Andrés Cañizález

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Más allá de lo que termine sucediendo con la justicia internacional, en relación con Venezuela, creo que en el futuro cuando examinemos el tiempo presente,  la fecha del 14 de diciembre será emblemática en varios sentidos. Ha sido el día en el cual, por primera vez y de forma categórica, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha señalado la existencia de delitos de lesa humanidad en nuestro país.

Tras dos años de una primera solicitud que hicieran seis Estados del  continente, finalmente ha quedado allanado el camino para que la Corte Penal Internacional active una investigación contra el régimen de Nicolás Maduro,  por crímenes de lesa humanidad.

Los tiempos de la justicia internacional son lentos, los procesos son dilatados, y recién ahora se ven señales que apunten a un establecimiento de responsabilidades en las violaciones a derechos humanos que se han registrado en Venezuela.

Al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno (de Maduro) han cometido los crímenes de lesa humanidad, sostuvo este lunes 14 de diciembre de 2020 la fiscal de la Corte Penal Internacional, la gambiana Fatou Bensouda.

Repito, más allá de lo que termine ocurriendo, ya en sí esta declaración por parte de Bensouda, quien en el pasado mostró cierta simpatía por el chavismo, constituye un punto de inflexión en el cómo la comunidad internacional perciba lo que ocurre en el país.

Se trata de la declaración más categórica de la fiscal en relación a Venezuela, y según las organizaciones de derechos humanos esto termina allanando el camino para enjuiciar al régimen de Maduro. Bensouda sostuvo que la fiscalía encontró patrones de crímenes de lesa humanidad en casos de “encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.

Seguidamente, aclaró que en el curso de la investigación podrían sumarse otros delitos. Es decir, la investigación sobre la existencia de crímenes de lesa en Venezuela, durante el gobierno de Maduro, podrá ampliarse en la medida en que se desarrolle este proceso. No habrá un juicio a la vuelta de la esquina, de hecho, aún no se ha determinado si tal cosa ocurra, pero la activación de la investigación por parte de la Fiscalía constituirá un antes y un después.

En Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad, con el conocimiento o la aquiescencia de las más altas autoridades políticas, militares y judiciales. Eso lo señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Esta organización, con sede en Nueva York,  ha enviado diferentes informes y documentos a lo largo de los años. Tales pronunciamientos son valiosos, sin duda alguna, pero la valoración sobre lo que ocurre en Venezuela cambia de nivel con lo señalado por la fiscal de la Corte Penal Internacional.

HRW, quien bien conoce la situación venezolana, le ha advertido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que esté atenta, porque una estrategia del régimen de Maduro, que controla plenamente al poder judicial, podría buscar atosigar al sistema de La Haya sobre supuestas investigaciones que no tendrían otro fin que dilatar la decisión.

Ya el mes pasado el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, viajaron a La Haya para “brindar información” a la Corte Penal Internacional. Tanto Saab como Ruiz han sido designados en estos cargos por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano ilegítimo, según la comunidad internacional,  dado que no cumplió con los pasos previstos en la constitución vigente.

En septiembre de 2018, en un hecho inédito en la historia de este órgano, seis estados americanos y miembros de la Corte Penal Internacional solicitaron que se abriera una investigación sobre las violaciones masivas y repetidas a los derechos humanos en Venezuela. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú fueron los países que activaron el procedimiento en La Haya.

En septiembre de 2020, en tanto, se dio a conocer el contundente informe de la Misión de Verificación de los Hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019. Este informe elaborado por expertos independientes concluyó que sí existían patrones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El Consejo en Ginebra renovó por dos años más (2020-2022) el mandato de la Misión de Verificación de los Hechos, con lo cual se espera que se generen informes que terminen siendo insumos para la Corte Penal Internacional.

La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021, anunció Bensouda y esto también es una buena noticia. En un plazo razonable de algunos meses se sabrá si esa instancia de justicia internacional avanza para llevar a juicio a los altos jerarcas del gobierno de Maduro, involucrados en las violaciones a los derechos humanos, o si sencillamente se desecha esta opción.

Una larga lista. El órgano internacional enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro, cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

La evaluación de lo que ocurre en Venezuela ya no será igual después de lo que ha sostenido de forma, preliminar aún, la fiscal de la Corte Penal Internacional.