Sofía Torres

“Venezuela es el único país del hemisferio, que tiene prácticamente todos los mecanismos de protección internacional activados. Todas las garras del sistema internacional de protección de derechos humanos, están en funcionamiento”.

Así lo aseguró Liliana Ortega, fundadora del Comité de familiares de las víctimas de los sucesos de febrero-marzo de 1989, COFAVIC, en el más reciente Politikafé, foro en línea organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

Ortega se refirió a las últimas acciones promovidas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de Hechos, frente a la gravedad de la situación venezolana. Al respecto, explicó que tanto la ONU como la OEA representan sistemas subsidiarios que entran en funcionamiento cuando “los remedios” o condiciones internas operan de manera deficiente, y aunque no arrojan resultados automáticos, son fundamentales en la búsqueda de soluciones.

“Generaría muchísima frustración poner la solución de una crisis del tamaño de la venezolana, en manos de la oficina de la señora Bachelet, de la Misión de Determinación de Hechos, o de la OEA. Sin embargo, sus actuaciones son complementarias y eso les da una mayor fuerza. Hoy en día, quizás uno de los alcances más importante en el mundo ha sido la globalización desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Diagnósticos

Ortega sostuvo que, de acuerdo al seguimiento que han hecho los organismos multilaterales en materia de derechos humanos a Venezuela, se ha determinado una reducción importante del espacio cívico-democrático, que, además, actualmente tiene un foco dentro del debilitamiento de las jerarquías de trabajo de las personas defensoras de  derechos humanos, pero muy especialmente de las capacidades institucionales de las ONG. “Las ONG y la Iglesia están en la primera fila de atención al ciudadano, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad,  por eso son  el blanco de amenazas, criminalización y hostigamiento. Este es un elemento en el que coinciden la Misión de Determinación de Hechos y  la Oficina de la Alta Comisionada”. 

Igualmente, prosiguió la profesora, se ha establecido que en Venezuela hay una violencia de carácter institucional, con vicios de control social, especialmente en el uso de la fuerza pública como método de control ciudadano. “Un caso reciente abordado por la Alta Comisionada fue el de La Vega, una importante parroquia popular del país, que ha sido castigada muy severamente con procedimientos por parte de la FAES. La Misión de Determinación de Hechos, tiene una investigación muy desarrollada de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, que demuestran lo peligroso y lo letal que son estos mecanismos de seguridad ciudadana”.

Ortega señaló que la Alta Comisionada y la Misión de Determinación de Hechos, coinciden en la destrucción de la institucionalidad en Venezuela, no solamente por la opacidad que hay en el ámbito de los derechos humanos, en la falta de criterio transparente y rendición de cuenta, sino por la situación estructural del Poder Judicial y del resto de los componentes del Poder Ciudadano, que hace que las posibilidades de justicia sean endebles, desde el punto de vista de una justicia con calidad, independiente, transparente, conclusiva, que determine responsabilidades.

Para Ortega la reparación integral de las víctimas y la reconstrucción de la memoria histórica frente al desamparo institucional en el área de los derechos humanos son imprescindibles, no solo para que los hechos no se repitan sino para la recomposición del tejido social en distintos niveles de la sociedad venezolana. “En ese sentido, las organizaciones de derechos humanos y otros actores, están realizando  una muy importante tarea”.

Vea aquí la intervención de Liliana Ortega: