Tulio Ramírez

El presidente Nicolás Maduro ha anunciado que para el mes de marzo de 2021 debe haber un retorno a las clases presenciales. Esta orden ejecutiva ha provocado reacciones diferentes. Por una parte, están los que se oponen a esta medida por razones sanitarias, argumentando que las escuelas no están en condiciones para recibir a los estudiantes por no garantizar los protocolos de bioseguridad.

Señalan los críticos al retorno inmediato, que los planteles desde mucho antes de la pandemia, adolecían de las mínimas condiciones por la inoperatividad de los servicios sanitarios, falta de agua, electricidad y la inexistencia de planes de mantenimiento de la infraestructura.

Este sector insiste en que la evidente falta de recursos presupuestarios a nivel central, descargará sobre las espaldas de las autoridades y la comunidad educativa de cada escuela, la responsabilidad de gestionar los recursos necesarios para lograr las condiciones para un retorno a la presencialidad.

Sumado a lo anterior, la desconfianza en las cifras de contagios y muertes por COVID-19 que informa el gobierno, potencia el temor de exponer a los hijos a un virus que se considera todavía muy lejos de ser controlado. A esto se agrega la incertidumbre existente por la llagada al país de las vacunas suficientes para proteger a la inmensa mayoría de los venezolanos. El anuncio de la llegada de solo 100 mil vacunas rusas, pareciera no mitigar esta preocupación.

Por otra parte, existe un sector que sin restarle críticas al gobierno sobre la casi inexistente política de mantenimiento de las escuelas, considera que hay que reiniciar la presencialidad lo más pronto posible. Plantean que la experiencia de la educación on line no está dando los resultados esperados en cuanto a calidad y logro de las competencias.

Por supuesto, quienes defienden la idea del retorno a la presencialidad, aducen que debe darse de manera paulatina y no masivamente. Es decir, puede ser un regreso escalonado, con varios días a la semana con clases presenciales y otros de manera virtual. O por turnos, en la mañana para unos grados y en la tarde para otros. Claro está, con todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio.

Revisemos que está pasando en la región. En nuestra vecina Colombia la Secretaria de Educación, Edna Patricia Bonilla, declaró al Diario El Tiempo del 12 de febrero, que para el 15 de ese mismo mes, se iniciaría el proceso de regreso a las clases presenciales en colegios oficiales de manera gradual, progresiva y segura. “Regresar a las aulas es una decisión necesaria para mitigar los impactos de la pandemia en la salud emocional, el desarrollo físico y académico, e incluso en la seguridad de las niñas, niños y jóvenes”, señaló la alta funcionaria.

En Chile, las autoridades educativas aseguraron que para el 1 de marzo de 2021, el 40% de los planteles estarán en condiciones para recibir a los estudiantes a partir de los planes entregados por los mismos establecimientos al organismo ministerial.  El ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró al Diario Pauta que «la mitad de este grupo lo hará en jornada regular y el resto lo hará implementando medias jornadas». Este vocero también afirmó que el 57% de las escuelas rurales tendrán clases presenciales para todos sus estudiantes, todos los días.

En Ecuador, el Diario El Comercio reseña en su edición digital del día 12 de enero de 2021, que la medida de agosto de 2020 que autorizaba a 67 planteles públicos y 12 privados para el retorno presencial a clases, ampliada luego en diciembre a 204 planteles más, está actualmente en revisión tras la confirmación de que la nueva variante del SARS-CoV-2 ya se encuentra en el país. La ministra de Educación, Monserrat Creamer, dijo en entrevista radial que si el peligro aumenta, es posible que se postergue el retorno, el cual estaba previsto para el 18 de enero de 2021.

El ministro de Educación de Argentina, Nicolás Trotta, en declaraciones a TeleSURtv.net del día 11 de febrero de 2021, recalcó que el inicio de clases presenciales previsto para el 17 de febrero, sería un “regreso seguro con protocolos” para prevenir contagios de la Covid-19. “Comenzarán las clases presenciales bajo el concepto de Presencialidad Cuidada”, aseguró.

En el caso de Sao Paolo en Brasil, el Secretario de Educación de esa entidad, Rossieli Soares, manifestó que “más de 4.500 escuelas de todo el estado, abrieron sus puertas con restricciones para recibir hasta un 35 % de sus alumnos, siendo el resto atendido vía educación telemática” (Diario El Comercio de Perú del 8 de febrero de 2021). Mientras tanto el ministro de Educación, Dr. Milton Ribeiro, revocó la orden que obligaba al retorno a clases presenciales en las universidades, debido al repunte de la pandemia.

No es una decisión fácil. No lo ha sido para los países de la región y no lo será para Venezuela. El comportamiento de la pandemia es impredecible, los repuntes están a la orden del día y los procesos de vacunación no tienen la rapidez deseada.

Ahora bien, en el caso venezolano hay una variable que puede complicar el retorno a la presencialidad en las escuelas y no tiene que ver solo con las deplorables condiciones en que se encuentran las mismas, ni por las insuficientes garantías de bioseguridad. Tiene que ver con los miserables y ridículos sueldos de nuestros docentes.

Este aspecto del problema persistirá con independencia de que se logren o no las mejores condiciones para el retorno a las aulas. El solo hecho de que el sueldo de un maestro ni siquiera sea suficiente para pagar el transporte colectivo para llegar a la escuela, constituye en sí mismo un obstáculo para hacer que la tan discutida presencialidad, sea factible y viable.