Trino Márquez

La cita electoral del 6-D no resolverá ninguno de los graves problemas económicos, sociales, institucionales y políticos de la nación. El país estará aún más dividido y erizado. El ambiente en el cual transcurrió el proceso previo estuvo  plagado de abusos, atropellos e insolencias. Desde el nombramiento del Consejo Nacional Electoral por el TSJ -que arrolló al Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional- hasta el ventajismo obsceno del gobierno durante la campaña comicial, todos los factores han configurado un cuadro signado por la arbitrariedad: expropiación de los partidos políticos a sus legítimos conductores, inhabilitación de figuras con proyección popular, imposibilidad de adelantar una campaña en condiciones ‘normales’ e invisibilización de la oposición más combativa y frontal.

En la fase final de la contienda, algunos dirigentes oficialistas se han vuelto aún más agresivos que de costumbre. Diosdado Cabello propone abrirles juicio y condenar a los diputados de la actual Asamblea; y, por añadidura, amenaza con quitarles las cajas CLAP a quienes no voten en las parlamentarias. Jorge Rodríguez, más sutil, sugiere dialogar con algunos factores opuestos al gobierno, pero, simultáneamente, también asoma la posibilidad de llevar a los tribunales y a prisión a los actuales representantes populares, electos con casi ocho millones de votos en 2015.

En medio de un cuadro signado por la abstención, las amenazas y las pugnas insalvables, es imposible que la cita comicial sirva para reconciliar  a la nación y abrir las posibilidades de que los graves problemas existentes, comiencen a resolverse. La nueva AN se parecerá mucho a la antigua e inútil asamblea constituyente -presidida primero por Delcy Rodríguez y luego por Cabello- electa por un pequeño grupo de venezolanos en 2017.

Nicolás Maduro se planteó eliminarla, con el propósito de sustituirla  por el control de la Asamblea Nacional, cúpula del Poder Legislativo. El cronograma electoral previsto en la Constitución le permitía ese movimiento táctico. La convocatoria se encuentra prevista para 2020. De ese detalle se aferró para insistir ante la Unión Europea en que la fecha era inamovible, y que de no convocarlas, se estaría violando un mandato constitucional. ¡Cómo si el respeto a la CRBV le importara mucho!  El dominio del Parlamento, además de quitarle de encima ese engorroso adminículo llamado constituyente, le permitiría anular la base política que soporta a Juan Guaidó y a la oposición representada en la mayoría de la actual AN. La  acusada de apátrida y traidora.

El problema que le ha surgido a Maduro es cómo reducir la abstención para que la AN electa el 6-D tenga algún grado de representación y legitimidad significativo. La constituyente fue votada por menos de 20% del electorado. Como se trataba de un órgano  írrito, no había problemas. La comunidad nacional e internacional la desconocieron. Ese desprecio en nada alteró los planes del gobierno. Algo diferente ocurre con la AN. Aquí estamos hablando de una de las ramas del Poder Público, el Legislativo. A Maduro no le resulta sencillo presentarse frente al mundo democrático e incluso, ante sus aliados autoritarios, con unos resultados  que representen apenas la quinta o la cuarta parte del electorado. La vocación hegemónica del madurismo necesita de un cierto maquillaje popular. Las elecciones legislativas no le darán ese tono.

Además de que no poner en juego el destino de Maduro, principal responsable de la tragedia nacional, tampoco representan una solución a las enormes carencias cotidianas que padecen los venezolanos. La gente sabe que seguirá viviendo acosada por la inflación de los alimentos. Que el deterioro de los servicios públicos no se detendrá. Que la electricidad, el agua y el gas domésticos no aparecerán, porque restablecerlos requiere inversiones gigantescas que el gobierno no puede realizar, ni conseguir de organismos financieros internacionales.

El tono de la campaña resulta desconcertante. Los candidatos del régimen hablan como si no hubiesen estado gobernando durante más de dos décadas. Los representantes de la oposición que participan en estas parlamentarias aluden a soluciones mágicas, como si no hubiesen vivido durante los últimos cinco años en Venezuela, período durante el cual la oposición tuvo dos tercios de la AN, pero el régimen -con la intervención del TSJ y de la constituyente- le amputó todas las competencias al órgano legislativo.

 El desprecio por la democracia y el desconocimiento de la dolorosa realidad, transformó la cita electoral en una farsa de la cual la nación saldrá aún más lesionada y fracturada.

          @trinomarquezc