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Repensar el marco para democratizar Venezuela

Ysrrael Camero 

Mientras el régimen de Nicolás Maduro pretende realizar una elección parlamentaria con presos políticos, partidos secuestrados e inhabilitados, la oposición enfrenta la coyuntura, dividida internamente entre quienes decidieron participar en el proceso y quienes promueven un mecanismo alternativo de consulta popular que respalde los esfuerzos de la actual dirección de la Asamblea Nacional.

Ante el cierre del fatídico año 2020, Venezuela parece encontrarse en un punto muerto, con una población empobrecida y desmovilizada, y con una situación política que convierte la idea de “transición a la democracia” en un horizonte muy lejano. Por el contrario, es muy probable que el proceso de autocratización que lidera Nicolás Maduro se consolide a principios de 2021.

Una sociedad que no ha dejado de luchar

La sociedad venezolana no ha dejado de luchar. A lo largo de dos décadas la oposición ha desplegado un repertorio de acciones colectivas para enfrentar la autocratización que Hugo Chávez inició el mismo 2 de febrero de 1999. Se han enfrentado, dentro de los sectores opositores, dos líneas de acción, una de carácter insurreccional y otra de tipo electoral e institucional.

Tras la derrota en el referéndum revocatorio de 2004 se impuso la línea más radical, que pretendió, con la abstención en las elecciones parlamentarias de 2005, deslegitimar al gobierno de Hugo Chávez. Pero la abstención opositora facilitó el proceso de radicalización del chavismo.

Ante el fracaso de la política abstencionista, a partir de las elecciones presidenciales de 2006, se abrió paso al desarrollo de una estrategia de crecimiento, fortaleciendo la coordinación entre las distintas fuerzas políticas, incrementando las redes de organización, haciendo uso de las coyunturas electorales para crecer, social y políticamente, capitalizando los múltiples errores de gestión del chavismo, incrementando la presencia de la oposición en la sociedad.

Por una década esta fue la estrategia dominante de la oposición en Venezuela, incluso en momentos de gran impulso en la movilización de calle, como en 2014, los esfuerzos desembocaban en las coyunturas electorales, donde finalmente se le podía dar expresión institucional a la lucha de la sociedad.

Muy pronto esta estrategia de crecimiento brindó importantes frutos. Se logró derrotar el proyecto de Reforma Constitucional que Hugo Chávez pretendió imponer en 2007. Se constituyó la Mesa de Unidad Democrática para coordinar los esfuerzos de la oposición. Bajo esta dirección se presentaron candidaturas unitarias en las diversas elecciones regionales y municipales, listas unitarias para las parlamentarias de 2010 y 2015, y candidaturas presidenciales unitarias en 2012 y 2013. Elección tras elección se incrementaba la votación de las fuerzas democráticas, hasta desembocar en las elecciones parlamentarias de 2015.

La pérdida de la estrategia y el cierre autoritario

El 6 de diciembre de 2015 la oposición obtuvo el 56,21% de los votos, alcanzando 112 diputados en la nueva Asamblea Nacional, una mayoría absoluta calificada que le permitía, legalmente, ejercer un gran poder institucional. Este fue el punto culminante de la estrategia concebida en 2006. Paradójicamente, a partir de este momento se inició un nuevo retroceso.

Ante la derrota el gobierno de Nicolás Maduro decidió acelerar el cierre autoritario del régimen. Al conocer las dimensiones de la victoria opositora el gobierno hizo uso del aparato judicial para impedir la incorporación de varios diputados de Amazonas. Este fue el inicio de una línea de acciones judiciales para impedirle a la Asamblea Nacional el ejercicio de sus funciones constitucionales. El régimen estaba sufriendo una última metamorfosis autoritaria, se reducía aún más el nivel de competitividad del sistema y el cerco se cerraba contra la oposición.

A pesar de contar con la mayoría calificada de la Asamblea Nacional se presentaron problemas de coordinación estratégica dentro de la oposición. Las pugnas internas por el liderazgo se hicieron recurrentes, así como la disputa por las acciones a seguir para enfrentar la nueva etapa autoritaria. La decisión del gobierno de Maduro de bloquear la realización de un nuevo referéndum en octubre de 2016 generó una amplia frustración.

La disputa por la legitimidad

Las movilizaciones de 2017, que confrontaron con fuerza a Nicolás Maduro, no lograron desestabilizar al gobierno, y tampoco logró la negociación revertir la autocratización. En su política de anular al Parlamento, Nicolás Maduro decidió convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional declaró írrita e inconstitucional dicha convocatoria. A partir de este momento se inicia la disputa por la legitimidad del poder en Venezuela. La Constituyente no solo será considerada inconstitucional por el Parlamento, sino también por una parte de la comunidad internacional democrática.

La Constituyente se convirtió, para Maduro, en un instrumento para bloquear la acción opositora a diversos niveles. No solo le fue útil para anular las funciones del Parlamento, sino que también funcionaba para dificultar la coordinación entre los sectores opositores, en la medida en que las elecciones sucesivas, desde las regionales y municipales, hasta las presidenciales de 2018, fueron convocadas desde esta instancia, lo que inhibía la participación de varios sectores de la oposición.

El gobierno de Nicolás Maduro prosiguió en su proceso de cierre autoritario, desatando persecuciones contra diputados opositores, concejales, dirigentes y líderes disidentes. Se incrementó el número de presos políticos y exiliados. La convocatoria para las elecciones presidenciales de 2018 estuvo marcada por la inhabilitación de líderes opositores y de los partidos políticos para presentar candidaturas. No fueron elecciones competitivas, a pesar de la presencia de otros candidatos.

La reelección de Nicolás Maduro en estas circunstancias tampoco fue reconocida por la Asamblea Nacional, ni por distintos gobiernos de la comunidad internacional democrática. Maduro se iba aislando, y su gobierno finalizaba en enero de 2019.

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