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La diabetes democrática de América Latina

Tomado de Lampadia

Hasler Iglesias

El más reciente informe del Latinobarómetro, publicado en 2018, presentó un diagnóstico preocupante para América Latina: el paulatino declive de los indicadores que revelan un deterioro sistemático y creciente de las democracias de la región; lejos de hallarse evidencias de consolidación democrática se identificó más bien un proceso de desconsolidación. A esto le han puesto el título de diabetes democrática.

Lejos de ser resultados de estudios de opinión, es cada vez más una realidad imposible de ocultar. Chile, uno de los países con mejor desempeño económico de América Latina, sufrió una ola de protestas que se denominaron “estallido social”, entre 2019 y 2020, y que condujeron a un proceso constituyente que todavía se encuentra en proceso. Colombia ha atravesado duros procesos de conflictividad social en 2019, 2020 y 2021, que han minado la confianza en las instituciones y han contrapuesto a la población frente al poder. En El Salvador el fenómeno electoral de Nayib Bukele y sus decisiones, poco ortodoxas, son otro síntoma de esta enfermedad que avanza en toda la región. 

Una región profundamente desigual y con Estados débiles va manifestando cada vez más que lo que desea son gobiernos eficaces, que atiendan a la gente y sus necesidades, y que si cumplen esa condición, está dispuesta a no prestarle demasiada atención a su legitimidad.  

Una de las preguntas más icónicas del Latinobarómetro año a año es la del apoyo a la democracia. En América Latina solo el 48% de la población manifiesta que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Un caso relevante es el de Venezuela donde, luego de años de dictadura,  el 75% de la población manifestó estar de acuerdo con esta posición. Y en el otro extremo, apenas el 28% de la población de El Salvador manifestó estar de acuerdo con esta premisa. 

Años de malos gobiernos, casos de corrupción y tráfico de influencias ocurridos en el marco de la institucionalidad democrática, han desencantado a la población de ese ideal de “un gobierno de la gente, para la gente y por la gente”. Pareciera que la palabra democracia se ha vaciado de contenido y no es más que otra expresión usada por los políticos para alcanzar sus objetivos particulares.

Un porcentaje menor, pero no despreciable de latinoamericanos, manifiesta que “a la gente como uno,  le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”. En toda la región el promedio es de 28%. El caso de El Salvador es impresionante: 54% de la población está de acuerdo con esta afirmación. En Venezuela, donde se han sufrido las calamidades de la dictadura, esta cifra es mucho menor: 14%. 

La reciente decisión de la fracción parlamentaria oficialista de El Salvador, de destituir a todos los magistrados de la Corte Suprema, generó alarmas en toda la región. Se señaló al presidente Nayib Bukele de atentar contra la separación de poderes y desmontar la institucionalidad democrática. Pero a lo interno se levantaron pocas voces críticas. El dirigente salvadoreño “compró” con su abrumadora popularidad esta decisión que, de haber sido tomada en un contexto político más plural, habría sido un detonante de una crisis sin precedentes. Los salvadoreños parecen aceptar decisiones que minen los principios democráticos si estas vienen acompañadas de soluciones tangibles para sus problemas. Ya lo venían respondiendo así desde el 2018. 

Se ha querido separar el binomio eficacia-legitimidad en América Latina. Se piensa que un gobierno eficaz solo es posible si se libera de los límites al poder que requiere una democracia, y del mismo modo se cree que un gobierno legítimo ya tiene su éxito asegurado, aun cuando no sea capaz de ofrecer resultados. Años de elegir entre el menos malo o de conformarnos con lo que tenemos, pueden hacernos pensar que estamos condenados a elegir entre estas dos opciones. ¿Es ser demasiado ambicioso querer un gobierno legítimo y eficaz? ¿Es cosa solo de países “desarrollados”? Sin duda, no. 

El liderazgo juega un papel crucial en esto. Un gobierno de robots que solo ofrezca resultados y no contagie una visión común tendrá una pata coja, y mucho más uno que solo busque generar emociones, pero no sea capaz de hacer realidad absolutamente nada. La eficacia sin legitimidad nos expone a los abusos de poder, a los que todo ser humano es tentado; expone a la población a gobernantes que no toleren la crítica, que conviertan el Estado en un traje a su medida y que los resultados que reciba la población hoy puedan convertirse en la pesadilla del mañana. Por otro lado, gobiernos legítimos e ineficaces son la causa de la diabetes democrática -como lo ha llamado Latinobarómetro- que sufre la región: generan una desafección con el sistema, puesto que los ciudadanos no perciben que se gobierne para ellos. 

Latinobarómetro dice que esto último ha generado un “conjunto de ciudadanos que abandonan lo colectivo para refugiarse en su individualismo, rechazan lo establecido y rompen los esquemas. Son ciudadanos más bien frustrados y desencantados”. Y ni hablar del caso venezolano: un régimen ilegítimo e ineficaz, donde además a los ciudadanos se les han cerrado todos los mecanismos para expresarse. 

América Latina requiere de una renovación de su pacto social. No podemos permitir que seamos forzados a elegir entre legitimidad y eficacia, no podemos caer en la indiferencia de aceptar cualquier sistema de gobierno siempre y cuando mis intereses estén atendidos. La vida en sociedad no es fácil, y mucho menos en sistemas desiguales y tendientes a la corrupción como los nuestros. Pero la alternativa no es seguir perpetuando los ciclos de abusos de poder, casos de corrupción y violaciones de derechos que hemos sufrido por décadas. La diabetes no tiene cura, pero en el caso de su variante democrática en América Latina, podríamos estar a tiempo. 

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