
Polítika UCAB
“En las últimas semanas, la población ha sido sometida a nuevas incertidumbres como el aumento de casos de Covid-19 y un posible desabastecimiento de alimentos y medicinas ante la escasez de diésel”. Así lo asegura el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Benigno Alarcón, su más reciente podcast, grabado en alianza con El Nacional.
Alarcón apunta que la pandemia mundial del Covid-19 llevó a Venezuela a una “mayor caída de la producción nacional, pérdida de empleos, destrucción del sistema educativo y mayor deterioro de la red de salud pública nacional. “Un año después de la llegada del virus al país, el Estado quiere imponer una especie de “normalidad”, pero realmente podríamos estar entrando a una etapa mucho peor por la aparición de la variante brasileña”.
Aunado al incremento de los casos de Covid-19, también se une la amenaza real de la escasez de alimentos y medicinas, como consecuencia de la desaparición del diésel, pero lo que le llama la atención -dice Alarcón- es la “actitud pasiva del gobierno, que es distinta a la asumida ante la escasez de gasolina, cuando buscó resolver por cualquier medio para restablecer el suministro”. El profesor sostiene que lo que se pretende es sumar el diésel a otros sectores ,como vacunas y medicinas, como parte de una campaña para lograr el levantamiento de las sanciones internacionales.
Alarcón argumenta que es “muy poco probable” que se retiren las sanciones debido a que esta es una herramienta de uso común en la política internacional y ha sido el punto de apalancamiento para presionar por una negociación de condiciones que permitan una apertura democrática en Venezuela.
El profesor recordó que el pasado martes se anunció la extensión del lapso de postulaciones para candidatos a rectores del CNE, la prórroga, de acuerdo a analistas está relacionada con una propuesta presentada por la delegación de Noruega, en su visita al país, que persigue evitar que la designación de un nuevo tren directivo del ente comicial se convierta en una traba para futuras negociaciones que apunten hacia un acuerdo integral.
“La realidad es que es poco probable que el gobierno esté dispuesto a perder el control del organismo electoral y resulta muy improbable que permita una equidad de rectores entre la oposición y el oficialismo, porque esto significaba un riesgo trascendental para su supervivencia”.
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