Opinión y análisis

Desdemocratización en Venezuela (II): Un sistema de justicia fallido

Extraído de: Medium

Andrés Cañizález

@infocracia

Con mucha frecuencia la mirada del investigador latinoamericano, interesado en los temas de democracia, se centra de forma casi exclusiva en cómo funciona el sistema político o en el impacto político que tienen las dinámicas económicas de una sociedad.

Para entidades globales como el Banco Mundial, en tanto, cuando se analiza la gobernabilidad democrática en un país no sólo se evalúan las variables netamente políticas, sino que se mira al Estado como un todo. Esa mirada le otorga al sistema de administración de justicia un rol destacado. No podemos hablar de democracia plena cuando el sistema judicial es caótico, corrupto o sencillamente injusto.

No es nuevo el debate en Venezuela sobre el sistema de administración de justicia. Los problemas parecen ser los mismos, sólo que agudizados con el pasar del tiempo. Una justicia que no llega, que no tiene capacidad de dictar decisiones, termina siendo no justicia. La aprobación en 1995 de una Ley Orgánica de Justicia de Paz servía para hacer un balance del sistema judicial.

Un artículo firmado por Carlos Ponce, corredactor de la ley, da cuenta de la situación del poder judicial en Venezuela. El texto se titula “Situación del poder judicial y la justicia de paz”. En 1945 la relación entre número de jueces y número de habitantes en Venezuela era de un juez por cada 3.300 venezolanos, cinco décadas después esa cifra se había abultado a 14.300.

La razón terminaba siendo muy sencilla y reflejaba sin duda una de las herencias negativas del sistema político: en 1995 existía el mismo número de jueces que en 1945. Recordaba Ponce que según la Organización de Naciones Unidas, debe existir un juez por cada 4.000 habitantes para que pueda hablarse de una óptima administración de justicia. Estaba aquella Venezuela, arropada por la erosión democrática, muy lejos del deber ser.

Citando informes del Banco Mundial, que justamente en la década de 1990 impulsaba reformas judiciales en América Latina, Carlos Ponce sostenía que “el sistema judicial en Venezuela está en crisis. Las cortes penales y civiles están enfrentando un panorama serio de acumulaciones, congestión procesal y retardos judiciales con el efecto resultante de la ineficiencia costosa y la deficiente prestación del servicio de administración de justicia”.

En aquel momento, la falta de una administración óptima de los tribunales se reflejaba en procedimientos arcaicos, mecanismos inadecuados de control, duplicación de esfuerzos, malos manejos de archivos, débiles soportes administrativos y logísticos, así como ausencia de estadísticas judiciales confiables.

De acuerdo con Ponce, en aquel 1995,  según las cifras que levantaban los organismos internacionales, el período mínimo para procesar un simple caso civil en los tribunales de Venezuela requería de un promedio de 783 días laborables, aproximadamente 4,4 veces más del tiempo legal establecido; en materia penal se requerían 1.136 días de trabajo para procesar un caso, más de 10,4 veces el tiempo legal.

En líneas gruesas, el poder judicial venezolano sólo daba respuesta a un 14 por ciento de los casos que iban a los tribunales. Todo ello contribuía con un clima de descrédito: apenas un 7 por ciento, según una encuesta de la época citada por Ponce, manifestaba confianza plena en los jueces del país.

La falta de justicia, como sabemos, alimenta la impunidad. Los venezolanos en aquel momento estaban alarmados con la creciente inseguridad. Una cosa terminó alimentando la otra: la falta de aplicación de justicia disparó los niveles de violencia y delincuencia en el país.

Los estudiosos de la comunicación Marcelino Bisbal y Pasquale Nicodemo presentaban en agosto de 1995 los resultados de una encuesta que dividía al país en varias partes. Este estudio de opinión servía de base a explicaciones sobre la configuración de una nueva realidad social en Venezuela y el artículo tenía por título “Frente a la cotidianidad de la gente”.

En las grandes ciudades era notable cómo la inseguridad era el problema de mayor preocupación de los ciudadanos, por encima incluso del alto costo de la vida, estando el país en un proceso de alza inflacionaria, como la que se vivía en el segundo gobierno de Rafael Caldera tras la crisis bancaria.

Uno de los aspectos llamativos de aquellas cifras era la ubicación de la pobreza/marginalidad en esa suerte de ranking de principales preocupaciones del venezolano. En general aparecía bastante rezagada, llegando a ocupar incluso la última posición en diversas regiones entre los 10 principales problemas del país.

De forma unánime los venezolanos reclamaban al Estado que atendiera el problema de inseguridad, que era la preocupación en todas las regiones del país, según este sondeo. Aquello no podría resolverse, entre otras razones, porque el sistema de justicia había colapsado ante la mirada impasible de la clase política.

Referencias:

Bisbal, Marcelo y Nicodemo, Pasquale (1995) “Frente a la cotidianidad de la gente”. En: SIC. Vol. 58. N° 577. pp. 305-308. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Ponce, Carlos (1995) “Situación del Poder Judicial y la justicia de paz”. En: SIC. Vol. 58. N° 577. pp. 294-296. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

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