EDITORIAL

Benigno Alarcón Deza

El gobierno ha venido avanzando conforme al guion escrito por sus estrategas de campaña para generar una matriz de opinión favorable al levantamiento de las sanciones. Pero el establecimiento de penalidades a 19 funcionarios más del régimen por parte de la Unión Europea esta semana sacó de su zona de confort al gobierno que, sin pensárselo mucho y, posiblemente con consecuencias negativas para su propia estrategia, decidió expulsar del país a su representante diplomática.

Con la juramentación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y los anuncios de cambios en la política exterior de ese país, desde el régimen liderado por Maduro se alimentaba la expectativa sobre la posibilidad de establecer un diálogo directo que pudiera llevar a un posible levantamiento de las sanciones. Pero, si bien es cierto que el nuevo gobierno de la potencia norteamericana pareciera no haber definido aún una posición sobre el caso Venezuela, sí hay evidencia del interés de parte de Washington por buscar una solución, no por la vía unilateral como sucedió con Trump, sino más bien bajo una mayor coordinación multilateral.

Al mismo tiempo, la Unión Europea se ha mostrado dispuesta a ser más dura, a aumentar su influencia y asumir un mayor liderazgo en la política exterior en general, pero también hacia Venezuela, como se evidencia de las sanciones impuestas a Rusia y ahora al gobierno venezolano.

Con las medidas anunciadas esta semana por la Comisión de la Unión Europea (UE) en contra de 19 altos funcionarios, que incluye a jueces, políticos y militares, vinculados al proceso electoral del pasado 6 de diciembre y la «violación de derechos fundamentales», para llegar a un total de 55, el tema de las sanciones, contrario a lo que esperaba el régimen tras el cambio de inquilino en La Casa Blanca y la campaña emprendida desde dentro y fuera del país, volvió a tomar fuerza y a enfrentar a quienes aseguran que estas medidas han generado o agravado la crisis económica y humanitaria en el país y a los que insisten en que, por el contrario, la catástrofe nacional ya existía antes de la aplicación de estos mecanismos punitivos que buscan un cambio en la actitud del régimen hacia una apertura democrática.

Para  esta campaña, que busca colocar a todas las sanciones en un mismo paquete para lograr su retiro o al menos su ablandamiento o una pausa que permita al gobierno avanzar en su estrategia, uno de los elementos más útiles para el régimen ha sido el informe reciente de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Dohuan, en el cual se solicita de manera enfática el levantamiento de las sanciones internacionales, por “haber exacerbado las calamidades preexistentes”, generando una crisis económica y humanitaria con un efecto devastador sobre la población.

Siguiendo el mismo guión durante su intervención en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Nicolás Maduro aseguró que Venezuela -gracias a las sanciones- se ha visto privada al acceso a treinta mil millones de dólares que forman parte de los activos de la República en el exterior, lo que habría impedido al gobierno atender los problemas fundamentales de la población.

En este contexto, en el que el gobierno avanzaba en su campaña tomando ventaja del cambio de gobierno en los Estados Unidos, el control de la Asamblea, el inicio del diálogo con sectores seleccionados, y el silencio de la oposición, la decisíón de la UE de aplicar nuevas sanciones fue una respuesta en sentido contrario a lo esperado que, al parecer, habría tomado por sorpresa a la élite gubernamental, que esperaban algo distinto como resultado de una agresiva campaña, a la que comenzaban a sumarse algunos sectores diferentes al gobierno mismo y que, tras estas nuevas sanciones, podrían comenzar a dudar sobre la conveniencia de coincidir con el gobierno en su esfuerzo por generar una matriz de opinión favorable al levantamiento de las sanciones impuestas tanto por los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, México, Suiza, Panamá y los 14 países del Grupo de Lima.

Como respuesta a la decisión europea, la Asamblea ventila públicamente el conflicto con Europa y  demanda declarar “persona non grata” a la representante de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante; para entregar la comunicación oficial a la Embajadora a las pocas horas, así como una nota de protesta a los embajadores de España, Francia, Alemania y Países Bajos. Todas estas acciones fueron perfectamente orquestadas y ejecutadas entre el legislativo y el ejecutivo para enviar un claro mensaje sobre los límites de su tolerancia a las presiones internacionales, lo que no necesariamente se traducirá en una desescalada del conflicto, como se evidencia de la expulsión de Claudia Salerno, jefa de la misión de Venezuela ante el bloque comunitario.

¿Qué se busca con la campaña anti sanciones?

La campaña que en contra de las sanciones internacionales impulsa el gobierno venezolano con nuevos bríos tiene como trasfondo fundamental la variable económica, puesto que se estaría negociando la llegada de inversionistas internacionales interesados en varios proyectos, entre ellos, los relacionados con la industria petrolera, entre otros, para lo cual es necesario el retiro, o al menos la flexibilización de las sanciones, de manera de garantizar cierto margen de seguridad jurídica tanto a inversionistas nacionales como foráneos, sobre todo a aquellos con intereses en otros países que podrían verse afectados, pero que estarían dispuestos a emprender proyectos en Venezuela que requieren de inversiones importante y a largo plazo si no existiese la amenaza de medidas en su contra.

Más allá de que hasta ahora el gobierno ha logrado evadir con cierto éxito las sanciones internacionales, apelando a países aliados como Rusia, Turquía, Irán y China para comerciar con petróleo, gasolina, diésel, oro, alimentos, entre otras cosas; es evidente que está requiriendo de dinero fresco y tecnología que permita generar cierta actividad económica, fundamentalmente en el sector energético, y para ello necesita que sean eliminadas total o parcialmente las sanciones.

El discurso oficialista ha tratado de meter en un mismo saco las sanciones generales e individuales, aunque solo las primeras serían las que han tenido algún nivel de impacto en lo económico y social, mientras que las segundas han afectado, principalmente, a individuos responsables con cargos o vinculaciones al régimen. A ello se suma el hecho de que las sanciones individuales comienzan a extenderse a otros actores que, sin ser parte del régimen, han contribuido al éxito de sus estrategias, participando, por ejemplo, en las pasadas elecciones parlamentarias, lo que podría convertirse en una importante barrera para el avance del gobierno en su estrategia electoral de cara al 2021, pero también para las negociaciones que emprende con otros actores.

Es así como la aparición en este listado de tres rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) generó rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad civil y dirigentes políticos, quienes consideran que esto va a complicar aún más la posibilidad de lograr una directiva del organismo electoral más equilibrada. Se argumenta que, con este precedente, ninguna persona que no sea del oficialismo querrá formar parte del CNE ante la amenaza de ser sancionado internacionalmente.

Las sanciones, que han sido concebidas como medidas de presión encaminadas a modificar la actitud del gobierno ante las demandas para abrir el sistema político, constituyen, sin lugar a dudas, una piedra en el zapato muy dolorosa para el régimen, que la campaña oficialista busca revertir contra los gobiernos que las imponen y contra la misma oposición, como lo demuestra el reciente informe de la relatora especial de las Naciones Unidas que recalca que éstas son las causantes del desastre nacional.

El dilema electoral

En este contexto, el gobierno toma ventaja del control de más del 90% de las curules del Parlamento para avanzar en el nombramiento de nuevos los nuevos rectores del Consejo Nacional Electotral que regirán las próximas elecciones de gobernadores, alcaldes, cuerpos legislativos regionales y municipales, y las presidenciales, cuya probabilidad de que resulte en un organismo más equilibrado se estima en casi cero.

Mientras tanto, los partidos políticos continúan el debate sin lograr definir su estrategia de cara a los próximos comicios. Los más activos en el debate son Voluntad Popular y Primero Justicia. El primero se decanta más por no participar mientras no se logren condiciones de integridad electoral, mientras en Primero Justicia existen divergencias. Otras organizaciones políticas, como la Acción Democrática de Henry Ramos busca rescatar su tarjeta tomando en cuenta que algunos de sus gobernadores y alcaldes quieren intentar la reelección buscando algunas condiciones. En esa misma posición estaría el partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

En medio de las sanciones y las indecisiones de la oposición, la Contraloría anunció el pasado martes la inhabilitación de 28 políticos, incluyendo a Juan Guaidó, quienes no podrían asumir cargos públicos en los próximos 15 años.

La respuesta retaliatoria del gobierno venezolano, de expulsar a la embajadora europea a las pocas horas de anunciarse la lista de las nuevas personas sancionadas, tomó por sorpresa a todos, pero sería aún más sorpresivo y difícil de comprender que el gobierno no reconsiderara su decisión o que estuviese dispuesto a tan siquiera considear la demanda de cerrar la misión europea, una de las principales fuentes de cooperación humanitaria, hecha desde el Parlamento.