de mediación, posiblemente de mano de los noruegos, a lo cual el gobierno nunca se negará pero que no necesariamente incluye al G4 como contraparte aceptable para el gobierno, ni el cambio político como tema de agenda.

Asimismo, el año que viene es crucial para definir la nueva organización y el rol de la oposición en el mediano y largo plazo, considerando que en este esfuerzo por desplazar y sustituir a la oposición mayoritaria, es predecible que el gobierno haga lo necesario para neutralizar y desaparecer a la oposición liderada por Guaidó y el G4, mientras aumentará la visibilidad y protagonismo de una nueva “oposición” cooptada. Ello podría contemplar su inclusión en cargos en la directiva de la Asamblea y sus comisiones, así como en un nuevo Consejo Nacional Electoral nombrado por la nueva Asamblea, entre otros.

En este sentido, es imperativo que la oposición mayoritaria se redefina bajo un nuevo concepto de “Fuerza Democrática” en la que converjan todos los que actualmente tienen como interés común provocar una transición, para lo que será fundamental la participación de aquellos actores que gozan de mayor confianza y credibilidad, tales como la Iglesia y las universidades, que están en una posición de ventaja para convocar un espacio de construcción de acuerdos.

Finalmente, una de las variables determinantes de la conducta de quienes apoyan a la oposición estará relacionada con las expectativas que compartan quienes se oponen al régimen y aspiran a un cambio político, lo que tendría un impacto directo sobre lo que la oposición puede o no hacer.

Las expectativas de la gente

El apoyo a Maduro se ha mantenido entre 12 y 14 por ciento, mientras la oposición, tal como la conocemos hasta el momento, mantiene un apoyo entre un 25 y 30 por ciento que sigue siendo leal a cualquiera que lidere este sector. El gobierno interino, cuyo rostro visible es Juan Guaidó, es el que mantiene hasta hoy ese porcentaje de apoyo, pero de cara al futuro hay que preguntarse qué sucederá con la oposición: ¿Conservará el apoyo? ¿Se desvanecerá? ¿Qué pasará con su liderazgo? Son algunas de las interrogantes que están latentes de cara al próximo año.

Desde la presentación de Prospectiva 2020 (segundo semestre) no ha habido grandes variaciones en la opinión pública, pero de seguro los habrá a partir de enero del próximo año como consecuencia de los cambios que se derivarán de los eventos antes mencionadas. Destaca el impacto que sobre las expectativas puede generar el 6 de diciembre y la posición que la comunidad internacional asuma frente a la instalación de la nueva Asamblea Nacional.

Una segunda variable que impactará las expectativas de la gente está relacionada con los resultados de la consulta. Una consulta exitosa, con altos niveles de participación, sobre todo presencial, generaría un cambio positivo en las expectativas de la gente, mientras que una consulta con bajos niveles de participación, que se perciba como un fracaso, precipitaría la caída en las expectativas y en el apoyo al actual liderazgo opositor.

La oposición cuenta con un veinticinco por ciento para dar apoyo a quien esté al frente, de manera casi automática. Esta es una tendencia que no pareciera cambiar a lo largo del tiempo, y que va a servir de base para la reconstrucción de cualquier movimiento o estructura que se logre concretar desde la oposición.

Otra tendencia importante que se mantiene es la preferencia por las soluciones electorales, aunque ellas hoy tropiecen con la incredulidad creciente sobre su eficacia. Este dilema puede generar, como ha sucedido con la elección parlamentaria, divisiones importantes, no solo a nivel del liderazgo opositor, sino de las bases sociales de la oposición durante un año que vuelve a ser electoral y donde resultará difícil de conciliar la abstención con la renuncia a espacios como Miranda, Táchira, Zulia, Chacao, Baruta, El Hatillo, entre muchos otros. De estas decisiones va a depender, en buena medida, la unidad o división de la oposición.

Finalmente, una caída de las expectativas tendría como consecuencia el que la gente tienda a aislarse y enfocarse en sus problemas individuales, conformándose cada vez con menos y adaptándose para sobrevivir. Otra respuesta es irse. En este sentido, la disposición a emigrar pareciera estar creciendo nuevamente, por lo que otra tendencia que se presenta de cara al próximo año es la de una nueva ola de emigración que crecerá en la medida que la situación de la pandemia se supere en otros destinos y la gente encuentre maneras de salir del país.